viernes, 2 de octubre de 2020

FOSA CLANDESTINA EN CEMENTERIO DE YUMBEL

 


                                               Iván Ljubetic Vargas, historiador del

                                               Centro de Extensión e Investigación

                                               Luis Emilio Recabarren, CEILER

 



El 2 de octubre de 1979 se exhumaron los restos de 18 personas en una fosa clandestina en el Cementerio de Yumbel. Los restos habían sido trasladados desde el lugar de fusilamiento. 

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973,  19 personas, entre empleados de la Papelera CMPC de Laja y de ferrocarriles en San Rosendo, fueron detenidos por personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, a cargo del teniente Alberto Fernández Mitchel y también por funcionarios de San Rosendo. 

Todos fueron trasladados hasta la Tenencia de Laja, donde permanecieron hasta el 17 de septiembre y su rastro se perdió a partir del 18 de septiembre. Finalmente, se estableció que las víctimas habían sido asesinadas y sus cuerpos enterrados en una fosa clandestina del cementerio de Yumbel. 

En agosto de 1979 el arzobispado de Concepción solicitó a la Corte de Apelaciones penquista la designación de un ministro especial para indagar este caso. El tribunal nombró a José Martínez Gaensly, quien el 2 de octubre de ese año encabezó la exhumación de los restos de las víctimas de Laja-San Rosendo. Logró identificar a los responsables de los hechos.

Participaron en las detenciones y asesinato los carabineros Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Reinike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúr e Israel Ormeño este último civil. 

Sin embargo, como se trataba de personal uniformado, el 18 de marzo de 1980, la causa pasó  la Justicia Militar. Ésta  la sobreseyó y aplicó la Ley de Amnistía, el 3 de diciembre de 1981. 

Una vez más se impuso la impunidad para los crímenes perpetrados bajo la dictadura fascista de Pinochet.