Editorial de El Siglo, edición 1728 del 15 de agosto 2014
“Reformas:
un recorrido legítimo y previsible”.
Aun los más refractarios a las reformas emprendidas por la administración
de la presidenta Bachelet, reconocen que se trata de apuestas –como se suele
decir- “cargadas de futuro”.
Ni los ciegos de oficio o los sordos por afición, pueden negar en términos
absolutos la legitimidad y la urgencia de los cambios que se están
emprendiendo.
Si a ello se añade el abrumador respaldo entregado por la ciudadanía que
concurrió a las últimas elecciones –parlamentarias y presidencial- queda claro
que las cosas, como estaban, ya “no daban para más”.
La ignominiosa desigualdad consagrada por un modelo impuesto en dictadura,
se hizo imposible de defender ni aún amparados en el dogma del “mercado
redistribuidor de las riquezas”, “el piloto automático” o el solo crecimiento
de la economía como garantes de mayor justicia social.
La Reforma Tributaria tiene, por eso, no sólo como propósito establecer un
conjunto de normas que permitan el financiamiento regular de transformaciones sociales que abarcan
sectores tan vitales como la educación, la salud, la vivienda y la previsión
social. También es un acto de racionalidad y una manera efectiva de poner coto
a los abusos de algunos exponentes del gran empresariado que explotan a
trabajadores y consumidores más allá de “lo razonable”.
Y tal vez por eso la derecha, en representación de esos privilegiados, se
ha allanado a dialogar, aunque… cuidando el núcleo de sus intereses, alzando
cortapisas, obstaculizando los procesos. Y, ¡atención! varias señales nos
advierten de que no les está yendo tan mal.
Y en materia educacional, ¿quién se atreve hoy a negar la extrema urgencia
de una reforma de fondo? Es que es indefendible que la educación pública sea la
última “prioridad” del Estado, que las modalidades en vigor no sirvan sino para
mantener y -lo que es más- acentuar las desigualdades, o que el lucro sea el
motor del sistema.
Se habla del “derecho de las minorías”, lo que no ha estado jamás en
discusión. Pero a condición, ciertamente de que se lo entienda así: “…de las
minorías”. En ningún caso, veto, como quisieran imponerlo desde las trincheras
de la derecha más recalcitrante.
Lo proyectos se están enviando para sus trámites parlamentarios, se
preparan otros hasta completar el intento más ambicioso de nuestra historia por
avanzar en la educación, la ciencia, el manejo idóneo de las herramientas de
los oficios y la cultura en su acepción más amplia.
Y el espectáculo que se nos ofrece, casi circense, es el de pseudo
especialistas que lanzan cifras al boleo, confunden los conceptos, asumen
defensas que nadie les ha pedido. Y, lo que es más curioso, se presentan como
intransigentes defensores de la dignidad y los sueldos de los profesores…
abogan por que “paguen los ricos”… rechazan indignados toda forma de
discriminación y levantan la “libertad de proyectos educativos” como el
principio supremo, dogma de dogmas, non plus ultra de la modernidad y la
democracia.
¿Quiénes son?, ¿de quiénes estamos hablando? Las respuestas son fáciles y
están a la vista de todos. Tan “racional” y legítimo, moderno y variado es lo
que ofrecen, que no pasa mes o semana sin que un “colegio” guiado con esas
normas cierre estrepitosamente, dejando al desnudo el carácter y catadura de
algunos de esos pilares del modelito llamados “sostenedores”.
La calle –la denostada calle que los despertó de su hondo letargo- ya los
ha notificado: las reformas van…
