Editorial El Siglo del 13 al 19 de Marzo 2015
“¿Caso cerrado?”
En 120 días fijó el tribunal el plazo para las investigaciones del llamado
“Caso Penta”. Así, pues, en cuatro meses la parte acusadora tanto como las
defensas deberán aportar sus elementos de prueba y prepararse para los litigios
finales. En ese lapso pueden ocurrir varias cosas: que los recursos de las
defensas ante las resoluciones dictadas en la etapa de formalización,
particularmente en los casos de “prisión preventiva”, sean acogidos o
rechazados; así como que la ampliación del marco investigativo se extienda a
otros actores, iniciándose de esa forma lo que se ha llamado “la arista
política” por la presencia de ilícitos vinculados a campañas electorales.
En el escenario recién abierto caben muchas consideraciones, predicciones y
enseñanzas a extraer.
Pero hay una pregunta que ronda con insistencia en la opinión ciudadana:
¿se cerrará con un fallo condenatorio, como todo lo hace prever, el “caso”
central y de fondo que no es otra cosa que el grado de corrupción develado por
éste y otros “casos”, como Soquimich, Farmacias, Cascadas, Pollos, La Polar,
entre muchos otros?
A la luz de los escándalos más notorios y que se ha podido denunciar y en
los que hay al menos un esbozo de investigación, lo que surge es una maraña de
complicidades y faltas a toda moral que ya nada y nadie podrá tapar.
En nuestra “Dinamarca” –nos advertiría el príncipe Hamlet, más de algo
huele muy mal…
Financiamiento público –sí, del Fisco, estatal, del dinero de nuestros
bolsillos- a las mayores empresas del país para que consoliden sus negocios y
aumenten sus patrimonios, cuando no se trata de evitarles su quiebra.
Un traspaso que desafía todo límite a la impudicia de funcionarios públicos
que se hacen o dejan contratar por los mismos grandes intereses que desde el
Estado, en lugar de fiscalizarlos, han beneficiado con su gestión.
Cuando no es a la inversa, y de lo que se trata es de gerentes o altos
ejecutivos de esas empresas que emigran al Estado en “comisión de servicio” de
sus grandes socios o patrones. Y todo ello, coronado con la más alegre
impunidad.
Penta Gate y Penta UDI son, pues, la gran puerta abierta al resumidero, el
pozo ciego, la gran cloaca de una corrupción que amenaza ahogarnos con su
pestilencia.
¿Lecciones a extraer? Sí, hay varias. En primer lugar la urgencia de
desarticular la maraña de intereses que se amparan en una institucionalidad
atacada de muerte.
Urgencia en abordar los sistemas de “representación popular”, para que sean
realmente “representativos” y expresión popular: del pueblo, de la ciudadanía.
Emprender las reformas sociales y políticas que nos permitan emprender esa limpieza
a fondo que tanto necesitamos como país.
No se trata, ciertamente, de sospechar de corrupto a cualquier empresario
.Tampoco, a cualquier ciudadano que haya asumido una representación popular.
De lo que se trata es de establecer un marco de convivencia social que no
pueda ser vulnerado por el peso del dinero ni las influencias de clanes
familiares o partidistas.
Por eso, el episodio no se cierra con ninguna condena a los actores del
Penta Gate ni de los otros escándalos que nos sacuden. No, no puede haber un
“caso cerrado”. La justicia y la alerta pública deberán extremar su estado de
alerta.
Deberá decretarse una “Luz Roja” ante la corrupción, lo que implica
movilizar todas las reservas democráticas y la limpia conciencia de las
mayorías nacionales para que, junto con hacerse justicia, se cambie de raíz
todo aquello que, heredado de la dictadura y en nombre de una supuesta
“economía social de mercado”, nos ha conducido a este extremo.
