Por Red Digital -02/27/2020
por Manuel Cabieses D.
Los indicios son muy claros:
la derecha (y su coro tras bastidores: sectores de la ex Concertación) preparan
el terreno para una masacre que imponga el orden público.
Más de veinte masacres en
nuestra historia consagran el asesinato múltiple como brutal correctivo cuando
el pueblo se extralimita en sus intentos históricos por sacudirse de la
explotación.
Masacrar no significa ningún trauma moral para la
oligarquía y sus socios políticos.
Derramar sangre indefensa es tarea de las FF.AA. y
Carabineros que cumplen la función de sicarios del sistema. La casta política
se lava las manos. Acribillar al pueblo para imponer el orden público adquiere
contornos de un sagrado deber para los gobiernos de este país.
Ese orden es la piedra angular de la sociedad. La función
de las Fuerzas Armadas y Carabineros es hacerlo respetar cueste lo que cueste.
Así fue ayer. ¿Así será hoy? Es de temer la continuidad de
esta siniestra tradición. No hay antecedentes para suponer que se haya
producido una renovación democrática en la doctrina de los cuerpos armados.
Las llagas de las masacres
cubren de norte a sur el cuerpo plebeyo de Chile.
Algunas fueron masivas como la Escuela Santa María
de Iquique, en 1907. El asesino general Roberto Silva Renard, de maldita
memoria, ordenó ametrallar a más de tres mil obreros, mujeres y niños.
También el siglo pasado -para
no ir más lejos- registra las masacres del Seguro Obrero, 1938, en el gobierno
del liberal Arturo Alessandri; la masacre en las calles de Santiago del 2 y 3
de abril de 1957, en el gobierno del general (r) Carlos Ibáñez; la José María Caro, 1962,
en el gobierno de “los gerentes” de Jorge Alessandri; El Salvador, 1966, y
Pampa Irigoin (Puerto Montt), 1969, en el gobierno del democristiano Eduardo
Frei; y la peor de todas: la masacre permanente de 17 años del general asesino
y ladrón Augusto Pinochet, cuyos partidarios vuelven a exigir la paz de los
cementerios.
El imperio del orden público a
rajatablas es hoy el tema de la casta política y de los medios de comunicación.
Unos y otros acarrean agua para su molino con algunos hechos violentos de
sospechosa inspiración y factura. El gobierno, consciente que se encamina a
derramar más sangre, ha creado un peaje político para compartir
responsabilidades.
Exige que los partidos condenen
la violencia y pidan restablecer el orden público. La “oposición” lo acepta pero
exige a su vez que el gobierno haga uso de sus facultades e imponga el orden
público. En buen castellano y sin eufemismos: existe coincidencia
entre gobierno y “oposición”. Ambos quieren que las FF.AA. y Carabineros
efectúen una operación de escarmiento.
}l objetivo es parar en seco
el proceso insurreccional que han generado la codicia y abusos de los mismos
que maniobran para imponer el orden público manu militari.
La casta política -y la
oligarquía que la prohija- temen que el plebiscito del 26 de abril se escape de
sus manos. Una victoria arrasadora del “apruebo” y de la Convención Constitucional
de 155 miembros elegidos por el pueblo, podría derribar las cortapisas que
condenan la
Constituyente a la esterilidad.
En ese caso se vería amenazado el corazón de la
institucionalidad: el modelo económico neoliberal. Este es el peligro real que
angustia a los dueños y señores del país.
Chile debe prepararse para la eventualidad de una masacre
con el pretexto de restablecer el orden público. Hay que
fortalecer la movilización y las demandas populares. También la autodefensa
ante la represión policial. Hay que recuperar el espíritu unitario y
democrático de la gran marcha del 25 de octubre.
Una oportunidad la ofrece el 8
de marzo, Día Internacional de la
Mujer. Los jóvenes, las mujeres y los trabajadores son la
punta de vanguardia de la protesta social.
Imponer la voluntad del pueblo requiere un arco clasista
muy amplio y democrático. Las exclusiones y dogmatismos son el
cáncer de la unidad que requieren las victorias populares.
El actual proceso de rebeldía
por la dignidad abarca a la mayoría de la población. Allí están también las
bases sociales de la ex Concertación y sobre todo la inmensa mayoría de los
independientes.
El objetivo de este histórico proceso liberador es
democrático y pluriclasista. Exige una Asamblea Constituyente que elabore una
nueva Constitución legitimada por el veredicto del pueblo.
Esta es sin duda la vía que permitirá construir un nuevo
orden social en un país que se ha visto desquiciado por la desigualdad.
Fuente: Punto Final
