Editorial de El Siglo, edición 1767 de15 de mayo 2015
Así, como titulamos esta página, calificaba Paulo Freire, el que se decía
“pedagogo indignado”, cada manifestación de los profesores en demanda de
mejoras en la educación o en su propia condición económica y social.
Si a los maestros se suma a los estudiantes –en nuestro caso, de la básica
y media y los de nivel universitario- a padres y apoderados y en general a
todos cuantos están vinculados a la docencia, ese “poema pedagógico” se
convierte en una poderosa polifonía ante la cual hasta los más sordos deben
acusar recibo.
“Derecho social”, más que mercancía flotante entre una oferta selectiva y
una demanda castigada por sus propias limitaciones, la educación se toma las
calles y emerge como una de las prioridades más acuciantes para la atención y
tratamiento por los poderes públicos.
“Labor preferente del Estado”, se la llamó durante el Frente Popular. Y
vale la pena preguntarse el porqué de tan categórica definición.
Aunque parezca ingenuo e incluso inútil, no está demás lo que pudiéramos
llamar “la pregunta por el Estado”. En otras palabras, su porqué y su para qué.
Y es que más allá de las siempre valiosas disquisiciones filosóficas e
históricas, lo cierto es que el Estado es –o debiera ser- la representación de
una voluntad ciudadana cuya primera vocación es la de integrar a la totalidad
de quienes comparten un espacio territorial.
¿Y cómo se logra esa integración, si no es a través en primer lugar de un
reconocimiento y, junto e indisolublemente con ello, de la entrega de
beneficios que hagan visible y tangible tal reconocimiento?
Se habla hoy entre nosotros de una cierta “desafección”, particularmente en
el segmento joven de la población, hacia “símbolos” tales como la participación
en las elecciones o la adhesión a las pomposamente llamadas “instituciones
republicanas”.
¿Y por qué habrían de sentirse identificados con tales “símbolos patrios”
aquellos que no han recibido del Estado –“la comunidad organizada en pos del
bien común”- otro salario que el de la indiferencia y el consecuente abandono?
Y es que el primer deber de una comunidad organizada no es otro que el de
acoger a sus miembros desde el momento mismo de su “llegada”. Y para ello no
basta con el otorgamiento de un documento de identidad. Se debe ir más lejos y
procurarles desde sus primeros años de existencia las herramientas de una
identidad mayor: la de saberse ciudadanos con todos los derechos.
No hace mejor pedagogía una sociedad que cuando a través de su preocupación
“preferente”, el Estado asume un papel receptivo y arma al recién llegado con
las herramientas de una vida más plena.
Y de todo eso se tata cuando miles de personas, como recién ha vuelto a
ocurrir, copan calles y plazas para entonar sus demandas.
Se puede sospechar, por qué no, que en algún lugar de nuestra estratificada
sociedad habría quienes sientan temor ante la disyuntiva de “educar al
soberano” -es decir, al pueblo- o
dejarlo en una condición “ideal” de ignorancia y sumisión. Se lo podría sospechar.
Pero además habría otra razón para impedir que el Estado asuma su deber
docente, y es que la educación, actividad que abarca sin excepción a la
totalidad de la población, pudiera dejar de ser un coto cerrado para que cacen
allí los intereses privados. En otras palabras, para que la educación sea ya
sin ambages una mercancía.
Cuando se habla tanto de “transparencia”, bueno sería que los que se oponen
a una educación pública, gratuita y de calidad, se confiesen en la plaza
pública y exhiban los pesos de sus razones. Y no es que todos cuantos disientan
de las reformas planteadas hoy y apoyadas por millones de chilenos sustenten su
opción en motivos mezquinos. No: nadie puede buenamente prohibir el disenso,
especialmente cuanto se basa en consideraciones legítimas y argumentadas de
manera democrática.
Pero, no se lo olvide: para que haya república, debe haber republicanos.
