Declaración Pública del Partido Comunista y de las
Juventudes Comunistas.
Ante el
fallo del Tribunal Constitucional que establece como discriminación arbitraria
los requisitos de elegibilidad para las Instituciones de Educación Superior que
no pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH) declaramos:
El
paradigma que concibe a la educación como un bien de consumo, ha generado una
profunda crisis a nuestro sistema educacional, promoviendo una educación
altamente segregada, donde proliferan instituciones de dudosa calidad y que ha
permitido el enriquecimiento de unos pocos, a costa de los sueños y anhelos de
miles de jóvenes y niños chilenos y de sus familias.
Es por
esta situación -denunciada por el conjunto de la sociedad en masivas e
históricas movilizaciones convocadas por los actores sociales- que el gobierno
de la Nueva Mayoría ha impulsado, no sin dificultades, un conjunto de medidas
que buscan establecer la educación como un derecho social, al que se acceda de
manera inclusiva, sin depender de la capacidad de pago de las familias y sin
condenar a los jóvenes a deudas largas y onerosas. En este escenario, se
impulsó vía ley de presupuesto un primer paso para la gratuidad de la educación
superior, no definitivo, pero fundamental para ir materializando esta nueva
política y permitir que desde el próximo año miles de jóvenes empiecen a
estudiar de manera gratuita.
El
Tribunal Constitucional al rechazar la propuesta de gratuidad aprobada
mayoritariamente por el Congreso, defiende los intereses de unos pocos, que han
hecho de la educación su negocio y que han utilizado todo tipo de mecanismos
para evitar que se conquiste la nueva educación que la sociedad chilena
reclama. Este Tribunal, institución guardiana de una Constitución ilegítima
generada en dictadura, es el último recurso utilizado por una derecha que busca
torcer la mano a las aspiraciones de justicia social de una amplia mayoría. La
ciudadanía debe sacar lecciones de esta grave maniobra. A través de esta
decisión se nos está informando que toda reforma que busque terminar con el
lucro y los valores impuestos por el mercado para garantizar derechos básicos
como la educación, la salud o la previsión, será abortada en tanto no nos
dotemos de una nueva Constitución, democrática y al servicio de las grandes mayorías.
Llamamos a la ciudadanía a organizarse para dar inicio al gran debate nacional
que nos permita elaborar esa nueva carta fundamental y acabar de una vez por
toda con estos enclaves autoritarios.
Valoramos
las declaraciones de la Presidenta de no claudicar sobre estos anhelos y de
seguir impulsando una reforma que garantice una educación pública, gratuita y
de calidad. Para ello creemos imprescindible que la gratuidad para el 2016 sí
se lleve a cabo, pero sin ceder ante quienes buscan subterfugios para que el
Estado siga financiando un modelo en crisis: la gratuidad debe ser vía aportes
basales, y dirigido a instituciones que garanticen calidad, democracia y un
buen uso de los recursos públicos.
Ante este
pie forzado, consideramos necesario reafirmar la necesidad que la reforma a la
educación fortalezca el sistema estatal, garante del derecho a la educación. Esto
es un aspecto esencial que permitirá definir el carácter público de las
diferentes instituciones que aspiren a recibir aportes del Estado.
Hacemos un
llamado al conjunto de la ciudadanía a no dejarse engañar por quienes bajo el
discurso de defender a los más vulnerables, buscan resguardar sus privilegios y
evitar a toda costa que Chile cambie.
¡Por una
educación pública, gratuita y de calidad!
