Editorial
El Siglo:
"Constitución Política democrática: una demanda histórica".
“Miren esta fruta: ¿acaso va a crecer más con una nueva Constitución?”, fue
uno de los pintorescos argumentos que esgrimió la candidata de la derecha en
las recientes elecciones presidenciales. Sacó risas, pero bien mirado acaso
tuviera razón, pues entre los cambios a realizar en un nuevo marco
institucional bien podría estar un tratamiento más racional y equitativo del
derecho de uso del agua como bien público a resguardar por el Estado.
Y es que el reemplazo de la Constitución vigente no deriva tan sólo de su
carácter “de facto” y de que llevara la firma, no del todo borrada por la
“Reforma Lagos”, del abyecto dictador.
Contiene la Constitución Política del Estado disposiciones “de amarre”,
como la existencia del supra poder representado por el Tribunal Constitucional
y la prohibición al Estado de incidir como agente económico en el desarrollo
productivo del país.
Cuestiona toda posibilidad de cambio la derecha, basándose en las
dificultades que tendría cualquier proceso tendiente a dictar una nueva Carta
Fundamental. Llama “ilegítimo” el recurso a una Asamblea Constituyente y alerta
sobre los riegos de lo que de antemano califica como un “salto al vacío”.
En el colmo de la desvergüenza, tanto la UDI y RN como parte importante del
gran empresariado, omiten el dato de que la Constitución del 80, la
pinochetista, fue discutida y redactada de espaldas a la ciudadanía y aprobada
en un referéndum fraudulento y en medio de un clima represivo, con plena
vigencia del Terrorismo de Estado.
Carta “mercadista”, todo en ese texto tiende a garantizar los derechos de
los grandes poseedores. Su filosofía es la del provecho sin límites. No
reconoce ningún derecho por encima del de “propiedad” y todo en su articulado
tiende a establecer barreras infranqueables para cualquiera modificación de
signo progresista.
Es, en pocas palabras, “El gran candado” para impedir la libre circulación
de las ideas del progreso social y evitar que las mayorías ciudadanas se
pronuncien por los cambios y pesen decisivamente en los procesos sociales.
La discusión está abierta y nadie podrá detenerla. Sobre los mecanismos del
cambio necesario, mucho es lo que debe considerarse. Abogan algunos, en
considerable cantidad, por una Asamblea Constituyente. Conciben otros como
único escenario el actual parlamento.
Cómo se resolverán los “mecanismos”, es algo sobre lo cual deberá debatir
la ciudadanía. Lo que ya está claro y nada podrá cambiarlo, es el abrumador
respaldo a la elaboración de una Constitución Política digna de su nombre. Y en
el papel que, cualquiera sea la modalidad adoptada, debe tener el pueblo. Para
ello, la sociedad se movilizará, como la ha hecho y lo seguirá haciendo cuando
de los intereses vitales del país se trata.
Una Constitución Política es “democrática”, cuando ha sido discutida y
aprobada por la comunidad, sin restricciones ni exclusiones en nombre de
exigencias pseudo académicas ni otros privilegios acordados a los
“especialistas”. El mayor especialista en democracia es, precisamente, el
“demos”: el pueblo.
