CULTURA
LA DESTRUCCIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
El golpe fascista de septiembre de 1973 destruyó más de un siglo de honrosa, tradición democrática de las universidades chilenas. La Universidad Técnica del Estado y la Sede Oriente de la Universidad de Chile fueron asaltadas de inmediato con la misma saña con la que se procedió en contra de las industrias estatizadas y defendidas por sus trabajadores o contra las poblaciones obreras de la periferia de Santiago. Centenares de estudiantes, personal administrativo y docentes fueron detenidos en las propias sedes universitarias y sometidos a torturas y enviados posteriormente a campos de concentración. Algunos fueron asesinados allí mismo. Otros figuran en las listas de los desaparecidos.
En las universidades de provincias la ferocidad del golpe no fue diferente. En Temuco por ejemplo, las tres sedes universitarias fueron ocupadas, allanadas y saqueadas; millares de libros de sus bibliotecas fueron quemados, los mejores profesores fueron exonerados. La misma violencia y cacería de brujas se repitió en Valparaíso, Concepción, Valdivia, La Serena, Chillan, Antofagasta, Arica.
LA REPRESIÓN CRIMINAL
A grandes rasgos la represión universitaria de los primeros años podría sintetizarse en los siguientes hechos:
- Remoción de las autoridades universitarias legítimamente contituídas y su reemplazo por militares-policías que no tenían noción alguna de las funciones universitarias. Así casi todos los cargos de dirección fueron cubiertos por rectores-delegados (Decreto-ley 50 del 29.10.73) con poderes ilimitados.
- Montaje de falsos procesos contra docentes. Para ello se utilizó un informe de la CIA que señalaba que ciertos académicos progresistas habían puesto en práctica un supuesto plan de subversión ideológica llamado "Plan Filadelfia". La "depuración" universitaria contempló hasta la eliminación física como sucedió con los universitarios Enrique Paris, Jorge Peña, Elizabeth Cabrera, Claudio Jimeno, Manuel Donoso, Leopoldo Benitez, Fernando Ortiz y tantos otros. Otros docentes como Enrique Kirberg, Alfredo Jadresic, Mario Céspedes, Edgardo Enriquez, Raúl Bulholzer etc. fueron confinados en campos de prisioneros. A eso se agregó el despido masivo de personal universitario que entre 1973 y 1975 alcanzó la cifra de un 40 por ciento.
- Expulsión masiva de estudiantes universitarios. En 1973 había en las universidades chilenas alrededor de 140 mil estudiantes. De éstos, 30 mil fueron excluidos de las escuelas definitiva o temporalmente. Muchos estudiantes fueron sometidos a horribles torturas en los calabozos del SIM, la DINA y otras instituciones represivas. Por ejemplo el estudiante Patricio Muñoz denunció en el Encuentro de Universidades latinoamericanas realizado en Bogotá en 1975 que cuando él estuvo detenido en el barco Lebu, fondeado en Valparaíso, había alrededor de 3.500 estudiantes en las bodegas. Si había protestas solicitando agua recibían de sus torturadores hasta 10 litros administrados con mangueras en la boca. En la Academia de Guerra Naval se asesinaba a los estudiantes dejándolos caer sobre el pavimento desde las ventanas de los pisos superiores.
- Se destruyeron los niveles de excelencia alcanzados por las universidades chilenas hasta 1973 que tenían un prestigio continental y atraían a estudiantes extranjeros y a especialistas de renombre. La dictadura puso fin no sólo al diálogo sino también a la investigación científica universitaria y a la extensión cultural. Toda creatividad fue paralizada por la inseguridad y el miedo. Todo humanismo cayó bajo sospecha policial.
ENTRE EL OPUS DEI Y LOS CHICAGO BOYS
A fines de 1975 fueron expulsados de las universidades los democratacristianos críticos y muchos aliados del primer momento. El profesor Jorge Millas, de tendencia DC, afirma que la Universidad era "un organismo prisionero que se ahoga en el temor, la desconfianza y la inseguridad". El régimen reemplaza a algunos generales y coroneles rectores por civiles cavernarios como el abogado Julio Tapia Falks en la Universidad de Chile. Sectas clericales y fascistas como el OPUS DEI empezaron a tener influencia decisiva en la orientación ideológica de los estudios universitarios. El modelo económico de los "chicago boys" por otra parte convirtió a las universidades en meras fábricas de profesionales para las necesidades de las empresas trasnacionales.
Dos medidas básicas, el autofinanciamiento y la regionalización, tuvieron por objeto poner término en primer lugar al Estado Docente, es decir a la obligación del Estado de garantizar la cultura y la formación superior a cualquier ciudadano chileno. La regionalización no fue otra cosa que la entrega de las universidades estatales de provincia a intereses privados.
El priner efecto fue el aumento del precio de las matrículas. Las matrículas costaron en el primer semestre en la Universidad de Chile 800 pesos, 1200 pesos en la Católica y 1400 en la Universidad de Concepción. La investigación científica se redujo a niveles mininos y la extensión cultural desapareció. La probabilidad de ingreso a las universidades fue mayor para los ricos que para los pobres. Las universidades se convirtieron en centros de formación de una élite de tecnócratas al servicio de laa empresas.
LA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES
Toda la política de destrucción de las universidades chilenas, que puso en marcha la dictadura desde sus primeros días, se expresó en una síntesis seudo jurídica y normativa llamada Nueva Ley de Universidades (decreto con fuerza de ley número 1 del 3 de enero de 1981) cuyo título segundo liquida la práctica de la autonomía universitaria y de la libertad académica. Partiendo de allí se niega a las universidades el derecho a iniciar cualquier acción o conducta que pueda ser interpretada como "incompatible con el orden jurídico" y no se permiten actividades "orientadas a propagar tendencias políticas partidistas".
Los artículos 7 y 8 prohiben el uso de locales universitarios para cualquier actividad que las autoridades estimen "perturbadoras de las labores universitarias". El artículo 22 prohibe explícitamente la inclusión de alumnos y personal no docente en la conducción de las universidades. Es decir, destruye toda la tradición de convivencia democrática. En el artículo 27 el gobierno se reserva el derecho de disolver una Universidad si no "cumple con sus fines o si realizara actividades contrarias a las leyes, al orden público, a las buenas costumbres, la moral o la seguridad nacional".
Sólo doce carreras -según la nueva ley- tienen nivel universitario. Todas las otras no. De los 140 mil postulantes a la Universidad sólo pueden ser aceptados menos de 80 mil. Para estas doce carreras que tienen las más altas exigencias sólo aceptan a 20 mil estudiantes al año. Así se consagra a una élite universitaria.
La ley reconoce en la práctica como más eficíente la formación en los colegios particulares que en los estatales o municipales. Así hay qué señalar que más del 50 por ciento de los estudiantes universitarios en la última década provienen de la enseñanza privada mientras que uno de cada cinco postulantes recibieron su educación secundaria en escuelas o liceos estatales.
UNIVERSIDAD PARA LOS RICOS
Al abandonar el principio del Estado Docente se consiguen dos efectos inmediatos: herir profundamente a las universidades estatales e impedir en los hechos el ingreso a los estudios universitarios, y especialmente a las doce carreras claves, a las capas medias: mediana y pequeña burguesía. Y ni que hablar de la clase obrera o los campesinos para quienes en la actualidad la Universidad es una meta absolutamente inaccesible.
El precio de las matrículas ha continuado aumentando (250 dólares trimestrales en la Universidad de Chile) y sólo con grandes sacrificios los que no son ricos pueden pagar. La disminución de los estudiantes universitarios es así cada vez mayor.
En 1975 la población universitaria chilena era de 147 mil estudiantes, en 1976 de 134 mil, en 1977 de 119 mil y en 1930 no pasó de 80 mil. Esto como consecuencia del aunento del costo de la matrícula, de la inflación y de la pauperización nacional.
El título cuarto de la ley de las universidades que se preocupa de la creación y disolución de universidades reconoce una suerte de "libertad académica" que le permita a cualquier empresario explorar como un negocio la actividad universitaria. El articulo 21 señala que esas universidades privadas pueden otorgar "a lo menos un título profesional de los señalados". Es decir, por ejemplo, cuatro o cinco ingenieros forestales siguiendo el programa de una Universidad establecida pueden abrir una Universidad propia y otorgar el título de ingeniero forestal. Si la tal Universidad está en condiciones de conferir tres de los doce títulos adquiere el derecho a otorgar otros títulos profesionales, todos los que la imaginación encuentra convenientes, naturalmente dentro de "las buenas costumbres, la seguridad nacional, el orden público".
CONTRA LA RESIGNACION
La liquidación de la tradición universitaria chilena y su reemplazo por fábricas de una élite profesional con una orientación económica monetarista y una dirección ideológica fascista, administrada por los personeros del Opus Dei en puestos académicos claves, es consecuente con toda la política educacional del régimen de Pinochet. Su orientación es antidemocrática, antipopular y antinacional. En la educación básica se busca sólo producir mano de obra barata para las empresas y hasta el propio General Pinochet ha expresado que para un obrero sólo es necesario aprender a leer y escribir. En la educación superior se abren las puertas sólo a los ricos, a los futuros ejecutivos. Así se busca consagrar el inmovilismo político y social e imponer una ideología neo fascista y oscurantista.
La comunidad universitaria -estudiantes, profesores, administrativos- no ha aceptado con resignación esta realidad. La agitación en las universidades ha sido permanente a pesar de la represión, las expulsiones, el obsesivo soplonaje policial. Los estudiantes reclaman la autonomía universitaria, la libertad de sus organizaciones, el derecho a expresar sus ideas. Los académicos y administrativos aspiran al retorno al nivel y a las características que las universidades chilenas tuvieron hasta hace una década.
El camino para una salida verdadera es sólo la lucha frontal contra la dictadura sin conciliaciones ni diálogos que son imposibles.
D. Morgan
PUBLICADO EN:
BOLETIN INFORMATIVO OCTUBRE 1983
PAGINAS 71 a 77
COMITE EXTERIORCENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE CHILE
