DECLARACION
PUBLICA
A LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL
SANTIAGO DE CHILE, 15 DE MAYO DE 2013.
La Comisión Ética Contra la Tortura ante la serie de personas secuestradas
y torturadas recientemente en Chile señala lo siguiente:
1.- Hace un año atrás advertíamos a la opinión pública que el Gobierno de
Piñera al enviar un proyecto de ley con mayores restricciones a las
manifestaciones públicas, con drásticas prohibiciones a los derechos de
reunión, expresión, asociación y manifestación, similar al que establece la
instalación de un Estado de Sitio, iniciaba una espiral represiva cuyo objetivo
central era el control del cuerpo social, su inmovilidad, y la incapacidad de
continuar movilizándose por sus derechos.
2.- Hoy, y aún cuando el Parlamento no ha aprobado dicho proyecto de ley,
el Ministerio del Interior quien tiene bajo su mando el actuar policial,
sencillamente se ha colocado al margen de la Ley y del Estado de Derecho al
permitir el secuestro y torturas de personas. Sin la más mínima voluntad de
investigar los hechos denunciados, el Ministerio del Interior, muy por el
contario, ha salido públicamente a justificar el accionar policial pasando, de
la represión a las marchas públicas y su criminalización, a perseguir directa y singularmente a los manifestantes
usando el secuestro y la tortura para detenerlos sin orden judicial alguna.
3.- Hemos visto con estupor que no se trata de hechos aislados ni de un
equipo policial que actúa al margen de todo mando. Se trata de una acción
diseñada, concertada y ejecutada por agentes del Estado que se saben impunes y
respaldados. En menos de una semana han secuestrado y torturado a un estudiante
del Liceo Barros Borgoño, de 17 años de edad, el día 8 de mayo en Santiago
centro; a un estudiante universitario en Temuco, el mismo día 8 de mayo en el
contexto de la manifestación estudiantil convocada por la CONFECH; a ello se
agrega el secuestro de 3 alumnos menores de edad en las inmediaciones del Liceo
Barros Borgoño el día 9 de mayo en momentos que los estudiantes se juntaban
para ir a los tribunales donde su compañero secuestrado el día anterior sería
formalizado; el día 14 de mayo; también una Observadora de Derechos Humanos fue
secuestrada a plena luz del día, por personas que no se identificaron, que la
golpearon, mostraron fotos de manifestantes y la amenazaron de muerte. A esto
se agrega el reclamo hecho a las autoridades pertinentes por dos Fiscales de
la República por la agresión de que
ellos fueron objetos en el Centro de Justicia de Santiago el 9 de Mayo, por
parte de miembros de fuerzas especiales de Carabineros, en el contexto de la
formalización de los estudiantes detenidos y
las denuncias de torturas que
realizaban públicamente sus compañeros.
4.- Es necesario detener esta situación de lo contrario se avanza peligrosamente
al estrangulamiento de los espacios democráticos. La policía no puede
pasar a llevar a otro poder del Estado
como son los Tribunales de Justicia y la Fiscalía Pública, quienes tienen como
mandato investigar los delitos, aplicar
las leyes y las sanciones contempladas para las personas que comenten algún
delito. De ningún modo el poder ejecutivo ni policía alguna tiene atribuciones
para secuestrar y menos torturar a las personas, y en el caso de los menores de
edad existe la obligación de comunicar en el plazo más breve y de manera
imperativa la detención a sus padres.
5.- Es necesario recordar al Gobierno, y especialmente al Ministerio del
Interior y a las instituciones policiales, que la prohibición absoluta de
torturar en nuestro país tiene vigencia desde fines de la década de los 80. Y
que desde hace más de 3 años el Estado de Chile se comprometió ante Naciones
Unidas a generar el Mecanismo Nacional que investigue todo acto de tortura
atendiendo a las obligaciones que se derivan de la ratificación por parte de
Chile del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la
Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
6.- Por todo lo anterior llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos
a colocar la atención sobre las personas que han sido objeto de secuestro y
torturas, y a las secuelas y el daño que se les ha causado; a solicitar a los
Tribunales de Justicia una investigación exhaustiva, que logre identificar a
los agentes del Estado que han actuado en estos hechos y a los mandos que han
ordenado estas acciones. Exigir a quien corresponda sancionar debidamente el delito de tortura,
de acuerdo a la tipificación que hace la Convención Internacional que Chile ha
firmado y ratificado. De nuestra parte enviaremos estos antecedentes a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización Mundial Contra
la Tortura (OMCT), y no descartamos pedir medidas cautelares ante esto
organismos para dar mayor seguridad a los defensores de derechos humanos en
Chile.
7.- Finalmente, llamamos a las ciudadanas y los ciudadanos movilizados por
sus derechos a organizarse para estrechar los lazos de solidaridad al interior
de sus organizaciones y fomentar el autocuidado de sus miembros. Instamos al
Parlamento y especialmente a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas
cámaras a investigar e interpelar al Ministro del Interior y a los Directores
de ambas policías. Convocamos a las organizaciones de defensa y promoción de
los derechos humanos a informar a las diferentes organizaciones sociales sobre
esta grave situación a fin que expresen su más rotundo rechazo a la tortura.
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
