El gobierno y en general los sectores cercanos a él están con el acelerador a fondo, tanto en el plano político como en el de la propaganda de los medios de comunicación e incluso en el área de la coerción y de la represión a los sectores opositores, en un claro objetivo de dar pasos grandes en el proyecto de institucionalización del régimen dictatorial.
El hecho más importante en este sentido es la promulgación por la Junta, de la ley de partidos politicos, el día 15 de enero. Unas semanas antes se había aprobado la ley de registro electoral con lo que se van completando los requisitos formales que ha planteado el gobierno y que conducirían a la realización de un plebiscito en el año 89, para ratifificar o rechazar el candidato a la presidencia de la república que propondrá la Junta y que durará hasta el año 1997. Todas estas nuevas leyes se inscriben, naturalmente, en el marco de la "constitución" del 80 con referencia muy especial al artículo 8 de dicho cuerpo legal que prescribe y excluye a las fuerzas progresistas en general y sin atenuantes.
La ley, una efectiva "militarización de la política"
Algunas características especiales de la ley divulgadas o conocidas marginalmente por el público, son la exigencia para la inscripción inicial de los partidos.. Se requiere de 100 firmantes pero que en el termino de 210 días cada agrupación que pretenda llegar a ser partido legal deberá juntar como militantes el 0,5% del electorado correspondiente a por lo menos tres regiones del país continuas o a 8 discontinuas. La lista de militantes afiliados es pública es decir, de conocimiento de todo el mundo; igualmente son públicas todas las formas de financiamiento con importantes reglamentaciones restrictivas, al respecto. También la ley reglamenta en forma bastante minuciosa y condicionante la manera en que deberán constituirse e integrarse las directivas de los partidos políticos. Entre algunas de las exigencias se determina la cantidad y la forma para integrar la directiva con personas representantes de las diversas regiones del país. Otro aspecto, es que no pueden pertenecer a partidos políticos funcionarios del Poder Judicial y de otras entidades del Estado, y tampoco dirigentes sindicales o gremiales.
Opiniones y vacilaciones
Tanto esta ley como la de Registro Electoral han sido públicamente cuestionadas en su efectividad técnica y transparencia democrática por muchos técnicos, fundamentalmente de la democracia cristiana que han puesto en evidencia las grandes posibilidades de control y de fraude por parte del gobierno. Este maneja los instrumentos estatales que tienen que ver con el contro1 de los partidos, con la propaganda, con los procesos electorales y los escrutinios. La ley, por lo poco que se conoce de ella, crea una muy difícil situación para los sectores de centro, ya que su aceptación los acoplaría al sistema político que garantiza realmente el triunfo del gobierno de 1989.
Los partidos de centro no han tenido pronunciamiento sobre esta ley, en parte porque hay diferentes apreciaciones en su interior y, también, porque gran parte de sus dirigentes piensa que para ellos es una verdadera encerrona.
La revista Hoy en su editoria1, por ejemplo, ha adoptado una posición esencialmente pragmática e insinúa la conveniencia de que a pesar de que estas leyes tienen muchos elementos negativos, habría que aceptar que estamos en un momento de ofensiva del régimen y que hay que adaptarse a estas situaciones para salir desde adentro con una posición, en una perspectiva de largo plazo para cambiar las cosas. Otros sectores de la DC señalan que es realmente imposible aceptar los términos en que ha sido hecha esta ley.
Las reacciones en la derecha son en general de aceptación, incluso de aprobación, aunque con críticas de diverso tono...
Puedes ver o descargar documento completo en pdf
http://www.scribd.com/doc/50533766
Publicado en: PARTE NOTICIOSO N°932 - Lunes 26.1.87
Departamento de Comunicaciones CHAF
Comité Chileno Antifascista
Berlín - República Democrática Alemana
