Iván Ljubetic Vargas, historiador del
Centro de Extensión e Investigación
Luis Emilio Recabarren, CEILER
CAPÍTULO
XI: GRATUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Hasta 2015 el financiamiento al estudiante a
través de becas de matrícula y arancel respondía al modelo subsidiario,
concibiéndose como un beneficio focalizado, dirigido a individuos que cumplían
determinados requisitos que los diferencian del conjunto de potenciales
destinatarios.
La entrada en vigencia de la gratuidad
responde a la concepción de la educación como derecho social, respecto del cual
el Estado asume un rol garante, es decir, debe proveerlo directamente –a través
de sus instituciones– y/o asegurar su provisión.
"En 2018 la gratuidad en educación
superior universitaria, técnica y profesional se extenderá al 60% de los
estudiantes más vulnerables". Esa fue la frase con que la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet, anunció -en el marco de su última Cuenta Pública
ante el Congreso, EL 1 de junio de 2017-
el aumento de la cobertura de la gratuidad en estudiantes de educación
superior.
La Mandataria,
destacó que, en el marco de la Reforma Educacional, este año más de 257
mil jóvenes están estudiando con Gratuidad en la educación superior. Esta cifra
representa el 25% de la matrícula de pregrado de todo el sistema, lo que
implica que uno de cada cuatro estudiantes seguirá su formación sin pagar ni
matrícula ni aranceles.
Son 143.637 jóvenes que accedieron este año al
beneficio, de los cuales 91.601 están en el primer año de su carrera, y 52.036
son alumnos de cursos superiores. Ellos se suman a los 113.393 estudiantes que
renovaron y que pertenecen a la primera generación de beneficiarios de esta
política pública, que empezó a implementarse en 2016.
Además del aumento en la cobertura de
gratuidad, Michelle Bachelet añadió otras medidas para educación superior: la
presentación de un proyecto de ley para fortalecer las universidades estatales,
nuevos Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en regiones, y
la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Esto último se hará a través de un proyecto de
ley que "establecerá un sistema de financiamiento estudiantil que
complemente el esfuerzo en gratuidad, la creación de una entidad pública y la
promoción de estándares de calidad en las instituciones que accedan a este
beneficio", detalló la Presidenta.
"Quien quiera echar pie atrás de una
política seria, inclusiva y responsable como es la gratuidad de la educación
superior le va estar dando la espalda a Chile ya las familias chilenas", sentenció la
Mandataria.
El 17 de junio de 2017, la sala de la Cámara
de Diputados terminó por aprobar el Proyecto de Educación Superior, que tras
una extensa jornada, pasó al Senado para cumplir con su segundo trámite legislativo,
tras un año en el Congreso.
El avance de la gratuidad al 60% de los
alumnos más pobres en 2018 fue uno de los puntos que más atención acaparó. Con
62 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, la medida logró superar una
nueva valla, pese al rechazo en masa de los diputados de Chile Vamos, salvo por
las abstenciones de los UDI Pedro Alvarez-Salamanca y Jaime Bellolio. También
votaron en contra los diputados del Frente Amplio.
El Proyecto fue despachado al Senado
