CRONICA POLITICA
En los precisos momentos en que el régimen otorga un aumento del 15 por ciento a las remuneraciones de los miembros de las FF.AA., el gobierno ha iniciado el más grande despido de profesores que se tenga memoria en la historia de Chile. Según antecedentes recogidos por el Colegio de Profesores y por la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH, la dictadura se propone exonerar a más de 22 mil profesores a nivel racional. Con la aplicación de esta medida, el régimen persigue cumplir oscuros objetivos políticos, sin menospreciar por ello, el trasfondo ecónomico que también existe en su aplicación.
El cesanteo masivo de profesores y su trasfondo económico
Desde el punto de vista económico y, de modo general, el masivo cesanteo de profesores -que abarca al conjunto del personal del sistema educacional chileno-, se inserta en el cuadro general de la crisis económica que afecta al régimen y a las leoninas imposiciones de reducción del gasto fiscal que impone el FMI a la dictadura. Cuando Hernán Büchi expuso el estado de la Hacienda Pública, a fines del año pasado, advirtió que "el camino por delante presenta desafíos cuya superación demanda arduos sacrificios". Se refería en específico a la reducción del gasto fiscal. De ahí que para 1987, las metas principales que persiguen los economistas del régimen para cumplir con sus ataduras externas, sea la de expandir las exportaciones y la formación de algún grado de capital. Y recalcan, al mismo tiempo, que se deben hacer todos los esfuerzos para "consolidar el ajuste" del sector público, vale decir, mantener la política de privatizaciones y reorientar los programas de gasto fiscal.
Cada alumno traspasado desde el sector fiscal al municipal le ha significado al gobierno un ahorro mensual de 5 mil pesos. Si este cálculo se multiplica por el millón 282 mil 455 estudiantes que involucra el traspaso de los 828 establecimientos fiscales, se llega a que el fisco se ahorra la no despreciable suma de 2 mil 856 millones de pesos.
Ahora, esto, corresponde sólo al ahorro inicial, debido a que al dejar los profesores de ser empleados públicos y quedar sujetos al Plan Laboral pierden automáticamente una serie de derechos históricos que se traducían en beneficios económicos, como eran los trienios y la asignación por antigüedad. El ahorro que realiza el Estado con el proceso de municipalización no será gratuito, porque no se produce a partir de un excedente presupuestario en el sector, sino sobre la base de un panorama económico ya contreñido. Es así como el costo mensual en personal en el área fiscal -para los 828 establecimientos que han ido siendo traspasados- es de 998 millones 274 mil pesos. El aporte mensual vía subvención para esos mismos establecimientos una vez completado totalmente la municipalización será de 793 millones 9 mil pesos. Superar ese déficit, supone dos alternativas; o se aumentan las subvenciones o se rebajan los costos, vía rebaja de sueldos o reducción de personal. Si el objetivo del régimen es reducir al máximo el gasto fiscal para enfrentar los compromisos con el FMI, la alternativa escogida resulta clara.
Más y más dinero para las FF.AA. y cada vez menos para el pueblo
El argumento central esgrimido por el gobierno a través del ministro de Educación, es que en el país existe un exceso de profesores, cuya cifra bordea los 140.000 distribuidos en todo el país. Esta afirmación ha sido respondida con antecedentes de peso por el Colegio de Profesores. "En 1973 -afirman- la tasa de atención educativa, tomando datos del Plan Nacional de Educación,fue de 64,2%, mientras en 1985 bajó al 59%. Si este año, agregan, se hubiera logrado la tasa de atención del 73, debería haberse incrementado la matrícula en 243 mil 63 alumnos, lo que hubiera permitido dar trabajo a más maestros. Si en 1985...
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PARTE NOTICIOSO N°933 - Viernes 30.1.87
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