Guillermo Scherping V.
El Editorial del Diario La Tercera del 13 de agosto se queja amargamente de
la respuesta que el gobierno ha dado a la lucha docente e insiste en concepciones
instructoras y desprofesionalizantes de la Docencia, al cuestionar los avances
que la respuesta del Gobierno representa para un mejor ejercicio de la
profesión. La derecha no sabe conjugar docencia con decencia en la enseñanza,
confunde instrucción con educación.
El Editorial supone que las demandas son privilegios para los docentes, las
cueles serían:
a) Titularidad de horas realizadas en aula para profesores que el sistema
ha precarizado en contratos a plazo fijo hasta por 21 años. El Editorial se
queja, pues supone, como lo hizo el gobierno anterior, que la precariedad en las condiciones de enseñanza para
el ejercicio de la docencia hará que los profesores hagan bien las cosas.
b) Reajuste salarial al sector particular subvencionado del Ingreso Mínimo
Docente de un 12,4%, dado que los empresarios de la educación no habían
reajustado dicho monto desde hace cinco años, no obstante recibir el reajuste
anual del sector público vía Unidad de Subvención Escolar, que en este caso lo
pasaron a utilidades. “Buena práctica” a propósito de la preocupación por
buenas prácticas docentes del periódico en su editorial.
c) Bono de retiro indemnizado para que los y las docentes puedan jubilar,
pues en el sistema previsional promovido por la derecha desde la Dictadura
cívico militar y alabado por LaTercera desde aquella época hasta nuestros días,
los y las profesoras jubilan con un promedio de 36% de tasa de reemplazo: un
robo en descampado a quienes han desarrollado una vida en el servicio civil del
Estado, educando.
Frente a todo lo anterior, es necesario aclarar que confunden intencionadamente
las condiciones de enseñanza que la sociedad y el Estado establecen para el
ejercicio de la docencia con privilegios para los docentes. Realizan esta
argumentación desde el fundamentalismo de la educación como bien de consumo,
con lucro, pago de la familia, selección de estudiantes, precariedad del
trabajo docente e instrucción para pruebas,
principios todos de lo que hoy se denomina “Industria Educacional” y que
ha sido derrotada por el movimiento social y político.
d) El “Agobio Docente y Escolar” es reconocido por moros y cristianos, ya
que se vive a diario en todas las aulas del país y tensiona tanto las
condiciones en que se enseña como la convivencia escolar de profesores y estudiantes.
De allí la importancia de haber logrado que se establezca un ordenamiento
racional y se eviten burocracias y super posiciones en la fiscalización e
intervención de los órganos del Estado, intervenciones que también produce otro
mercado, como el de las Ates.
El editorialista cuestiona el acuerdo por “inconsulto”, ¿con quién?, ¿hay
alguien que tenga capacidad de veto para que el actual gobierno llegue a un
acuerdo en cuatro meses y medio, el mismo al que no llegó el anterior gobierno
en cuatro años? Hay aquí un tufillo nostálgico de la política de los consensos
sazonados en cocinas y que no enfrentó nunca de frente y en la plaza pública al paradigma de la
educación como bien de consumo.
Sostienen que el Estatuto de la Profesión Docente es causa de una supuesta
baja calidad de la educación pública respecto de la privada financiada por el
Estado. Sin embargo, la evidencia de sus propias mediciones, y diversas
investigaciones demuestran: i) que el sector privado es más precarizado, pues
está sujeto al código laboral y ii) cuando se considera tipo de administración,
resultado y factor socioeconómico no es
mejor que la educación pública, y ésta en algunos contextos es mejor que la
privada, aunque ambas se encuentran por debajo de una Buena Enseñanza y Buena
Educación, cuestión que parece no preocuparle al editorial en cuestión.
La Tercera, al igual que la derecha, apela a terminar con el Estatuto y
establecer “motivos fundados” para despedir discrecional y arbitrariamente a
los docentes, como ocurre en el sector particular subvencionado. Es otra
falacia más, pues es falso que la docencia tenga inamovilidad. Por el
contrario, el código laboral posee 7 causales de despido y los docentes sujetos
al Estatuto poseen 11 causales de despido, alguna de las cuales están sujetas a
sumario para evitar arbitrariedades y clientelismos, que objetivamente impactan
en el ámbito escolar.
No conformes con haber intervenido con Joaquín Lavín la Evaluación Profesional
Docente, al fundir las rúbricas de básico con insatisfactorio, con las que Gaus
y su campana dejaron de sonar, ahora sugieren que ésta evaluación no alcanza.
No les gusta que los docentes salgan bien, pues les destruye la profecía auto
cumplida de que los docentes son los responsables de los males del infierno
neoliberal.
La Editorial vuelve una y otra vez con la cantinela del pago por
rendimiento, haciendo el ridículo hasta internacional, pues existe más que suficiente
evidencia que los principales factores que inciden en los rendimientos
escolares, son la desigualdad económica y la herencia cultural de las familias,
las condiciones y climas de enseñanza, y mucho después la escuela y los
docentes.
Finalmente, el periódico desestima
la reparación justa que demandamos y requieren los y las docentes
dañados arbitrariamente por la municipalización de la dictadura cívico militar.
Lo que se quiere desconocer es que el año 1999 se recuperó recién, el mejor
nivel de sueldos y salarios que en 1972 tenían en promedio los trabajadores
chilenos. Sin embargo, los docentes permanecieron a la misma fecha un 43 % bajo
ese promedio, producto, entre otros, del daño causado por la municipalización.
Las conquistas posteriores no consiguieron paliar todo el daño. Un mecanismo
para dicha reparación pueden ser las pensiones. El gobierno se abre a reconocer
y reparar las miserables pensiones que reciben el magisterio y, como he
señalado, dicha medida no es comparable
con las pérdidas de otros sectores como mañosamente el periódico pretende
oponer.
El obtener una buena respuesta a la agenda corta es una gran conquista del
Colegio de Profesores de Chile, pero sobre todo es una gran noticia para el
país, pues se generan mucho mejores condiciones para avanzar en la nueva
institucionalidad de la educación pública y la construcción de la Carrera
Profesional Docente para todas las profesoras y todos los profesores del país. Se
fortalece la Educación como derecho social.
