Estimados
Ministros, parlamentarios, alcaldes y concejales.
Estimados dirigentes sindicales, representantes de organizaciones sociales,
agrupaciones de derechos humanos, representantes del mundo del arte y la
cultura, directores de medios de comunicación tradicionales, populares y
comunitarios, dirigentes suplementeros, estimados colegas, trabajadores, estudiantes,
compañeros y amigos todos.
Hoy nos encontramos aquí, en este espacio público, que es
nuestro, en esta histórica plaza de la libertad de prensa en el inicio de lo
que esperamos sea un tiempo de inflexión, un nuevo ciclo, no sólo para nuestro
Colegio, sino también para los derechos laborales de periodistas y trabajadores
de las comunicaciones, y para la más profunda garantía del derecho a la
comunicación universal en Chile. Hemos dicho que se inician nuevos tiempos,
inaugurados para nuestra organización luego de un interesante proceso
eleccionario que revirtió la tendencia a la baja en la participación,
fortaleció la inclusión regional, estrenó el voto electrónico y consagró el triunfo
de la primera mujer presidenta en los 58 años de historia del Colegio, lo que
es un claro avance en la equidad de género para nuestro gremio. Junto a la
enorme alegría de la limpia victoria alcanzada en la presidencia, me acompañan
hoy una nueva mesa directiva extremadamente acorde para este periodo: activa,
joven y con alta capacidad de trabajo. Vaya mi mayor reconocimiento a: Patricio
Martínez Torres, Primer Vicepresidente; Patricio Segura Segundo Vicepresidente
y dirigente de Aysén; Marco Gallardo, dirigente de Coquimbo y Secretario
General; Igor Mora, en el cargo Tesorero, Vanessa Sabioncello, como
Prosecretaria y Evelyn Miller, como Protesorera. Del mismo modo, es importante
reconocer el destacado trabajo de la directiva anterior, que sentó las bases
para la experiencia de la actual mesa y sin duda significó un avance en el
fortalecimiento de nuestra orden.
Pero junto a los nuevos rostros, este triunfo también
entregó una contundente aprobación programática, fortaleciendo la apuesta de
dar una férrea lucha por articular diversos sectores de la sociedad civil que
avancen en combatir la enorme precariedad laboral y la falta de pluralismo en
el debate público instalado por las agendas de los grandes medios de
comunicación. Hoy estamos convencidos de que nuestra organización gremial
debe cumplir un rol en el momento histórico que experimenta Chile, por ello
tenemos la convicción de que en estos tiempos es imprescindible abrir las
puertas del colegio a la ciudadanía organizada y constituirnos como una
herramienta más de la reconstrucción del tejido social destruido por largos
años de dictadura y por otros tantos de administración del modelo neoliberal
heredado. Lejos de tener una postura elitista de la profesión hemos insistido
en la necesidad de articularnos no sólo como periodistas que somos, sino
también y fundamentalmente como trabajadores. Qué importante es pronunciar este
discurso hoy aquí frente a dirigentes sindicales de Radio ADN, con su histórica
huelga al holding español PRISA que ostenta la propiedad de 320 frecuencias del
dial chileno, o frente a periodistas del Sindicato de El Mercurio de Valparaíso
que llevaron una huelga de casi un mes ante el diario más antiguo de América
Latina, propiedad de la familia Edwards, dueña de la mayoría de los diarios
regionales de Arica a Punta Arenas, o del Sindicato 2 de Chilevisión que acaba
de culminar ayer una huelga frente a la estación cuya propiedad, antes del ex
presidente y empresario Sebastián Piñera, hoy es de capitales extranjeros y
estuvo ad portas de vulnerar el legítimo derecho de reajuste salarial. En más
de una oportunidad hemos dicho: para estos tiempos se requiere organización,
organización y más organización. Y por ello como Colegio tenemos no sólo el
derecho sino la responsabilidad de avanzar a paso rápido en ejercer un rol
articulador trascendente que permita aglutinar a los trabajadores y
trabajadoras del sector productivo de contenidos informativos y culturales en
miras de constituir una Gran Confederación de trabajadores de las
comunicaciones capaz de combatir la severa precariedad de nuestro sector e incidir
en la, esperamos, pronta discusión de reformas laborales. Estamos convencidos
de que el último objeto de ese trabajo político gremial será poner fin al
código laboral impuesto a fuerza en tiempos tan oscuros para Chile, y que hoy
por vía de enclaves autoritarios aún nos aleja de las garantías mínimas que
todo trabajador merece en un sistema democrático. Por eso hemos dicho: estamos
por el fin a la precarización del empleo, por el derecho efectivo a huelga, por
la titularidad sindical y por el cese a la aplicación del artículo 22 del
código del trabajo que obliga a periodistas y comunicadores a trabajar extensas
jornadas sin pago alguno con la excusa de que “la noticia no tiene horario”.
Lucharemos por poner fin a esos abusos y por denunciar el hostigamiento de los
propietarios de medios y empresas de comunicaciones hacia quienes osan a
organizarse, cuestión que ya hemos visto muchas veces en conocidas radios y
canales de televisión. En eso centraremos nuestros esfuerzos. Y para ello
necesitamos fortalecernos en lo interno: requerimos de una organización acorde
a los tiempos, fuerte, integrada, capaz de crecer, de defender a sus afiliados
y de descentralizar el peso de las decisiones. Por eso hemos hecho el enorme
esfuerzo de traer a cada uno de los presidentes regionales a esta actividad,
desde Arica a Punta Arenas, los 18 presidentes regionales están sentados aquí
en primera fila y han venido con las historias de sus luchas como la ardua
incorporación de los periodistas del diario Atacama al Sindicato El Mercurio
del Norte de Antofagasta, o la protesta contra la intentona de cierre del canal
13 de Concepción, o la defensa del ejercicio periodístico en las zonas mineras,
en servicios públicos y puertos, y el duro trabajo de corresponsalía en zonas
extremas y en zonas de problemática mapuche. Vaya una especial mención a los 18 presidentes y presidentas regionales que
han venido como sujetos activos de cambio de un gremio capaz de encarnar
liderazgos regionales acorde a las transformaciones que Chile necesita.
Pero a un día de la conmemoración del brutal asesinato de nuestro ex
dirigente regional metropolitano, José Carrasco Tapia, y a cinco del terrible
golpe cívico militar de 1973, no puedo dejar de mencionar otras discusiones que
se producen en nuestro país por estos días. Como Colegio hemos dicho que más
que nunca urge promover un ejercicio del periodismo que apunte a fortalecer las
garantías democráticas y esté al servicio de los intereses del pueblo, no de
los grandes poderes económicos ni fácticos. Tal como establece el código de
ética de nuestro Colegio reivindicaremos el firme compromiso con la defensa de
la “verdad, los principios democráticos y los derechos humanos”, por eso, la
próxima semana entregaremos el requerimiento al tribunal de Ética sobre la
responsabilidad en el ejercicio profesional de Agustín Edwards como director
del diario más poderoso de Chile, para que esta instancia evalúe su eventual
complicidad en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Porque sabemos que defender la libertad de expresión, el derecho a la
información y la democratización del discurso público implica hoy tomar
posición. Tomar posición en pro de profundizar las garantías de una democracia
sana, que fortalezca la organización de la sociedad civil y su participación,
pues aún cuando hoy se avanza de manera importante con reformas
institucionales, sabemos que no basta, que es necesario también avanzar
paralelamente en procesos más participativos para la ciudadanía. Por eso
nuestro programa lo dijo y hoy lo reiteramos: estamos por redactar una Nueva
Constitución para Chile y hacerlo vía asamblea constituyente para devolver los
múltiples derechos conculcados por el modelo neoliberal y para que ésta incluya
explícitamente el derecho a la comunicación universal, garantizando la libertad
de expresión y el derecho a la información de todas y todos. Esta garantía
deberá implementarse con la creación de una ley de comunicaciones para Chile
que permita articular la dispersión legal que hoy existe sobre la materia y
asegure la revalorización del Estado como ente productor de contenidos
informativos y culturales. En ese marco, es necesario dejar atrás la ya agotada
etapa de “transición pactada”, obviando la vieja consigna de algunos acerca de
que la mejor política de comunicación es no tener política de comunicación.
Hoy, más que nunca, Chile requiere iniciar un debate en serio sobre políticas
públicas comunicacionales y sentar las bases de un diálogo social que cimente
una legislación capaz de garantizar la existencia de los tres sectores de las
comunicaciones: con medios públicos, privados y local-comunitarios, sin fines
de lucro. El Gobierno ha anunciado la instalación de una mesa de debate sobre
libertad de expresión, y esperamos que dicha instancia se instale cuanto antes
en miras de dar en serio esta discusión; de lo contrario el derecho a la
información y la libertad de expresión seguirán funcionando bajo las
condiciones del mercado y tanto la sociedad civil como el Estado mantendrán una
escasa participación. Hay que decir que hoy un férreo duopolio de medios
impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales extranjeros y
concesiones hasta hace poco indefinidas, y un 45% del mercado radial
concentrado en manos de un conglomerado trasnacional español, constituyen el
panorama mediático. Escenario que arroja un triste primer lugar en los rankings
de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina,
que dan para Chile un 95%. Ahora, hay que decir que si la situación ya había
sido evidentemente desprolija durante los primeros años de democracia, que
dejaron morir a todos aquellos medios de comunicación que habían sido la voz
crítica de la dictadura y su modelo de desarrollo neoliberal, la administración
de Sebastián Piñera terminó de empeorar las cosas. Esos cuatro años la derecha
amparó el crecimiento de los grupos económicos Saieh, Luksic y Bethia, todos
con intereses tanto en holding de medios de comunicación como en industrias de
retail, del sector inmobiliario y de la banca. También se permitió el ingreso y
fortalecimiento de capitales extranjeros como Time Warner(CHV) e Iberoamerican
Radio; empeños que se coronaron con la única decisión proveniente del poder
político en este sentido: la privatización del impreso de propiedad pública
creado en 1917, el diario La Nación. Esa era una declarada aspiración de la
derecha que no hizo más que fortalecer el duopolio de la prensa escrita
dominado por los grupos Copesa y Edwards y que acabó con la férrea lucha de los
trabajadores que defendieron con fuerza el diario. Entonces es claro que el
país está extremadamente al debe. La
pregunta es ¿Cómo debiera avanzar una mesa que debata sobre libertad de
expresión en Chile?
Primero,
cumpliendo con una propuesta programática del actual gobierno e instalando una
ley que regule la concentración a la propiedad de los medios de comunicación.
Segundo, mostrando la voluntad política de avanzar en temas como equidad en la
distribución del avisaje público; recuperación de un diario impreso de
propiedad pública; entrega de financiamiento permanente a TVN para que pueda
cumplir su verdadero rol, garantizar el uso democrático de las nuevas señales
de TV digital y ¿porqué no? El uso igualitario del espectro radioeléctrico,
bien que nos pertenece a todos y que debiera contemplar 3/3 de uso: uno para
medios audiovisuales públicos, privados y comunitarios. Para ello, redoblaremos
esfuerzos, buscaremos incidir directamente en
el cumplimiento del programa del gobierno para que apunte a la
diversidad, el pluralismo y la democratización de los medios de comunicación y
el relato público chileno. Estamos seguros de que no es hora de que este debate
siga siendo de técnicos, cuando en verdad tiene que ver con más o menos
democracia. Y este Colegio de Periodistas y esta presidenta, buscarán siempre
luchar por más democracia, por un país más justo y equitativo y por el
compromiso con la garantía de derecho humanos básicos como la libertad de expresión
de todas y todos. No más, pero tampoco menos.
