Acta de Madrid por la Libertad de Chile
Hace sólo cuatro décadas, el mundo se vio envuelto en una llamarada bélica que lo abrazó por entero. Cincuenta millones de muertos y la devastación de decenas de países, fue parte del precio pagado por impedir que la barbarie y el totalitarismo se impusieran a toda la Humanidad.
Sin embargo, la paz firmada en 1945 no trajo el descanso para quienes se han puesto como meta la construcción de un mundo en que la razón, la justicia y el respeto sean las fuentes de inspiración que orienten la convivencia entre los hombres y entre los pueblos.
En estos años y en distintos lugares de la tierra han surgido y seguirán surgiendo, una y otra vez, intentos para convertir la fuerza, el terror, la dependencia y la explotación en los instrumentos con que se sujuzguen a países y continentes. Se pretende en cada caso impedir que el genio creador de los pueblos avance hacia la construcción de sociedades más justas, más democráticas y más libres.
La lucha entre unas y otras fuerzas ha sido y será larga. Hoy alcanza una dimensión nueva y cada vez más pujante en la medida en que los pueblos van adquiriendo creciente conciencia de su derecho a ser protagonistas en la determinación de su futuro.
Este enfrentamiento no tiene fronteras, pero el objetivo central de la Conferencia nos obliga a precisar nuestra denuncia. En el Sur de América Latina, un país de 10 millones de habitantes, se ha transformado en un foco que puede convertirse, si se imponen los designios de quienes se concertaron para arrebatarle su libertad y sus conquistas, en un factor que impulse en otros puntos del mundo los intentos de aplastar a otras Naciones. Chile, y el drama que vive desde el 11 de septiembre de 1973, no es un caso aislado o la sola consecuencia de una crisis interna en la historia de ese país. Allí se alcanzó uno de los objetivos de la estrategia del imperialismo destinada a mantener a todo un continente sometido a su dominio.
Debemos denunciar que esta política no se detiene simplemente en el marco Latinoamericano. Sobran pruebas de cómo, sacando enseñanzas del desarrollo de cada una de esas experiencias, las fuerzas regresivas y enemigas del hombre aplican sus modelos en uno y otro punto del orbe.
La lucha del pueblo de Chile y de quienes solidarizan con ella, es la de todos los pueblos del mundo que combaten por su liberación y por el derecho de elegir, de acuerdo a sus propias realidades, los caminos que les conduzcan a mejores destinos.
Hoy, aunque constreñidos por la resistencia y la solidaridad, la dictadura chilena y Pinochet siguen en el poder al servicio de los intereses de una minoría e implementan las condiciones materiales y políticas para institucionalizar su régimen. En este contexto, ahora mismo, se desatan graves acontecimientos. El Gobierno dictatorial busca resolver el problema de los prisioneros desaparecidos preparando un nuevo asesinato bajo la ficción de declararlos presuntamente muertos; acentúa la represión a las federaciones y sindicatos disolviendo y persiguiendo a sus organizaciones más representativas y que cuentan con cerca de medio millón de trabajadores afiliados; reduce a niveles inconcebibles la capacidad adquisitiva del pueblo, condenando a toda una generación al hambre y sus fatales secuelas; reduce radicalmente la inversión pública en salud, educación, alimentación, transporte, vivienda e investigación científica y técnica; aumenta la desocupación laboral a términos desconocidos en el mundo. En síntesis, impulsa la más implacable agresión contra el pueblo chileno, como una condición básica necesaria para desarrollar su esquema económico y político.
Pero Chile no está de rodillas ni derrotado.
A pesar de sus miles de muertos y de seres humanos hechos desaparecer, y los millares de presos políticos que la solidaridad a debido salvar y de los que aún permanecen encarcelados o son apremiados por el aparato represivo y terrorista más siniestro de su historia, la lucha crece en contenido y amplitud. Los trabajadores levantan con fuerza sus reivindicaciones; juristas y profesionales enfrentan en el debate público la mascarada de una constitución fascista; las mujeres y el conjunto del pueblo se organizan en defensa de la vida de sus familiares desaparecidos; la juventud manifiesta cada vez más claramente su rebeldía.
Toda esta lucha exige del mundo y de los demócratas una respuesta.
Una respuesta coherente y concreta expresada en hechos y no en declamaciones que no se correspondan a las conductas objetivas. La lucha por el restablecimiento de la democracia, por una parte, y el sostenimiento económico de las dictadura, por la otra, son conductas irreconciliables y contradictorias. La defensa de los Derechos Humanos debe comprender necesariamente la de los derechos políticos, sociales y económicos. Ellos son la base imprescindible de la autodeterminación de los pueblos y de su posibilidad de acceder a una vida libre y digna.
Frente a esto, hay una pregunta que no podemos callar: ¿en qué ha utilizado la Junta fascista los 3.000 millones de dólares entregados en estos cinco años por Gobiernos, Organismos internacionales de Crédito y la Banca privada? La respuesta es una sola: se han invertido en la compra de armas, sofisticados elementos para la represión y han sido absorbidos por dos o tres grupos financieros criollos y las todo poderosas transnacionales.
Denunciamos enérgicamente aquellos Gobiernos e Instituciones que con esos recursos sostienen el régimen de Pinochet, lo convierten en una amenaza para la Paz del Continente y hacen más larga y difícil la lucha de los demócratas chilenos.
Por eso, junto con reclamar el término de la entrega de armas y recursos a la Junta Militar, exigimos el mantenimiento de los Instrumentos de fiscalización y protección de los derechos humanos en Chile creados por la comunidad internacional, particularmente el grupo de Trabajo ad-hoc de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas; el esclarecimiento inmediato de la situación de los desaparecidos y la sanción de los culpables del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier.
Esta Conferencia Mundial tiene el deber de asumir un compromiso de acción concreto para impulsar todas las iniciativas que en su seno se han acordado. De esta manera responderemos adecuadamente al combate de las fuerzas políticas y sociales, de las organizaciones sindicales, de la juventud, de las mujeres y de la propia Iglesia Chilena.
Se encuentran aquí presentes fuerzas que deben impulsar activamente el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en las Naciones Unidas y en las numerosas reuniones internacionales.
Hemos acogido en nuestros países a cientos de miles de perseguidos por la dictadura. En la mayoría de los casos los hemos...
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