Santiago, 12 de agosto de 2015
Hoy los familiares de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago
Nattino tenemos algo muy importante que decir. La libertad condicional otorgada
esta semana por la Tercera Sala de la Corte Suprema a los criminales de lesa
humanidad Miguel Pablo Muñoz Uribe (caso Porvenir) y Alejandro Sáez Mardones
(caso Degollados) nos parece de la mayor gravedad, la rechazamos con fuerza y
agradecemos todas las muestras de solidaridad que hemos recibido en estas horas
por esa causa.
Específicamente, Alejandro Sáez Mardones fue condenado a presidio perpetuo
por asociación ilícita, por los secuestros y homicidios de José Manuel Parada,
Manuel Guerrero y Santiago Nattino y por el secuestro de otras seis personas en
marzo de 1985, además de estar involucrado en otros casos de crímenes de lesa
humanidad cometidos en 1975 y 1976. El informe psicológico de Gendarmería sobre
su persona indica claramente que no hay en él conciencia del daño causado y sí
permanencia en la justificación de su acción delictiva, siendo que en ambos casos
lo contrario es requisito mínimo para acceder a cualquier tipo de beneficio
penitenciario; por esa razón la Comisión de Libertad Condicional denegó el
beneficio a Sáez Mardones, en ejercicio de sus facultades legales y
reglamentarias, fundando su decisión precisamente en el hecho de no estar
rehabilitado para la vida en el medio libre.
Además, rechazamos la forma en que la Corte Suprema resolvió otorgar este
beneficio: a puertas cerradas y sin reconocernos a nosotros, las víctimas,
derecho a alegato.
La actitud del Poder Judicial, representado en este particular por la
Tercera Sala de la Suprema, equipara de facto crímenes de lesa humanidad con
delitos comunes, lo que contraviene no sólo el compromiso ético con el Nunca
Más, sino también los tratados internacionales que Chile ha ratificado. El
otorgamiento de libertad condicional a criminales de lesa humanidad deja la
puerta abierta a la impunidad, pocos días después de que uno de los más grandes
violadores de los derechos humanos, Manuel Contreras, falleciera con el grado
de general de la República en el Hospital Militar, sin ser degradado de su
cargo a pesar de ser ejecutor de múltiples atropellos a la dignidad humana.
Sabemos que en nuestra institucionalidad judicial la Corte Suprema tiene la
última palabra. Por eso es que nos sentimos perjudicados por el Estado, y
repudiamos la impunidad, no solamente en este caso, sino cada vez que se dan
señales equívocas en materia de justicia con las violaciones graves a los
derechos humanos. Los crímenes perpetrados contra nuestros familiares bajo la
dictadura cívico-militar fueron perpetrados desde el Estado contra la sociedad
chilena en su conjunto, y hoy el Estado de Chile nos vuelve a injuriar.
Por ello, nos reservamos la facultad de buscar la justicia en este caso, y
en otros, en las instancias internacionales ante las cuales el Estado de Chile
ha adquirido los compromisos de investigar, sancionar y ofrecer garantías de no
repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos, porque tenemos
la convicción de que en este caso –y en tantos otros– ello no se ha respetado. En
numerosas ocasiones se ha abordado el juicio y castigo de las violaciones a los
derechos humanos en Chile como si fuesen delitos comunes, lo que las trivializa
y resulta en la aplicación imperfecta de respuestas e instrumentos pensados
para delitos de lesa humanidad.
Nos parece inaceptable que no exista una tipificación precisa para
violadores de derechos humanos que cometieron crímenes amparados en el
terrorismo de Estado, y por ello hacemos un llamado a los poderes Legislativo y
Ejecutivo a legislar de manera clara en lo que respecta a crímenes de lesa
humanidad y tortura. Dados los acontecimientos presentes, exigimos prioridad en
estos temas como señal de un compromiso real con una cultura de los derechos
humanos, como lo estipulan los tratados internacionales que Chile ha firmado.
Y, no menos importante, hacemos también un llamado al conjunto de la
sociedad, a que defienda la cultura de los derechos humanos y se sume a esta
lucha por el bien de todos y por el futuro de Chile. El daño inmenso cometido
por el Estado chileno bajo la dictadura, al igual que este otorgamiento de
libertad condicional a un criminal de lesa humanidad, nos ofende no solo a
nosotros sino a la sociedad entera, y es como país que tenemos que hacernos
cargo de rechazarlo si queremos una sociedad más justa y comprometida con la
dignidad humana.
De nuevo, agradecemos las infinitas muestras de solidaridad, y nos
solidarizamos a la vez con todas las causas de defensa a los derechos humanos.
Verdad, justicia, memoria y reparación, nada más
ni nada menos.
FAMILIAS PARADA, GUERRERO, NATTINO
