Eduardo
Contreras
La
noticia del procesamiento y detención de Luis Emilio Cheyre, ex comandante en
jefe del ejército chileno por los crímenes de la llamada “Caravana de la
Muerte” de 1973, episodio de la ciudad de La Serena, Chile, no sólo ha dado la vuelta al mundo sino que
ha conmovido fuertemente el escenario político nacional y puesto a la orden del
día el gran tema de las relaciones cívico militares, el papel de las fuerzas
armadas, su vinculación con el poder económico y su triste historial represivo.
En particular por su protagonismo en el golpe de Estado de 1973 contra el
presidente Salvador Allende y el genocidio perpetrado contra los sectores
populares durante todos los años de la tiranía
Valiente
decisión del juez Mario Carroza que no aceptó presiones. Correcta la decisión
del Programa de DDHH del Ministerio del Interior que hizo la solicitud que han compartido además
abogados de las víctimas y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos,
la AFEP.
El
procesamiento y arresto de Cheyre ocurre sólo horas después del procesamiento
de otro oficial, Reinel Bocaz Rocha, esta vez por el crimen en octubre del 73
del militante del MIR Oscar Jesús Delgado Marín. Sucede el pequeño “detalle”
que el homicida era hasta esta semana el Edecan militar de la Cámara de
Diputados de Chile, entidad que bien pudo haber averiguado los antecedentes del
sujeto y haberse evitado esta vergüenza.
Pocos
días antes tuvieron lugar revelaciones
de prensa, radio y televisión acerca del
proceso civil sobre el asesinato de Victor Jara que se sigue ante los
tribunales de Orlando, EEUU, y que muestra toda la degradación moral y la
cobardía de los canallas que ejercieron como agentes del Estado dictatorial que
encabezó Pinochet. El oficial de ejército Pedro Barrientos, asesino del gran
creador cultural y artístico que fue Victor Jara, no sólo negaba su crimen sino
que en el colmo de la desvergüenza dijo no saber quién era su víctima ni
conocer el entonces llamado Estadio Chile en donde perpetró el brutal
homicidio. Fue civilmente condenado lo que abre la posibilidad de su
extradición a Chile. Este es el tipo de personas que administró el poder de los
que en el 73 se opusieron al establecimiento de un Chile libre, soberano y
justo.
Agreguemos
a la larga lista sólo de lo más reciente, diversos escándalos como el “Milico gate” o el proceso al general
Fuente – Alba, ambos de por sí esclarecedores de la corrupción de esa instituto
armado. Además de las denuncias
recientes formuladas por un oficial de ejército, hijo y nieto de oficiales de
las FFAA, que da cuenta de manejos abusivos, corrupción, privilegios ilegales,
malversaciones.
Y lo
trágico es que tales serias denuncias, avaladas con el testimonio de varios
otros uniformados, culminan paradojalmente con una acción penal del mando del
ejército en contra del oficial que formuló la denuncia y una decisión de la
“justicia” militar que pudiera significarle años de prisión. Como ha sucedido
tantas veces, otra vez la historia “del ladrón detrás del juez”.
En este
mismo escenario se inscribe el silencio cómplice de los mandos castrenses tanto
respecto de los lugares en que fueron ocultados los restos de los detenidos
desaparecidos como respecto de los nombres de los nombres de los pilotos que
bombardearon La Moneda el día del alzamiento contra el gobierno constitucional
chileno.
Son los
mismos institutos privilegiados con la entrega sin control de su gastos del 10%
proveniente de las ventas brutas del Cobre chileno. No hay recursos para la
Educación Gratuita de los jóvenes chilenos, pero hay fondos sin límite para las
instituciones armadas sin que se conozca su destino. ¿Hasta cuándo aceptar esta
situación?
Son los
mismos institutos privilegiados con jubilaciones millonarias tras menos años de
trabajo que el ciudadano o ciudadana comunes.
Pero he
aquí que un grupo de parlamentarios
promueve por las mismas semanas un nefasto proyecto de ley en favor de los
violadores de derechos humanos en Chile, triste expresión de reverencia ante
los que alguna vez Andrés Allamand llamó “ los
poderes fácticos ” ; es decir el gran empresariado, los dueños de los
medios de comunicación monopólicos y los institutos armados, todos ellos los
que fueron precisamente y bajo la batuta
de la CIA, los autores del golpe de Estado de 1973.
Ahora
hablan de “ principios humanitarios ”
para dejar en libertad por ley a los criminales mayores de cierta edad y cuya
salud esté resentida. En el fondo lo que buscan los inspiradores de la
iniciativa es recuperar la impunidad total que los golpistas perdieron gracias
a la heroica lucha de los familiares de las víctimas que por más de 40 años se
han movilizado exigiendo – y logrando parcialmente - verdad y justicia.
Lo
hacen justo ahora que hay más de Mil 300 procesos judiciales en curso, decenas
de culpables procesados y condenados y que se desempeña activamente un grupo de
jueces de dedicación exclusiva, todo lo que ubica al país en un digno y
destacado lugar en el ámbito internacional en materia de castigo a los delitos
de lesa humanidad.
Algunos
de los impulsores de la deleznable iniciativa han llegado a insinuar la
posibilidad de una “ reconciliación “
en Chile como si fuera posible que, por ejemplo, una madre o un padre se reconcilie con los
que tras violar a su hija o a su hijo para luego matarles a golpes o vaciando
su vientre con un corvo y finalmente, arrojar sus restos al mar, se
mantengan hasta hoy guardando el
silencio más cobarde que registre nuestra historia.
Sobran
ejemplos de los fallidos intentos de bajar el perfil a lo que fue el horror de
los años de dictadura. El caso de la“ mesa
de diálogo ”, por señalar uno de ellos, que terminó en un monólogo y además
falso pues el listado con informaciones del destino de algunos pocos detenidos
desaparecidos que entregó el mando militar de la época a poco andar se demostró que era falso.
En
efecto, ya que aparecieron restos de algunos de esas víctimas en lugares muy
distintos de los que indicaron los responsables. No está demás recordar que el
jefe del ejército a esas fechas es hoy el procesado Cheyre.
¿Qué
hay detrás de esta nueva iniciativa en favor de los genocidas? ¿Porqué tanto
silencio de muchos actores y organizaciones sociales que debieran alzar su voz
para condenar este nuevo intento de impunidad?
¿Porqué no se esgrime con más fuerza el conjunto de
normas jurídicas del Derecho Internacional que marcan una clara diferencia
entre lo que son los delitos comunes y lo que son los crímenes contra la
humanidad como son estos de los que hablamos?
El
asunto es de la máxima gravedad pues no se limita a la impunidad. En efecto,
propuestas como estas provenientes de lobos con piel de oveja bajo la
apariencia de “gestos generosos de
compasión y humanidad” desvirtúan por
completo los “nunca más” que
hemos debido escuchar a lo largo de estos años.
No contribuyen
a resguardar la estabilidad democrática iniciativas como éstas.Menos cuando se
trata de instituciones que, como lo revelan los escándalos denunciados en el
curso de estos meses, siguen siendo arbitrarias, profundamente
antidemocráticas, con demasiadas señales de corrupción y ocultando información
fundamental para llegar a la verdad íntegra.
Todo
llama a lo más digno de la sociedad chilena a unirse para impedir que se
consolide la impunidad y a seguir avanzando con fuerza, respaldando a los heroicos
familiares de las víctimas por el camino hacia la plena verdad, la justicia, la
memoria y la reparación.
Es hora
también de pensar en reformas necesarias respecto de nuestras FFAA justo ahora
cuando nuestra sociedad, por primera vez en su historia, ha iniciado un debate
acerca del tipo y forma de Nueva Constitución para el Chile democrático del
futuro.
