Fuente: www.elsiglo.cl
Juan Andrés Lagos.Santiago.
05/015. En Chile existe una crisis de
representación y de credibilidad que viene de años, y que se ha incrementado
fuertemente en los últimos meses.
No es un hecho nuevo, como
lo establecen estudios e investigaciones cualitativas sobre la subjetividad de
los habitantes de nuestro país, quienes muy mayoritariamente exponen la
necesidad de cambios sociales, políticos, económicos y constitucionales.
El reciente estudio del PNUD
es claro en este diagnóstico.
La disputa por representar
este descontento y generar fuerzas que permitan imponer un rumbo político al
país, es lo que caracteriza la permanente y más profunda confrontación entre
los dos principales bloques partidarios realmente existentes.
Los movimientos sociales
organizados, y algunos coordinados relativamente en torno a sus demandas
específicas, tratan de incidir en el rumbo político nacional desde sus
especificidades, y desde hace algún tiempo, algunos de ellos, especialmente la
Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se han planteado influir y explicitar
propuestas claras respecto de asuntos políticos nacionales, como es una nueva
constitución política plebiscitada por el Soberano.
En el ciclo político
anterior, la forma en que las correlaciones de fuerzas políticas expresaron sus
direccionalidades e incidencias, fue a través de la política de los consensos,
de los acuerdos, lo que durante décadas dio gobernabilidad a un modelo que
legitimó (temporalmente) a una élite transversal, mientras en la ciudadanía se
generó un distanciamiento creciente de esa forma de acción política y una no
participación que ha llegado a golpear, severamente, a las elecciones
institucionalmente establecidas, en las que participan menos del cincuenta por
ciento de las y los ciudadanos con posibilidad legal de hacerlo.
En las elecciones de
movimientos sociales organizados, la participación tampoco es alta, incluso en
aquellos que están bajo instituciones amparadas por el estado o que existen
bajo el imperio del privado, los indicadores de participación son relativamente
bajos.
Un punto relevante de esta
situación se vivió bajo el gobierno de la derecha, porque millones de personas
marcharon por meses por las calles de Chile, exigiendo educación gratuita y de
calidad, y una reforma tributaria para financiarla.
El impacto político más
importante de esa expresión ciudadana fue la derrota posterior de la derecha, y
la incorporación de esas demandas al actual programa de gobierno de la NM, en
plena realización ahora.
A la desafección social y
ciudadana, se une el fenómeno indesmentible que es la desigualdad, la
injusticia social, profunda e irritante, y que golpea prácticamente a todos los
ámbitos de la vida social e individual de los habitantes del país: salud,
educación, vivienda, transporte, salarios, delincuencia y violencia criminal.
Las fuerzas políticas que
buscan representar a la ciudadanía, e incidir e influir en ella, podrán
discutir, e incluso disputar respecto de los grados o intensidades de este descontento.
Pero es francamente absurdo y casi esquizofrénico desconocer que este fenómeno
es real, y crucial para interpretar y comprender el descontento y desafección
de la mayoría ciudadana respecto de la política y la vida política del país que
se expresa en sus instituciones en las cuales se delega el poder de representar a la ciudadanía.
Más aún, el estudio del PNUD
ha develado que, actualmente, la mayoría del país tiene más esperanzas que
antes, respecto de los cambios profundos que demanda.
Si se analiza con sentido de
la historia, y con objetividad, este es el primer gobierno que tiene un
programa de cambios estructurales profundos, desde que se inicio la transición
tras la dictadura cívico-militar de Pinochet, apoyada políticamente por la derecha.
Es un mérito no menor, si se
analiza este período con sentido de la historia, el haber llegado con una
correlación política (Nueva Mayoría) a conquistar el gobierno y el parlamento
que ha iniciado este proceso de reformas, y que durante el primer año logró
aprobar importantes proyectos de ley.
Es un mérito de la gestión
de la Presidenta Michelle Bachelet y de todo su primer gabinete, encabezado por
Rodrigo Peñailillo.
Sin embargo, y es importante
reconocerlo para el análisis del diagnóstico real, los descontentos ciudadanos
sobre asuntos tan gravitantes como salud, transporte, educación, delincuencia y
violencia criminal, así como desigualdad, persisten e incluso crecen.
La mayoría de las reformas
profundas y estructurales que impulsa el gobierno no tendrán impacto social en
la vida de las chilenas y chilenos, bajo este actual régimen. Las muy severas
catástrofes que han impactado al país
agudizan esta situación.
Es este descontento el que
busca representar la derecha política, y que trata de usar y direccionar para
incrementar su presión que permita frenar y detener las reformas estructurales,
especialmente la de nueva constitución política.
Fragmentada, sin programa ni
rumbo político claro; pero aún con una gran representación parlamentaria y con
un poder incontrarrestable en el espacio de los medios de información social
(escrito, radial y televisivo), la derecha presiona y resiste, tratando de
instalar a partir de hechos reales y graves de corrupción, la idea que “los
políticos y la política” son la expresión más evidente de la crisis de
credibilidad en el país.
Es una política de gran
peligro para la Democracia, pero no es la primera vez que la derecha orgánica e
histórica de Chile apela a ese camino para desmantelar un proyecto de reformas
sociales y políticas estructurales.
Hasta ahora, ese esfuerzo de
la derecha no logra representar a la mayoría ciudadana, ni algo cercano a eso.
El escándalo Penta la sigue golpeando fuerte.
Sin embargo, la desafección
al gobierno de la NM y al prestigio de la Presidenta se ha incrementado, y tal
expresión ciudadana partió el año pasado, bastante antes de los casos Caval y
SQM.
Hasta ahora, el gobierno y
la NM han buscado retomar la iniciativa con respuestas muy contundentes
respecto de separar de una vez por todas el poder del gran negocio de la
política y la vida social, y darle centralidad al gran asunto de fondo; esto
es, un “proceso constituyente” hacia el cambio de la actual constitución
política, con participación del Soberano.
Y la derecha, en medio de su
falta de propuesta política, ha reaccionado tratando de frenar y restarle
credibilidad a esos intentos.
Es un hecho real que las
pugnas entre partidos y al interior de los partidos, ha debilidad la capacidad
de dirección de la NM; pero tal vez lo más complejo es que sus posibilidades
reales de representar a la ciudadanía no son relevantes y no son perceptibles
para el momento político que se vive. Es una especie de bloque que parece más
concentrado en presionar a su propio gobierno, que incidir y crecer en
representación en la sociedad civil.
Es posible, y bien deseable,
que en este cuadro los movimientos sociales articulados y con vocación de
incidir en el curso de la política nacional, puedan influir en el rumbo
político de los acontecimientos. Eso podría cambiar el actual estado de cosas.
Pero ni la derecha política,
ni la derecha empresarial se quedarán inmóviles; su capacidad de influir en el
rumbo de los acontecimientos está casi intacta.
Es en este cuadro que se
produce el cambio de gabinete.
La Presidenta ha reafirmado
con claridad el rumbo general del gobierno, en cuanto a programa de reformas.
Ahora, la derecha presiona
por “diálogo y acuerdos”, y una agenda centrada “en los problemas
sociales”.
Al interior de la NM hay
voces políticas que, sin poner en cuestionamiento lo señalado por la
Presidenta, sin embargo abren la posibilidad de una forma de hacer la política
diferente a cómo se ha implementado hasta ahora. Y también relacionan a la
necesidad de acuerdos, el clave concepto de “crecimiento”.
Si se analiza lo realmente
existente, y las décadas pasadas, ese concepto de “crecimiento” generó una
macroeconomía sólida y robusta, pero a la vez causa de la tremenda y brutal
desigualdad que hasta hoy no se supera.
Si bien en gobiernos pasados
(incluso el de la derecha) hubo intentos y esfuerzos de políticas y gestión
pública que buscaron la protección de los más golpeados, sin embargo las
desigualdades estructurales permanecieron, e incluso aumentaron.
El desafío del nuevo
gabinete, en este contexto, es revertir procesos que podrían ser tendencias.
Por un lado, mantener el
programa de reformas; y por otro, enfrentar radicalmente los problemas sociales
que persisten y generan gran descontento.
El trasfondo de este hecho
crucial es, en rigor, el agotamiento de un modelo político y económico. Pero
para la ciudadanía, mayoritariamente, el tema de fondo sigue siendo vivir un
poco mejor, y no sólo ser consultada esporádicamente, sino que participar del
destino del país.-
