Con justa razón, la ANEF , ha hecho público su desacuerdo con la orden
emanada del Presidente de la
República , que los conmina a regresar a su trabajo
presencial, según afirma el gobierno, para la mejor atención del público. Consta
que los trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales han demostrado su
entrega y dedicación, en condiciones muy deficientes de seguridad sanitaria.
Lo que se esconde tras esta
medida es dar la sensación de normalidad cuando el contagio del COVID – 19 está
en pleno desarrollo, para adelantar así los procesos productivos sin considerar
las consecuencias graves que esto puede acarrear.
El propósito es seguir
descargando el costo de la crisis económica asociada a la pandemia,
principalmente en las espaldas de trabajadoras y trabajadores: ya hay más de
250 mil despidos que se suman a otros 500 mil cesantes estructurales.
Junto a ello, un enorme porcentaje ha visto rebajados sus
sueldos o salarios, junto a otros tantos que se posicionan bajo la línea de la
pobreza. El 20% de los más pobres es dueña de menos del 1% de la
riqueza del país.
La situación empobrecida de
millones de chilenas y chilenos contrasta con la de las 10 personas más ricas
de Chile, entre los que está el Presidente de la República , poseen
fortunas personales que llegan en conjunto a 37 mil millones de dólares. Si a
ellos se les aplicara un impuesto del 2%, el estado tendría a disposición 746
millones de dólares anuales.
El 1% de las personas más
ricas poseen en conjunto el 30% de las riquezas del país, 130 mil millones de
dólares. Si el impuesto del 2% se extendiera a todos ellos, el estado
dispondría de 2 mil seiscientos millones de dólares. Con estos fondos podría
dispensarse un ingreso mínimo a los sectores del 40% más pobre y a la gran masa
trabajadora informal, a trabajadores de empresas sin contrato, a trabajadores
del arte, a feriantes, comerciantes ambulantes, a despedidos y cesantes, gran
parte de temporeros, a taxista y otros, por tres o más meses. Lo que
facilitaría medidas más drásticas de confinamiento y distanciamiento social.
El 70 % de trabajadores y
trabajadoras se ven obligados a realizar trabajo presencial, so pena de no
tener alimentos o servicios esenciales. Mientras las grandes empresas refinancian o contraen
deudas a costo cero en la banca estatal, más de 600 mil pequeñas empresas no
tendrán esa posibilidad.
Es en este cuadro, de defensa cerrada de los intereses de
los más ricos y de sacrificio generalizado de trabajadores y trabajadoras, que
el Presidente llama al sector público a reintegrarse al trabajo presencial, sin
que establezcan medidas de protección adecuadas ni las medidas económicas de
protección integral de la ciudadanía.
Esta defensa de intereses minoritarios, privilegiados, que
se ha hecho de forma institucionalizada, mediática y fáctica, se está
trasformando en la instalación de un autoritarismo irresponsable del gobierno,
que no mide las consecuencias sociales de su proceder.
El Partido Comunista rechaza esta política y llama a
organizarse, a denunciar y oponerse a la imposición de medidas insuficientes,
denigrantes para los trabajadores y para la gran mayoría de nuestro pueblo.
Comisión Política
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
19 de abril 2020
