Mayo 16, 2020
Expresamos nuestra profunda preocupación debido a que las medidas adoptadas
por el gobierno, para aminorar los efectos de la crisis sanitaria por el
Covid-19, han fracasado rotundamente. Es evidente que
estas no han dado el resultado que el propio presidente Piñera y el ministro
Mañalich proyectaron con cierta liviandad, manifestando aires de triunfalismo
anticipado.
El gobierno recién ahora ha decretado una cuarentena
obligatoria en casi la totalidad de la Región Metropolitana
y en otras comunas del país, pese a que con varias semanas de anticipación se
lo habían solicitado, con argumentos, diversas autoridades y expertos en la
materia.
Creemos que actuaron con soberbia, de manera
irresponsable, dando señales equívocas sobre un supuesto “control de la
pandemia” expresado en el llamado a la “nueva normalidad”. Eso quedó en
evidencia con su intento de vuelta a las clases, apertura de centros
comerciales, cuarentenas parciales, entre otros llamados fallidos.
Hoy la situación es mucho más extrema y dramática; incluso
con atisbos de descontrol. La lógica capitalista extrema, de privilegiar el
funcionamiento de la economía por sobre la vida y salud de la población, está
causando un daño irreversible a nuestra gente.
Piñera ha desoído señales claras de voces expertas, como
las planteadas por el Colegio Médico el día 16 de marzo en reunión convocada
por su presidenta. En dicha instancia, además de varias
advertencias, entregaron propuestas contundentes; mismas alertas que semana a
semana advertía Espacio Público, con cuidado y tino en sus reportes. También obviaron sistemáticamente las voces de quienes
vivimos día a día la realidad en contacto con la ciudadanía, con el territorio.
Sentir compartido por decenas dirigentes de organizaciones sociales,
trabajadores y trabajadoras, alcaldes y alcaldesas y parlamentarios y
parlamentarias de oposición. No hay sordo más sordo que el que no quiete oír.
Los dineros estatales se están destinado fundamentalmente
a las grandes empresas. A modo de ejemplo, de los US$3.000 millones de dólares
del FOGAPE que van dirigidos a garantizar a los bancos los créditos que
otorgan, se han licitado muy mayoritariamente para créditos para medianas y
grandes empresas. Los pequeños emprendedores Mipymes y personas naturales que
se dedican a diversos emprendimientos, generadores de casi el 50% del empleo,
aún esperan al gobierno y a esos mismos bancos.
Los US$2.400 millones de
dólares que cuesta la suspensión de los pagos provisionales mensuales de
impuesto a la renta llevan la contradicción implícita que beneficia más a los
que les va mejor, incluso a las actividades que con la crisis les ha ido muy
bien, como laboratorios, cadenas de farmacias, supermercados y otros que no han
decaído, como los exportadores de frutas. Todos ellos reciben el beneficio sin
tener déficit alguno. Lo mismo sucede con la exención en el pago de impuestos y
la postergación de los mismos, que nuevamente favorece a los que más tienen. Y
también coexiste el otro Chile, donde
pequeños comerciantes, colectiveros, taxistas, choferes a trato,
artesanos y tantos otros mipymes que se quedaron sin ingresos, o les han disminuidos
ostensiblemente, siguen sin recibir alguna ayuda. De igual manera el bono
COVID-19 y el Ingreso Familiar de Emergencia, que representan una parte muy
menor de los recursos movilizados por el Estado, no son suficientes. No llegan
a cientos de miles de chilenos y chilenas que han quedado sin ingresos y
resultan insuficientes para otros.
Las malas decisiones en
materia de salud y en materia económico-social han complicado aún más el de
suyo complejo manejo de la pandemia y no garantizan que, iniciada esta
cuarentena obligatoria, miles de chilenos y chilenas no salgan de sus hogares.
Si no hay ayuda efectiva y rápida tememos que muchos compatriotas saldrán
legítimamente a buscar los recursos para subsistir, alimentar y abrigar a sus
seres queridos.
Lo repetimos con fuerza una vez más: para la Federación Regionalista
Verde Social, Partido Progresista, Partido Comunista, Izquierda Libertaria, y
para todos y todas los militantes, simpatizantes y fuerzas que comparten esta
preocupación urgente, siempre estará primero la salud y la vida de nuestros
compatriotas. La economía se puede recuperar, antes también lo ha hecho, la
vida humana y la dignidad perdida NO!!
Por tanto, denunciamos que esta lógica en extremo
neoliberal del presidente Piñera, de privilegiar la economía y su rentabilidad,
de aplicar la lógica del chorreo, de cuidar el bolsillo de los suyos, de
mantener a toda costa un modelo fracasado (como el de las AFP), no solo NO la
compartimos, también nos repugna.
Hoy la prensa ha dado luces que algunos partidos de
oposición, los “partidos del orden” y los que últimamente coquetean con el “partido
del orden”, estarían articulando un nuevo acuerdo transversal con el gobierno. Es
evidente que, post pandemia, se vendrá una gravísima crisis social y económica
(y ciertamente continuará la crisis política y social develada con tanta fuerza
en octubre). Estamos convencidos que esta será lamentablemente aún más profunda
por la contumacia del presidente Piñera y sus ministros. Si no hay un cambio
significativo y rotundo en la orientación de las medidas tomadas, ahora, con
urgencia, rápido, que apunten a proteger a los más débiles primero; lo
señalamos sin titubeos: nos será casi imposible formar parte de un
entendimiento de esa naturaleza. No nos podemos hacer responsables de las
previsibles nefastas consecuencias para
la población, resultantes que se ha advertido una y otra vez al presidente y su
gabinete. Con mayor nitidez aún si ese supuesto acuerdo se hace nuevamente solo
entre los partidos políticos y sin la participación de las fuerzas sociales. Nosotros
una vez más estaremos del lado de la ciudadanía.
Hacemos también un llamado
a los medios de comunicación social, en especial a la televisión
abierta, y en particular a la Televisión Nacional de Chile, a que sean
responsables en entregar a la ciudadanía una información plural que recoja
obviamente el mensaje oficial dado por el gobierno y sus parlamentarios y
alcaldes afines, pero también los emplazamos a difundir las voces de expertos y
expertas que disienten y de ediles y congresistas de oposición, quienes hasta
ahora, como el caso del Colegio Médico, han sido mucho más certeros en sus
pronósticos y proyección de la pandemia. También es necesario que escuchen a
una oposición como la nuestra, que, aunque crítica, también ha sido sumamente
responsable y propositiva, por ejemplo, generando propuestas serias y
económicamente viables en relación al reemplazo en el sistema de pensiones, ya
que las actuales AFP nuevamente evidencian su fracaso. .
Ante los gruesos errores del gobierno, solo la pluralidad
en la entrega de la información permite a la ciudadanía protegerse de mejor
manera de los efectos del COVID 19. Solo un ejemplo, días atrás casi en cadena
nacional de televisión abierta, mostraban sonriente al candidato a presidente
de la derecha, alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, promoviendo triunfante la
apertura de un Mall de su comuna. Los expertos gracias a las redes
sociales pudieron manifestar los riegos o de la maniobra de Lavín. Lo cierto es
que las cifras en su comuna se dispararon exponencialmente. El sesgo de los
medios de comunicación también puede influir en la magnitud de esta catástrofe.
Por último, no podemos dejar
de referirnos a la forma como el Estado de Chile, pagará los costos financieros
de esta crisis, máxime si los recursos, como se dijo, se destinan mayormente a
las grandes empresas. Hemos tomado conocimiento que además de las deudas
contraídas por el gobierno y el uso que hace este de los fondos soberanos, el
Banco Central ha abierto con el Fondo Monetario Institucional una línea de
crédito por US$28.700 millones de dólares, la que de usarse endeudará a las
futuras generaciones de chilenos y chilenas. Queremos hacer presente que el
Estado, cuya conducción a tiene hoy el presidente Piñera, tiene facultades
constitucionales desde el minuto que decretó el estado de excepción por catástrofe,
para: “disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio
del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de
carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de
la normalidad” (Art. 43, inciso
tercero de la
Constitución ). Esto quiere decir que, de existir la
voluntad del ejecutivo, podría recuperarse el control, administración y
explotación de nuestras riquezas naturales vía mecanismos constitucionales
existentes, como expropiación y/o nacionalización. No podemos endeudar a las
generaciones futuras, es hoy un deber humanitario y constitucional urgente
satisfacer las necesidades más esenciales de nuestra población.