Vindicación
a la Rebelión (Popular de Masas)
Fuente: www.diarioreddigital.cl
Escrito por Carlos Arrué (*)
¿Fue legítimo el empleo de todas las formas de lucha en contra de la
dictadura militar? La ciencia política dista mucho de sostener la misma opinión
que muchos políticos sostienen. Decir, por ejemplo, que hay que condenar la
violencia, venga de donde venga, siempre será bien recibido y está en el
capitulo 1 del Manual de lo políticamente correcto. Sostener al contrario, que
la violencia posee contextos de justificación, está en las antípodas de lo
anterior. Me propongo hacer una reflexión que trascienda lo políticamente
correcto y permite entender por qué razón la violencia puede ser justificada y
cuáles son las complejidades que implica.
El sentido común unido a un conocimiento promedio de historia, permite
afirmar que aun cuando queramos eliminar la violencia en la sociedad, aceptamos
su existencia como algo dado, distinguiendo de este modo, aspiración de
realidad. Es sabido que muchos sistemas políticos, en un tiempo histórico de
5000 años, han conocido o han caído en sistemas tiránicos caracterizados por la
ausencia regulatoria del poder.
No digo Estado de Derecho porque en una Monarquía o en tiempos de Roma, tal
noción no existía y no por ello, no existía regulación del poder. Por otro
lado, también han existido a lo largo de la historia, grandes desplazamientos
de grupos humanos invasores quienes han actuado con tremenda violencia y
brutalidad como lo hicieron los hunos, los españoles en América, los bárbaros
con Roma, etc. sin establecer regimenes tiránicos sino ocupando la violencia
como un método de sumisión y opresión.
Es decir, la violencia y el uso de la fuerza son una parte de la realidad
del ser humano, estemos o no de acuerdo con ella.
Este predicamento no implica aceptar esta condición como un hecho
inamovible, sino todo lo contrario. Por
esa razón existe el rechazo a la violencia como medio para regular la relación
entre seres humanos y grupos de ellos, y se han creado leyes, sistemas
políticos, y diversas formas para desterrarla enfocándose en su eliminación
como herramienta ordenadora de las relaciones sociales. Por lo mismo, es un
hecho aceptado que el combate a la violencia y la fuerza, no se hace empleando
la fuerza.
Esta es una regla general. No obstante esta consideración, no menos cierto
es que la violencia genera o resulta en muchos casos, en la creación de un
nuevo orden político social, que casi siempre, es el objetivo que ha perseguido
el uso de la fuerza. Desde luego surge la gran pregunta; ¿Qué derechos asisten
a quienes han sido atropellados por la acción de esta fuerza y violencia? Más
sentido cobra lo anterior si consideramos que estos nuevos órdenes sociales
impuestos casi nunca respetan el derecho anterior.
Debido a ello, tal regla general – como toda regla general – posee una
cantidad no poca de excepciones, muchas de ellas tendientes precisamente a
justificar el empleo de la violencia en condiciones extremas o extra
ordinarias. Por ejemplo, todos los códigos penales del mundo conocen como
eximente de la responsabilidad penal a la legítima defensa que justifica la
violencia de un arma con otra arma de similares características.
Y es legítima, no legal, por cuanto se hace una consideración de orden
moral, una excepción que no encuentra su justificación en la ley, sino en el
contexto. A nivel de las relaciones internacionales se acepta asimismo el uso
de la fuerza para imponer la voluntad de la comunidad internacional.
Es el caso de países que vulneran los derechos de las personas a
consecuencia de su raza o creencia religiosa, etc. la comunidad internacional
puede emplear las fuerzas militares para intervenir. Esto ha sido sumamente
cuestionado, pero existe en virtud de considerar la violencia y el uso de la fuerza
como un contra peso necesario. Se legitima esta respuesta violenta mediante
acuerdos.
De lo anterior se desprende entonces que la violencia puede ser y es
justificada tanto cuando la utilicen personas, países o incluso la comunidad
internacional.
La ciencia política ha considerado el empleo de la violencia como
justificada aun cuando difiere en el origen o la fuente material de esta
justificación. En términos muy generales y con matices, se ha aceptado la idea
de que un régimen tiránico puede ser depuesto mediante el uso de la fuerza.
Las monarquías teocráticas chinas, las ciudades estado de Grecia y Roma,
Juan de Salisbury, Santo Tomás de Aquino, Martín Lucero, Calvino, John Locke,
Rousseau e incluso, la propia Declaración de Independencia de los Estados
Unidos, reconocen el derecho de resistirse o rebelarse para deponer un régimen
tiránico.
Algunos pensadores justifican incluso el tiranicidio, otros no, pero todos
tienden a identificar que el poder de los soberanos radica en un grupo social
mas o menos amplio; para algunos, nobles y monarcas, para otros, la soberanía
radica en el pueblo mismo y todos justifican la invocación de este derecho
cuando el poder establecido haya sido usurpado. De ello nace el derecho a
rebelión ya que el poder establecido y acordado ha sido usurpado y la pregunta
lógica es ¿por qué hay que aceptar este acto ilegal y arbitrario?
Nada justifica esta usurpación, no obstante la ciencia política y jurídica
acepta que el ordenamiento normativo creado por este nuevo orden político y
social resultado de la usurpación, es susceptible de adquirir normalidad legal
a medida que las normas que dicta se aplican. Así, se da una paradoja
extraordinaria:
Quienes hayan usurpado el poder constituido pueden, sin hacer ningún
esfuerzo por democratizar su nuevo orden social y político, crear nuevas leyes
e incluso un nuevo constituyente sin tener un titulo que los habilita moral o
legalmente.
De aceptar eso a ciegas y sin cuestionamientos, sería llegar y llevar del
punto de vista de generar y promover Golpes de Estado. Por esa razón, esta
situación tan paradójica tiene en el derecho a la rebelión, una respuesta que
reconoce a quienes se sienten afectados por la usurpación ilegal e ilegitima,
el derecho de alzarse en armas en contra de un poder tiránico y a diferencia de
su oponente, posee titulo legítimo.
En Chile, en 1973 el poder político fue usurpado. Se destruyó la división
de poderes, fue abolida la República y mediante la fuerza y la violencia
ejercida desde el Estado, se impuso un régimen tiránico.
Es un hecho evidente e indiscutido del punto de vista de la ciencia
política ya que la Constitución dejó de regir, no había Estado de derecho y en
esas condiciones, fueron asesinadas y desaparecidas miles de personas, el país
vivió en Estado de Excepción y los derechos fundamentales perdieron toda
vigencia y protección por parte de los Tribunales de Justicia, poder del Estado
inutilizado que recibió más de cinco mil recursos de amparo sin aceptar
prácticamente ninguno. El poder legislativo estaba en “receso” y las leyes las
dictaba una Junta Militar totalmente ilegal.
La Constitución de 1980 vino a crear un marco normativo nuevo, sin entrar a
regir por cuanto durante toda la dictadura rigieron disposiciones
constitucionales transitorias. Así, la ley tuvo vigencia aunque no tuvo
legitimidad, y no la tiene hasta el día de hoy. Lo que existe hoy es resultado
del uso institucional, pero no legitimidad. El estatuto jurídico que nos
gobierna es totalmente legal, pero carece de la fuerza moral y ética que da legitimidad
a un ordenamiento institucional.
Sin embargo, entre 1973 y 1990, ¡ni siquiera había ley y se pretende que
debamos acatar esto sin decir nada y al mismo tiempo condenar la política de
todas las formas de lucha!
Esta política se encuentra plenamente justificada del punto de vista moral,
político y jurídico. El régimen militar era tiránico, ilegal, ilegítimo,
ejercía con violencia el poder usurpado y las personas, el pueblo, no tenía
libertad, no podía ejercer la soberanía y la Junta Militar no contaba con el
consentimiento libre del pueblo para gobernar toda vez que ninguna garantía
estaba vigente al momento de votar la Constitución en 1980. El pueblo estaba
inseguro, desprotegido en sus derechos, de hecho ninguno de los derechos que la
propia Constitución de 1980 consagra podía protegerse por los tribunales.
Las palabras del Presidente del PC publicados por el diario La Tercera, que
por lo demás distan en términos de la responsabilidad de la forma en que los
altos mandos chilenos y los civiles que los acompañaron, asumen las suyas desde
el Estado, no señalan en todo caso que el PC
ideó su propia receta para avanzar y ejercer el derecho a la rebelión;
su componente de masas.
No era una estrategia de insurrección, como la que inspiró por ejemplo, la
violencia ejercida durante la Revolución Francesa. Jamás la política militar
del PC se concibió al margen de la acción popular, a tal punto que cuando
millones de chilenos se inscribieron para el Plebiscito de 1988, el PC decidió
poner fin a su estructura político militar. No tuvo otra opción política ni
moral que enfrentarse con todas las formas de lucha al dictador a partir de
1977 y no tuvo otra opción tampoco que abandonar la Rebelión Popular de Masas
en 1988 cuando era claro lo que se avecindaba.
Dicha política militar pudo haber cometido muchos errores o excesos porque
los limites siempre se exceden, lo hace la comunidad internacional, se exceden
los países, lo hacen las personas, no lo va a hacer el PC, sin embargo tuvo
también numerosos aciertos, simpatías y admiración por la solvente posición
ética y política que encerraba.
Es de esperar, y hay que hacer todo lo posible para aquello, que en nuestro
país no vuelva a suceder nunca más un Golpe de Estado, pero es bueno que
quienes siempre contemplan esas alternativas, casi siempre son grupos de
derecha ligados a militares y los Estados Unidos, y es positivo para el devenir
nacional, que sepan de la existencia del derecho a la rebelión y que existan
quienes tengan la dignidad de ejercer ese derecho.
(*) Cientista Político, Instituto
de Ciencias Alejandro Lipschutz
