Al cumplirse 38
años de la Jornada Nacional de Protesta de los días 2 y 3 de Julio de 1986, las
recordamos en el Boletín Rojo, a través de las palabras del Historiador Iván
Ljubetic Vargas.
Dos jóvenes fueron quemados vivos:
Iván Ljubetic Vargas, historiador
del
Centro de Extensión e
Investigación
Luis Emilio Recabarren, CEILER
El 11 de mayo de 1983 se inició en
Chile una nueva etapa de la lucha contra la dictadura fascista. Estuvo
caracterizada por grandes jornadas
nacionales de protesta.
La más potente, masiva y combativa
tuvo lugar los días 2 y 3 de julio de 1986. Fue preparada con bastante tiempo.
El Comando Nacional de Trabajadores se constituyó en uno de los principales impulsores. También participó el
Comité Político Privado.
En Santiago participó el 75% de
las bases del Comando Nacional de Trabajadores; en provincias, el 70%. El paro nacional tuvo sus puntos más firmes en
el carbón, las industrias metalmecánicas, en los puertos de Valparaíso y
Talcahuano; en Huachipato. Fue casi total la paralización del transporte
colectivo de pasajeros y del de carga. Hubo gran participación de
profesionales. En los hospitales la adhesión alcanzó al 90%. El comercio cerró
sus puertas. No funcionaron escuelas y universidades. Los estudiantes
participaron activamente en las acciones.
En ambos días se escuchó un
impresionante concierto de cacerolas. Un
despacho de la agencia EFE señalaba: “Esta vez el caceroleo llegó hasta el
centro de Santiago, junto a la Plaza de Armas”.
La dictadura reaccionó
violentamente. Desató, una vez más el terrorismo de Estado, la más salvaje
represión.
QUEMADOS VIVOS
En la Población Los Nogales, en la
comuna de Estación Central de Santiago, un pequeño grupo de personas estaba preparando una barricada durante la mañana del día 2 de julio de
Los militares rociaron a los dos
jóvenes con gasolina, y les prendieron fuego. Estando ambos en llamas e
inconscientes, miembros de la patrulla los envolvieron en mantas, los cargaron
en un vehículo militar y los condujeron a un camino aislado en las afueras de
Santiago, a más de
Rodrigo Rojas De Negri murió
cuatro días más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Pese a las
quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió Carmen Gloria Quintana en un
62% de su cuerpo, con muchos dientes rotos (estuvo entre la vida y muerte
durante semanas), finalmente sobrevivió. Quintana se sometió a un largo
tratamiento médico en Chile y Canadá, pero todavía tiene cicatrices que la
desfiguran a consecuencia de sus quemaduras.
EL CINISMO DE PINOCHET
Cuando se conoció el ataque,
Augusto Pinochet dejó entrever que Rodrigo Rojas De Negri podría haber llevado
"algo oculto" que se reventó y provocó las quemaduras. "No
quiero pensar mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo
oculto y se reventó", indicó en ese momento el dictador.
El ex conscripto Guzmán desmintió
esta versión y aclaró que "fue un invento del Ejército". Éste ya
había declarado en 2014 que la teoría de las 'bombas BIC' que supuestamente
portaba el joven fotógrafo fue parte de un montaje. "Quiero señalar que lo
de la bomba BIC es totalmente mentira, ya que nunca fue incautada a Rodrigo
Rojas, ya que nunca la portó entre sus ropas, sino que fue un invento del
Ejército para poder justificar dicho actuar", consigna el documento
judicial.
LO QUE LA “JUSTICIA” DICTAMINÓ
ENTONCES
Si bien la prensa oficialista y
las presiones de la dictadura intentaron negar primero los hechos y luego pretendieron mantener la
vigencia de la falsa versión militar, los reclamos desde gobiernos y organismos
de derechos humanos terminó por
judicializar el asunto. Pinochet se vio obligado a designar al juez
Alberto Echavarría Lorca para investigar los hechos. Éste dictaminó el 23 de
julio de 1986:
a) que
Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos el día 2 de
este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos,
reteniéndoseles transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de
la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo
debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de
esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando
posteriormente la muerte del primero;
b) que no
se dispuso lo conveniente para la inmediata atención médica de los afectados,
sino que se les dejó en libertad después de transcurridos unos momentos en un
lugar y en condiciones no propicias para obtener esa atención.
PARA LA JUSTICIA MILITAR: SÓLO
“NEGLIGENTE”
Por esta razón, la resolución del
juez fue dejar en libertad a los militares implicados. Según el informe de
Amnistía Internacional de ese año, los testigos y los abogados de las víctimas
recibieron amenazas de muerte (tres testigos debieron abandonar el país).
Ante las críticas y presiones, un
tribunal militar el 3 de enero de 1991 encontró al oficial Fernández Dittus
“culpable de negligencia”, por negarle asistencia médica a Rojas, pero le
exoneró de cualquier responsabilidad en la incineración de Carmen Gloria Quintana.
Sólo en 1993, la Corte Suprema
condenó a Fernández Dittus a 600 días de prisión por su responsabilidad en la
muerte por quemaduras de Rodrigo Rojas
De Negri y las quemaduras serias recibidas por
Carmen Gloria Quintana. En octubre de 2000 un tribunal ordenó que el
Estado chileno le pagara 251.7 millones de pesos a Quintana (sobre U$ 500,000)
en compensación.
LA REAPERTURA DEL CASO EN 2015
En julio de 2015 el ministro Mario
Carroza dictó siete órdenes de detención en contra de funcionarios militares
involucrados en el caso. La aparición de Fernando Guzmán, como un testigo
clave, quien fue uno de los conscriptos de la patrulla militar, brindó los
antecedentes claves para avanzar en la resolución del caso. 5Dicho conscripto reconoció que, en ese
momento, fue presionado a dar una declaración falsa a la justicia militar.
Los abogados representantes del
programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior señalaron este
mediodía que con la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán se confirma
la existencia de "pactos de silencio" al interior del Ejército. La
declaración de Guzmán dio pie a que ayer el ministro Mario Carroza ordenara la
detención de siete ex oficiales y suboficiales del Ejército por la muerte del
fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y las heridas graves de Carmen Gloria Quintana
tras ser quemados en 1986.
"Hoy podemos señalar que
existen estos pactos y nosotros como organismo encargado de velar por la
justicia transicional, llamamos a todos a quienes suscribieron estos pactos de
silencio a que entreguen la información con el objeto de llegar a la verdad y
justicia que tanto anhelamos", dijo en conferencia de prensa Francisco
Ugás, secretario ejecutivo del programa de Derechos Humanos”.
PACTO DE SILENCIO TAMBIÉN ENTRE
CIVILES
Mintieron y mienten las Fuerzas
Armadas. Pinochet y los altos mandos tomaron todas las medidas para ocultar la
verdad. Tergiversaron los hechos durante 29 años.
Pero ¿acaso no sabían lo que pasó
con estos y otros crímenes los miembros de la UDI y Renovación Nacional que
colaboraron estrechamente con la dictadura?
Es el caso de Francisco Javier
Cuadra que fue Secretario General de Gobierno entre los años 1984 y 1987,
precisamente en el período en que quemados vivos Rodrigo y Carmen Gloria; del
senador UDI Juan Antonio Coloma, miembro del Consejo de Estado de la dictadura
entre 1977 y 1989; de Onofre Jarpa dos
veces ministro del Interior de Pinochet;
el UDI Sergio Fernández, Ministro del Interior y del Trabajo de
Pinochet; de Andrés Chadwick, Joaquín Lavín. Y muchos otros…
