Discurso de la Presidenta de la CUT Bárbara Figueroa en acto del Primero de Mayo

“Quiero, en primer lugar, saludar la contundente y amplia participación de todos y todas en este Primero de Mayo.

“Saludar y reconocer la participación de los trabajadores del sector público (de la salud, fiscales, municipales, asistentes de la educación, funcionarios de Universidades y a mis colegas, los profesores), a los trabajadores del sector privado (del retail, de supermercados, del comercio en general, del transporte terrestre y aéreo; a los trabajadores de servicio: seguridad, aseo, de isapres y afp´s), el mundo de trabajadores informales o independientes que desarrollaron hace poco su congreso mundial en nuestro país, a los trabajadores discapacitados, las mujeres trabajadoras, aquellas jefas de hogar, a los trabajadores del mundo de la cultura, del campo. Saludar por cierto, a los miles de trabajadores del mundo del subcontrato.

“Quiero saludar también la asistencia de los estudiantes, de los futuros trabajadores y de quienes deben esforzarse el doble estudiando y trabajando. También a los profesionales jóvenes y los cesantes ilustrados; los académicos y los trabajadores no calificados, las trabajadoras de casa particular y en domicilio, por cuenta propia y el micro y pequeño empresario que con esfuerzo lucha día a día por sacar adelante su fuente de ingreso.

“Reconocer también a los trabajadores pasivos, los que tras años de entrega deben vivir el peso de retirarse del mundo laboral con pensiones de miseria o que postergan su necesario y justo descanso para permitirse una vida en mejores condiciones.

“Saludar con especial afecto a los dirigentes y organizaciones de las otras centrales sindicales que nos acompañan y a aquellos que no perteneciendo a ninguna, se han sentido llamados a ser parte de esa jornada. Todos sean bienvenidos.

“Nuestra intervención no puede comenzar sin hacer un homenaje a nuestros dirigentes sindicales, homenaje que representamos en la figura de un joven dirigente sindical, presidente de uno de los sindicatos de Asexma, asesinado en su lugar de trabajo. Nuestras primeras palabras son para Juan Pablo Jiménez,  su familia y  la urgencia de justicia plena ante un hecho de tal gravedad, injustamente incomprendido en sus inicios y que hasta el día de hoy clama por verdad.

“Conmemoramos este Día Internacional de los Trabajadores enfrentados a una coyuntura especial. No estamos ante un hito más, sino que la conmemoración de este 1º de mayo está inserta en el marco de las luchas sociales y sindicales que han acelerado un nuevo tiempo para nuestro país. Dignificamos nuestro día y los desafíos del mundo trabajador, al calor de un Chile que ha perdido el temor a expresarse y que reconoce en el ejercicio de la calle un espacio innegable para expresar sus justas y urgentes reivindicaciones.

Somos herederos de una transición pactada que ha llegado a su fin. ¡Hoy se abre para nuestra patria un nuevo ciclo, caracterizado por la urgencia de cambios sustantivos que nos permitan avanzar hacia una democracia plena y un Chile más justo e igualitario!

La conmoción y agitación social son parte de este nuevo momento, pero no lo único. Junto con la expresión diversa y convergente en las calles, se avanza en propuestas y demandas cada vez más precisas por parte de los actores sociales. No estamos solo frente a la movilización como expresión de agobio, sino que también ante las propuestas de cada sector y por esto se convocan a grandes mayorías sociales y políticas.

No se trata de la movilización como fin sino como instrumento, expresión gráfica del cansancio de un pueblo frente a políticas de Estado que por décadas se ha focalizado en los sectores más empobrecidos, abandonando a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, trabajadores y trabajadoras, al negar derechos fundamentales como salud o educación, obligándolos a asumir un sistema de pensiones indigno o sometiéndolos a un mercado del trabajo cada vez más precario, inestable y con altas tasas de abusos, acoso laboral y prácticas antisindicales.

La política del Estado focalizada en los más vulnerables ha tocado fondo, pues mientras se buscaban los mecanismos para garantizar subsidios y políticas asistencialistas que supuestamente permitirían superar la pobreza; se dejaba en la indefensión a la inmensa mayoría de los chilenos que, por tener trabajo o ingresos, son entregados a las leyes del mercado, donde los intereses de los empresarios y su afán de lucro solo garantizan acceso a los derechos fundamentales a costa del endeudamiento. ¿Qué persona que acredite ingresos hoy puede acceder a beneficios estatales, si por tener ingresos la ficha de protección social nos impone el rótulo de clase media o un puntaje superior a los 10.000?

Tras décadas de temor a la ingobernabilidad o la vuelta a la dictadura, producto de la negativa de las autoridades de hacer verdad y justicia plena, hoy se clausura una etapa de miedos que inaugura el tiempo de la expresión social y los cambios. ¡En nuestro caso, decretamos que este es el tiempo de los trabajadores!

Iniciamos una nueva etapa llena de desafíos y responsabilidades, tomando fuerza de lo acumulado en luchas y capacidades durante años. El paro del 13 de agosto del 2003, la movilización del subcontrato el 2007, la gran movilización del sector público que logró un 10% de reajuste, las manifestaciones por la negociación del sueldo mínimo y la jornada del 24 y 25 de agosto del año 2011, nos han permitido acumular fuerzas y condiciones para este momento.

Por eso no extraña que en estos 4 meses del 2013 se produjeron sendas e históricas movilizaciones: en los puertos, con una solidaridad digna de reconocimiento y ejemplo; en el Cobre, con la unidad de los trabajadores de la minería pública y privada; de los trabajadores forestales como un paro de 24 horas en marzo; en el ámbito de la educación con la masiva y contundente movilización del 11 de abril, pero también con paros de Integra y de Ajunji; en el mundo del subcontrato de la mano de la CTC, pero también de los trabajadores de Movistar, que pese a no estar en movilización, ya se encuentran en alerta por las posibles mermas en sus derechos; o  en el mundo de la cultura y las artes, con la huelga de los trabajadores del Teatro Municipal de Santiago;  y en los medios de comunicación con la histórica huelga de los trabajadores de Radio ADN, ante un holding que hace abuso del multirut, o el sindicato Concha y Toro que votó la huelga el domingo pasado.

Hacemos un reconocimiento especial para los trabajadores de la mina Isla Riesco, en Magallanes, que han sostenido su movilización por 16 días absolutamente invisibilizada por los medios y donde el grupo económico Angelini se niega a dar solución al conflicto.

¡Estamos en nuestro tiempo y en este camino no hay vuelta atrás!

La voz de los trabajadores se expresa con fuerza y unidad, dando muestras de que, pese a las legítimas diferencias que tenemos, eso no es obstáculo para avanzar en nuestras luchas, reivindicar el rol del movimiento sindical en los nuevos tiempos y ser actores que ayuden a los procesos de convergencia y unidad social.

Esta unidad no tiene una única expresión ni forma, sino que se consolida en un horizonte compartido y en las calles, se construye desde la confianza y sin imposición. La unidad como expresión nítida de las urgencias por transformaciones que todos anhelamos.

Pero este tiempo de gran potencial que se inaugura, tiene su contraparte y resistencias. Las acciones desde el Gobierno así lo demuestran: incapacidad de diálogo, violación de convenios internacionales, presión sobre el parlamento y represión a los conflictos y movilizaciones, y hoy, en su cara más dramática, adulteración de datos y estadísticas con tal de mostrarle al mundo una falsa realidad país que pone en tela de juicio todo lo hecho o dicho por este Gobierno.

Se culpa a los actores sociales de afectar la credibilidad de las instituciones y hoy queda claro que el daño a la credibilidad lo ha hecho el Gobierno: al no sacar de su cargo al Director del SII, al permitir la impunidad en el fraude de La Polar, al insistir que el lucro no existe en la educación pese a los antecedentes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, tozudez que les costó la destitución por la vía de una acusación constitucional al Ministro Beyer; o al manipular los datos de encuestas como la Casen o la falta de rigurosidad en el desarrollo del Censo, que traen consigo un impacto directo en las políticas sociales. Al calcular con instrumentos y metodologías obsoletas el IPC y tratar hacernos creer que con 205.000 de sueldo mínimo estamos superando la pobreza, cuando uno de los factores principales para su cálculo es precisamente el IPC acumulado, hoy en tela de juicio.

Sin embargo, pese al cúmulo de antecedentes que pesan sobre el actual gobierno, ha logrado imponer parte de su agenda y con todo avanzar en sus políticas de mercado; demostrando que aún cuando la ciudadanía se tome las calles, esto no logra ser suficiente para detener la ofensiva privatizadora del modelo, la que hoy se pretende consolidar, tal como ocurriera en educación, en el ámbito de la salud y la administración centralizada y descentralizada del Estado o en el ámbito de las empresas estratégicas para el país, donde hemos sido testigos de la intención de entregar a privados no sólo empresas como Codelco y Enap, sino también la explotación del Litio.

¡No está garantizado que los cambios transiten en la dirección que anhelamos! ¡El futuro de la nación está en disputa, entre quienes quieren perpetuar las ganancias para unos pocos a costa de la explotación de las grandes mayorías y la venta de derechos y quienes estamos por un Chile más justo y democrático, con educación pública gratuita y de calidad, con un sistema de salud que garantice a todos el derecho a ésta, con respeto al medio ambiente y políticas de desarrollo sustentable, con un sistema de pensiones de carácter solidario y donde los trabajadores y trabajadoras seamos reconocidos en nuestro valor y dignidad!

Nuestro país vive sobre una profunda y vergonzosa desigualdad. Ha quedado claro que es insostenible mantener y profundizar un modelo de desarrollo que da cuenta de altos índices de crecimiento económico, pero con nula expresión en la inmensa mayoría de los chilenos. Mientras desde el Gobierno se vanaglorian con un crecimiento del 5% y descaradamente hablan de pleno empleo, los trabajadores y trabajadoras chilenos vivimos en una precariedad mayor.

Según la última encuesta CASEN, en Chile la línea de la pobreza corresponde a $72.000 de ingreso mensual, cerca de un décimo del ingreso per cápita, más de 2,4 millones de chilenos son pobres y uno de cada cuatro niños vive bajo la pobreza.

Si estas cifras nos golpean, más dramático es corroborar que de este universo de pobres, al menos 497 mil son trabajadores. Es decir, personas que poseen trabajo pero habitan hogares pobres, de los cuales 62 mil son trabajadores indigentes. En 2 de cada 3 hogares pobres hay trabajo y el 81% de ese trabajo es asalariado. Conclusión: NO basta tener empleo para salir de la pobreza.

Según los datos del Gobierno, se han creado cerca de 800.000 empleos. Sin embargo, sobre el 70% de éste corresponde a empleo externalizado (subcontrato, suministros, enganche temporal), lo que aumenta la probabilidad de bajos salarios, reduce la perspectiva de tener empleo protegido, reduce notoriamente la probabilidad de participar en organizaciones sindicales y aumenta la posibilidad de ser un subempleado. Es decir, constituyen una condición clara de mayor precariedad laboral.

Las cifras expuestas demuestran con datos concretos la realidad de nuestro país, aquella que no se ve tras los índices de crecimiento. ¿Puede un país como el nuestro, que se dice en vías de desarrollo, seguir sosteniendo estos niveles de precariedad laboral y desigualdad? A nuestro juicio, este es el gran tema del que Chile debe hacerse cargo.

Si a ello sumamos la realidad de los trabajadores sin contrato, podemos ver que los asalariados sin contrato llegan a 1.065.156 personas, que representan al 18,7% del total de asalariados del país.

Por ello, como Central Unitaria de Trabajadores, no podemos concordar con el Gobierno cuando se sostiene que Chile avanza al Pleno empleo. Es inmoral vender una imagen país que está lejos de corresponder con la realidad. La verdad del trabajo en Chile es que mientras más empleos se crean, éstos son cada vez más precarios, sin protección, sin estabilidad y con salarios cada vez menores.

Un Estado focalizado en los más pobres es un Estado que nunca podrá superar la desigualdad. Se agotó la política de bonos y subsidios, es el tiempo de devolver el poder a los sindicatos para luchar por sus derechos.

¡Ya no es posible seguir esperando por los grandes cambios en materia laboral!

Nuestro país requiere urgentemente una Nueva institucionalidad laboral, que abarque tanto al mundo público como privado y que, además de nuevas leyes y nuevo código del trabajo, establezca un nuevo trato con los trabajadores y trabajadoras.

Esta nueva institucionalidad debe contemplar que instrumentos como la Dirección del Trabajo sean herramientas del Estado para defender al más débil en la relación laboral de los abusos y arbitrariedades de los empleadores y no solo como una instancia de mediación frente a los conflictos, donde finalmente se termina favoreciendo a los empleadores.

Se necesita un nuevo modelo de negociación colectiva que garantice a todos los trabajadores el derecho a negociar; que reconozca la negociación interempresas, sectorial o ramal y que favorezca la creación de un sindicato por empresa; que valide al sindicato como único instrumento negociador y que garantice que los beneficios ganados por éste solo serán efectivos para quienes sean parte de la organización sindical, donde el piso de negociación sea lo obtenido en el último proceso y no partir cada vez de cero; que nos devuelva el derecho a huelga, hoy imputable solo en los marcos de la negociación colectiva, vulnerando con ello todos los convenios y recomendaciones internacionales; que obligue a las empresas o empleadores a asumir como una tarea conjunta la capacitación y formación continua de los trabajadores, que resguarde la seguridad laboral evitando así las altas tasas de accidentes del trabajo que hoy se esconden productos de los mayores costos que significan para el empleador. Que haga cumplir de una vez por todas, la ley de igualdad salarial existente y tenga como atención preferente el cuidado infantil y la protección a la maternidad.

El primer paso en la construcción de una Nueva Institucionalidad Laboral debe ser el reconocimiento y cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por Chile, lo que implica adaptar la normativa chilena para su aplicación y ratificar aquellos convenios que han sido suscritos por Chile pero que han quedado relegados por el ejecutivo como el convenio 189 que regula las condiciones para las trabajadoras de casa particular.

La legislación laboral debe encargarse de poner las partes en igualdad, protegiendo y dotando de mecanismos a la parte más débil de la relación laboral como son los trabajadores.

Se requiere proteger la libertad sindical, imponiendo sanciones ejemplares a quienes despidan o practiquen acciones contra los sindicales y recuperar y fortalecer el fuero sindical evitando las maniobras legales contra los dirigentes.

Tan importante como avanzar hacia una nueva institucionalidad laboral es avanzar hacia un nuevo sistema de pensiones, de carácter público, con aporte compartido entre trabajador y empleador, con garantía estatal, sin lucro y con una lógica de reparto solidario y no de capitalización individual. Un sistema nacional que recaude, invierta y pague pensiones y donde declarar la cotización y no pagarla sea motivo de cárcel y no solo de multa. En definitiva, no queremos más sistema de AFP para los trabajadores y trabajadoras Chilenas.

Chile requiere, además, una gran y profunda reforma tributaria que permita que lo que  garantizará una nueva Constitución construida en democracia, pueda ser financiado con la mayor tributación a quienes más ganan. Una reforma tributaria que le permita al Estado de Chile fomentar el desarrollo sustentable, creando incentivos para que las empresas no contaminen y a la vez, grabar con más carga impositiva a aquellas que dañen el medio ambiente, una reforma tributaria con equidad territorial, que evite la excesiva concentración geográfica de los impuestos, dejando un porcentaje de éstos en las regiones donde se ubican las empresas productivas.

Una reforma que evite la evasión de impuestos, donde las empresas tributen en base a las utilidades obtenidas y devengadas y solo por las utilidades retenidas.

Ya lo decíamos, pese a la agitación social no está garantizado un camino de triunfo para las demandas sociales, por ello como CUT asumimos las propuestas emanadas desde los actores sociales, pero también nos imponemos el desafío de recuperar nuestro rol histórico y ser actores protagónicos de los nuevos tiempos que enfrentamos, por eso nos disponemos a incidir en el escenario nacional y asumimos estas tres grandes banderas para el período: Reforma Tributaria, Nuevo sistema de pensiones y una Nueva Institucionalidad Laboral.

No nos hemos propuesto un camino sencillo, estamos proponiéndole a Chile que se atreva a debatir sobre los pilares principales que han permitido que este modelo de mercado exista y se desarrolle. Pero lo hacemos convencidos que es urgente y necesario  avanzar en estas transformaciones por el bien de Chile y de su clase trabajadora, porque tras todos nuestros postulados está el legítimo derecho que tenemos de aspirar a una vida más digna, con empleo de calidad, protegido, justamente remunerado y con libertades sindicales garantizadas. Chile puede y debe ser más justo y los trabajadores, que somos motor de las riquezas, merecemos un nuevo trato.

Este nuevo trato no solo se mide respecto de las garantías legales para la organización de los trabajadores, sino también con el termino y castigo de las prácticas abusivas por parte de los empresarios como el abuso del multirut, las practicas antisindicales, la persecución a los dirigentes, la presión a los trabajadores para impedirles formar sindicatos, la contratación de rompehuelgas. Practicas que se han acrecentado en estos años y que no son particulares de un sector o área productiva, hoy tanto los trabajadores del mundo privado como público han vivido la misma realidad, un caso emblemático dentro del sector público ha sido el de ANDIME, donde los funcionarios del Ministerio de Educación tras la acusación constitucional que terminó con la destitución del ministro Beyer,  han vivido una persecución sin  igual, al abrirse sumarios al por mayor contra los dirigentes, lo que ha afectado incluso al presidente de los empleados fiscales, todo como una forma de hacer pagar costos a los trabajadores por los errores cometidos por el Ejecutivo. Esperamos que hoy, con la nueva ministra, estas prácticas antisindicales terminen.

Debemos decirlo con claridad, si miramos lo avanzado en materias laborales durante estos últimos años, el saldo es absolutamente negativo. No se cumplieron las promesas de campaña, como poner fin al multirut producto de las tensiones que dentro del propio oficialismo existen ni se avanzó en los proyectos emblemáticos como el proyecto de salas cuna universal o el de seguridad laboral, comprometido tras el rescate de los 33 mineros. Y en aquellas materias sobre las cuales se busca legislar, nuestra posición como Central Unitaria es contraria a lo postulado por el Gobierno, prueba de ello es el debate sobre el estatuto del temporero, donde nuestra voz ha demandado la existencia de un tarifado nacional como mejor instrumento para permitir que los trabajadores organizados negocien sus condiciones laborales y salariales y no, que sea la imposición de un sector de pequeños y medianos productores la que venga a resolver sobre el futuro de los trabajadores del campo o agrícolas.

Durante este Gobierno, ninguna reforma laboral importante se ha desarrollado y hemos debido enfrentar la prepotencia de una autoridad que se vanagloria con cifras de crecimiento que entre todos generamos, pero que no tiene vergüenza al decir que tuvo un exiguo debate de salario mínimo con los trabajadores.

Seamos francos, aquí no hubo debate de salario mínimo, el Gobierno impuso una cifra y vulneró con esta acción el convenio 131 de la OIT sobre la materia, buscando adelantar un debate para evitar que con campaña presidencial desatada, sus candidatos se vieran afectados, retrocediendo con este hecho años luz en materias de negociación con los trabajadores.

Por ello, como CUT fuimos tajantes, nosotros no nos vamos a mover de nuestra propuesta de un piso salarial de $250.000, pese a las amenazas del Gobierno de dejar sin reajuste a los trabajadores. No queremos seguir reajustando la pobreza, los únicos responsables de  pretender eventualmente dejar sin reajuste a los trabajadores es el Gobierno por su mezquina propuesta.

Debemos reconocer el papel jugado por los parlamentarios de oposición quienes se comprometieron con un debate de altura y exigieron que el reajuste salarial estuviera por sobre lo propuesto por el ejecutivo, rechazando en el senado, por primera vez, la propuesta de reajuste del gobierno, abriendo con ello una nueva oportunidad al ejecutivo para que se dispusiera a enfrentar el debate. ¿Quién cree hoy que un trabajador con 205.000 puede superar la pobreza?, si en base a los propios cálculos del Gobierno, para dejar de ser pobre en Chile se debe tener un ingreso per cápita de 76.000, es decir, el equivalente a dos canastas básicas de alimentos y en una familia de 4 persona donde solo uno trabaje, el salario mínimo no debería ser inferior a 370.000 pesos brutos.

Si a ello sumamos el escándalo que hoy enfrenta el Instituto Nacional de Estadísticas, producto del mal cálculo del IPC se agrava aún más la situación. El mal manejo de este Gobierno y la manipulación de datos por el INE nuevamente tiene un impacto directo en los trabajadores, tanto en lo que respecta al debate de salario mínimo, como en cada proceso de negociación colectiva desarrollado en este tiempo, donde todos los reajustes se calculan en base al IPC. El error del INE lo pagamos los trabajadores, asumiendo una pérdida del 40% en nuestros reajustes si se confirma lo denunciado.

Ante estos hechos, cómo no evaluar críticamente el actuar de este gobierno en materia laboral, lo que se aleja sustancialmente de lo que se ha querido imponer al país.

En un escenario como este, el desafío de quienes pretendan llegar a la presidencia de Chile es doble. No solo se trata de recoger el planteamiento de los diversos actores sociales y el movimiento sindical, se requiere además, una voluntad explícita de querer superar el estado de excepción en que nos encontramos, donde el diálogo y la negociación con los trabajadores y actores sociales, vuelva a ser un pilar para el Estado.

En este marco, tan importante como el debate programático que esta en pleno desarrollo es debatir sobre los canales efectivos de participación de la ciudadanía organizada en el proyecto de desarrollo nacional que marcarán los destinos de nuestra patria en los próximos 20 o 30 años en áreas tan sensibles como educación, salud, reformas políticas, políticas de desarrollo sustentable, respeto al medio ambiente y la defensa de nuestros recursos naturales, los pueblos originarios. Chile tiene una gran oportunidad para avanzar con todos y todas al calor del debate electoral que vivimos.

Como Central Unitaria de Trabajadores hemos sido claros, pues hemos vivido en carne propia los costos de un Gobierno empresarial: No nos da lo mismo quien nos gobierne y no queremos más derecha en el poder, pero que no se equivoquen quienes creen que por ello hoy el movimiento sindical se pondrá a disposición de un candidato en particular.

Como CUT actuaremos desde nuestra independencia de clase. Seremos férreos defensores de nuestras luchas, pero tenemos plena conciencia que nuestro enemigo de clase está en el modelo. No creemos que el debate principal sea entre movimientos sociales y partidos políticos, más bien de lo que se trata en estos tiempos es de avanzar por convencer a más sectores de la justeza de nuestras demandas. Luchamos por 17 años para terminar con la dictadura y con la exclusión, no seremos nosotros los que cerraremos las puertas a una amplia convergencia; nos jugaremos por que nuestras posiciones avancen en todos los frentes y espacios y avanzaremos con todos quienes de manera decidida se sumen a esta gran tarea, pero lo haremos desde nuestro rol. Nadie puede pretender asumirse como nuestros representantes, pues para ello el movimiento sindical y social ha hecho elecciones y dejado claro quiénes son sus voceros.

Avanzar en una plena democracia es reconocer que así como los partidos políticos juegan un rol, importante y necesario, los actores sociales y el movimiento sindical también deben jugar el suyo. Ya no es suficiente creer que la democracia se sostiene solo por la división de poderes, hoy las democracias complejas son capaces de dar cabida a todos los actores sin distinción, garantizando sus plenos derechos. Hacia esa democracia es que queremos avanzar.

Asumir estos desafíos, nos impone no solo una responsabilidad con el país y los procesos que se están desarrollando, asumimos también que tenemos como organización sindical una gran tarea. La tarea de crecer, de fortalecernos, de unirnos sin desconocer en ello las legítimas diferencias que como Movimiento sindical tenemos. Para avanzar más y mejor tras los intereses de los trabajadores y trabajadoras, se requiere  de un movimiento sindical sólido y maduro.

Debemos mirarnos críticamente y desarrollar planes de fortalecimiento sindical, para seguir creciendo en los sectores donde tenemos organización y  también abrirnos a los desafíos de un mundo del trabajo tan diverso como el actual, donde la informalidad y los trabajadores por cuenta propia han ido aumentado día a día y donde debemos buscar las mejores formas de organización que den cuenta de esta realidad, poniendo como un valor de la organización avanzar en los temas de género ante un mercado laboral representado en un 49% por mujeres, siendo capaces de representar los intereses de los trabajadores y profesionales jóvenes, que han debido asumir grandes deudas en su formación pero que luego reciben sueldos muy inferiores al valor de su trabajo,  y siendo capaces de atender en propiedad las demandas de los trabajadores a honorarios que hoy proliferan al por mayor. Es decir, avanzar en reformas a la organización tras el único interés de defender los intereses de todos y todas.

Debemos ser capaces de superar la política de trincheras que hoy nos ha permitido resistir pero que no nos ha permitido dar los grandes pasos que se requieren. Somos actores en un tiempo privilegiado y debemos pasar a la ofensiva, por eso es que con una gran valentía y responsabilidad hemos resuelto convocar a un Paro Nacional para el día 11 de Julio de este año, donde en unidad y convergencia demos un golpe certero a este inhumano modelo de mercado y logremos incidir con fuerza y convicción en la agenda nacional.

“Debemos dejar claro que el tiempo de los trabajadores ha llegado y que Chile entero puede recuperar la esperanza y la fe en el movimiento sindical para construir de conjunto ese Chile justo y democrático que todos anhelamos y que por tantas décadas nos ha sido negado. Con responsabilidad, pero también con alegría y mucha mística es que asumimos este gran desafío y los llamamos a todos a ser parte del desafío de dejar una huella en la historia por el futuro de nuestros hijos y de nuestro país.

“Se inaugura un tiempo nuevo para los trabajadores, desde esta tribuna, nos comprometemos con esta causa y en este gesto asumimos el mandato que nos fuera legado por nuestro presidente mártir Salvador Allende, que en su último discurso le hablara a los trabajadores de su patria y en sus palabras, nos legara el deber de ser actores principales en la defensa de las intereses de Chile y su futuro.

¡Por Chile y su destino! ¡Por las grandes mayorías! ¡Por los trabajadores y trabajadoras! ¡¡Mil veces venceremos!!