Editorial
de www.realitat.cat, órgano de expresión de Comunistes de Catalunya
5
de octubre de 2017
Cataluña
ha vivido en los últimos días una movilización popular sin precedentes en
defensa de la democracia y el derecho a la autodeterminación. Ha sido una
movilización de dimensiones gigantescas, absolutamente unitaria y transversal,
que ha unido a personas de sectores sociales muy variados, a organizaciones
sociales y políticas muy diferentes, a personas partidarias de la independencia
y a muchas otras que, sin serlo, se han sentido apeladas a movilizarse en
defensa de valores fundamentales y como muestra de rechazo a la intransigencia
y la represión del Estado.
La victoria de la organización
popular
La
jornada del 1 de octubre y el paro de país del día 3 marcan un importante hito
de la sociedad catalana, después del cual ya nada volverá a ser lo mismo.
Ciertamente, la pluralidad y diversidad de esta movilización han sido
determinantes para su éxito. Todas las personas y organizaciones que han
participado, lo han hecho desde la legítima subjetividad de sus convicciones,
en el marco de estrategias políticas muy diferentes y, incluso, opuestas en
ciertos aspectos centrales. Todas, sin embargo, compartían un conjunto mínimo
de principios sobre los que ha sido posible forjar esta positiva unidad.
El
éxito de la movilización supone una victoria del pueblo de Cataluña en su
conjunto, una victoria moral, pero también organizativa y política. Supone el
reconocimiento internacional de la existencia de una "cuestión
catalana" y pone en evidencia la escasa calidad democrática del sistema
institucional español. Ha supuesto colocar Cataluña como vanguardia y referente
de las luchas populares y democráticas del mundo, una posición que hay que
administrar con cuidadosa responsabilidad.
La reacción del Estado sólo ha sido
la represión
En
respuesta a este movimiento, España sólo ha reaccionado con represión. Primero
con la instrumentalización de los tribunales y los medios de comunicación de
masas, después con la utilización de las fuerzas policiales para la represión
de la ciudadanía organizada. Ésta no ha sido sólo la respuesta de un gobierno
reaccionario puntual, sino la de todo el aparato de un Estado absolutamente
cohesionado en su posicionamiento contrario al diálogo.
Ha
sido el gobierno del Partido Popular el que ha dado la orden de reprimir, pero
lo ha hecho con el apoyo de una parte importante de la oposición parlamentaria
y con la absoluta complicidad del resto de poderes. El PSOE, sólo ha sido
capaz, hasta el momento, de cuestionar la conveniencia y la proporcionalidad de
la represión y los únicos posicionamientos contrarios han llegado de Izquierda
Unida y de Podemos, así como de las fuerzas políticas nacionalistas vascas y
gallegas.
El
conflicto ha sacado a la luz de manera abierta a la extrema derecha franquista
latente. Por si todo esto fuera poco, el ciclo represivo ha culminado con un
discurso de Felipe VI completamente cerrado a cualquier diálogo, que niega la
existencia de Cataluña como sujeto político y legitima cualquier represión para
garantizar el marco constitucional del régimen.
La fría reacción de una UE en
descomposición
Aunque
los medios internacionales han hecho un amplio eco de la represión policial
durante la jornada del 1 de octubre y ésta ha sido rechazada de forma unánime, todo
ello no ha hecho variar ni un poco la posición de la UE y de la mayoría de
Estados de la comunidad internacional. Este sigue siendo un problema interno de
España que debe resolverse en el marco constitucional, para el imperialismo
otanista.
Las
esperanzas de que la represión desencadenara una condena hacia España y forzara
una intervención de la UE en defensa de al derecho a la autodeterminación de
Cataluña, no se han visto satisfechas. La UE se ha revelado como lo que es, un
instrumento del imperialismo financiero para la opresión de los pueblos. No es
de esperar que esta actitud varíe, ni siquiera si la represión aumenta.
La
UE cuenta actualmente entre sus miembros y entre sus aliados preferentes con
numerosos Estados de escasa calidad democrática, caracterizados por su talante
represivo, como Polonia, la República Checa, Turquía o Ucrania. Para el
imperialismo, es sostenible y preferible una España represiva que garantice el
desarrollo del sistema capitalista y la correcta aplicación de las políticas
especulativas.
La
posición de la UE se explica también por su crisis interna, arrojada a una fase
descomposición difícilmente reversible. El Brexit, el ascenso de la extrema
derecha y del euroescepticismo son sólo algunas manifestaciones visibles de
este dinámica que ya está en marcha. La emancipación nacional de Cataluña, en
un proceso de profundización democrática y social, sólo aceleraría esta
descomposición y podría tener otras consecuencias indeseables para la UE. Al
mismo tiempo, la crisis de la UE es un síntoma de una transformación más
profunda: el hundimiento de la hegemonía occidental y el ascenso de una nueva
multipolaridad que tiene su eje principal en el continente asiático.
Unidad en defensa de las
instituciones catalanas
La
situación actual tiene una salida compleja. Por un lado tenemos el Estado
español, no al pueblo español, sino al Estado como estructura, un régimen
tiránico y corrupto, surgido de las migajas de la dictadura franquista, que
nunca ha llegado a ser una auténtica democracia, que camina con botas militares
y que sostiene su legitimidad en la violencia y la opresión. Un Estado dirigido
por un gobierno reaccionario y corrupto, que no cree en la democracia y instrumentaliza
todas las instituciones políticamente con total impunidad. Un Estado que lanza
a unos cuerpos policiales con brutalidad contra la población civil y pacífica.
Por
otro lado, tenemos a Cataluña, un pueblo trabajador hecho de personas
trabajadoras. Un pueblo explotado durante siglos por regímenes tiránicos y
corruptos, un pueblo unido por una lengua, sino por dos, por una cultura y por
una conciencia colectiva. Un pueblo que dispone de un proto-estado: con un
parlamento soberano, con un gobierno propio, con un tribunal supremo y un
código civil específico, con un cuerpo policial nacional, con un rico y activo
tejido social. Un pueblo con voluntad de ser. Un pueblo indignado, un pueblo
alzado, un pueblo sublevado que ha escogido de guía la persistencia. Un pueblo
que, en el fondo, no está solo en su lucha porque cuenta con una gran
solidaridad entre las clases populares de todo el Estado, víctimas de la misma
opresión.
Todo
parece indicar que la voluntad de los poderes del Estado es atacar al conjunto
de instituciones catalanas, al amparo de una legislación que está
específicamente diseñada para evitar cualquier intento de secesión y gracias al
pretexto que le proporciona, a su entender, el movimiento soberanista catalán.
No existen elementos para pensar que estén dispuestos a negociar una salida
pactada o un referéndum, cuando son perfectamente conscientes de que la
correlación de fuerzas interna y externa les deja mucho margen para la ofensiva
y para la represión. Al contrario, han demostrado tener la convicción de que el
único perdedor de esta batalla puede ser el pueblo de Cataluña.
En
este sentido, la posibilidad de una Declaración Unilateral de Independencia que
intentara legitimarse en la validez del referéndum del 1 de octubre, otorgaría
al régimen un pretexto perfecto para ascender el nivel de su ofensiva
represiva. La actuación judicial previa y la brutal represión policial durante
la jornada de votación no han invalidado la legitimidad de la movilización,
pero si que arrebataron cualquier posibilidad de que el resultado fuera
reconocido como válido por la comunidad internacional.
Así,
la estrategia unilateral ha topado con un muro que resulta insuperable con la
actual correlación de fuerzas. No sólo eso, sino que el éxito de la
movilización masiva de estos últimos días ha despertado una reacción muy amplia
que podría llegar a amenazar las instituciones catalanas. Ciertamente, existe
dentro del independentismo un sector importante que considera que el peor
escenario de represión es la mejor oportunidad para la independencia efectiva,
pero estos planteamientos ignoran de manera irresponsable la experiencia de
lucha del pueblo de Euskadi.
En
este contexto, se impone la unidad en la defensa de los valores democráticos y
las instituciones catalanas, unas instituciones que unen y representan a una
amplia mayoría popular y que conforman un consenso mayoritario en torno a
principios republicanos y antifascistas, el reconocimiento de Cataluña como
sujeto nacional y la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación.
Se impone la profundización en las alianzas del movimiento popular catalán con
el resto de movimientos populares que luchan por la ruptura democrática y la
superación del régimen del 78. Se impone, en definitiva, la profundización en los
procesos constituyentes que pueden hacer posible esta ruptura. La viabilidad de
la República Catalana que defendemos está estrechamente vinculada al desarrollo
de un proceso de ruptura en el conjunto del estado.
La
emancipación nacional de Cataluña es inseparable de la emancipación social de
la clase trabajadora y las clases populares que conforman la mayoría de la
ciudadanía. Una ciudadanía mayoritariamente precarizada y abocada a la pobreza
asalariada, como consecuencia de políticas activas de desindustrialización,
deslocalización y privatización de recursos públicos. Esta emancipación es un
objetivo que solicita de una estrategia de profundización democrática a largo
plazo y, a pesar de que a alguien le cueste aceptarlo, también de una
estrategia de confrontación de clase.
