por Pasqualina Curcio Curcio
6 julio, 2019
Se ha convertido en práctica habitual la politización e
instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de EEUU,
para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto, el Sistema de
Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto
de la norma internacional ha sido complaciente al poderío imperial y a los
intereses de los grandes capitales. Se ha prestado a la política de la guerra.
De manera vergonzosa e ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la
manipulación. Ha sido cómplice.
La humanidad sigue esperando las pruebas de las armas de
destrucción masiva en Irak, mentira que sirvió para justificar la invasión a
ese país por parte de EEUU en 2003 ocasionando la muerte de más de un millón de
personas.
Como humanidad también seguimos esperando las pruebas de
las afirmaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de la ONU, Navy Pally, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que
abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una
intervención humanitaria.
De manera irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo:
“Aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar, una cosa es
dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación del derecho
internacional, la represión en Libia de las manifestaciones pacíficas se está
intensificando alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos
arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes. Según
algunas fuentes, miles pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según
varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos
que, según informes, continúan siendo llevados al país y equipados con armas
pequeñas y ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas.”[1]
Sin
pruebas en mano, por el contrario consciente de la no verificación e
irregularidad de la información, las palabras de Navy Pally dieron pie a la
Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que se
establece: “El Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la
situación en la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese
país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las
ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y
tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden constituir
también crímenes de lesa humanidad”[2]
Nos preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes?
¿Efectivamente fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos
exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones
arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas de tan grave acusación que derivó
en una guerra que aún persiste y que tiene hecha pedazos a Libia?
Resolvieron además en el Consejo de Derechos Humanos,
violentando la soberanía de Libia: “Enviar, con urgencia, una comisión de
investigación internacional independiente, que será nombrada por el Presidente
del Consejo, encargado de investigar todas las presuntas violaciones de las
normas internacionales de derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia.”[3]
Las palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del
Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de 2011 mediante la cual declararon una
zona de exclusión aérea en Libia y con
ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del
país africano, un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición
fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces
presidente Gadafi.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet, al mismo estilo que
su antecesora Navy Pally, acaba de presentar el informe sobre la situación de
los derechos humanos en Venezuela. Repleto de imprecisiones, de información no
verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en
cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de
este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de
Venezuela, sino de la América entera.
No ocuparemos estas líneas en resaltar la parcialidad del
informe presentado por Bachelet al referir información proveniente solo de los
factores políticos de oposición obviando datos oficiales y los informes de
organizaciones como por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta
derramada. Mucho menos mostraremos la falta de rigurosidad metodológica en el
levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto también
se ha escrito.
Tampoco nos centraremos en sistematizar las
contradicciones en las que incurre la Alta Comisionada al afirmar que en
Venezuela no se garantizan los derechos humanos mientras que el propio Consejo
de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico Universal presentado por el país
y mientras la misma Naciones Unidas a través del PNUD acaba de calificar a
Venezuela con un índice de desarrollo humano alto.
No confesaremos nuestra decepción por el hecho de que
Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de intervención
militar por parte de EEUU, o porque no instó al cese inmediato del bloqueo
económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano, o porque no
reprochó los llamados al odio y a la violencia por parte de los factores
políticos de la oposición que derivaron en acciones fascistas al punto de
quemar vivos a seres humanos.
Mucho menos expresaremos nuestro asombro porque no repudió
el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018,
ni el del golpe de Estado en abril de 2019, o el intento de invasión en la
frontera con Colombia el 23 de febrero de este año, o el intento de usurpación
del cargo de Presidente de la República por parte del autoproclamado Juan
Guaidó y sus intenciones de conformar un gobierno paralelo, o porque no se
refirió al sabotaje al sistema eléctrico que dejó sin el servicio a todo el
pueblo venezolano. Quizás son eventos tan obvios y notorios que consideró no
incluirlos en el informe.
Ni siquiera mencionaremos nuestra sorpresa por el hecho de
que la Alta Comisionada no haya citado el informe del Dr. Alfred De Zayas,
relator independiente de naciones Unidas para un orden democrático y
equitativo, quien luego de visitar Venezuela en 2017 presentó un informe en el
que de manera detallada plantea la necesidad de reconocer la guerra económica,
las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda, como las causas
determinantes de lo que, en lo económico y social, ocurre en el país.
Nos detendremos si, en exigir a la Alta Comisionada la
presentación de las pruebas y precisiones de todas y cada una de las graves
acusaciones que hace en su informe. Pruebas que, por respeto, nos merecemos los
venezolanos y la humanidad entera.
Concluye Bachelet que “…existen motivos razonables para
creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y
sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El
Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no
adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las
autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma
discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social.”
Le pediríamos que especifique cuáles son esos “motivos
razonables” que la llevan a “creer” que se violan los derechos económico y
sociales. ¿Con qué pruebas sustenta la afirmación que no se adoptaron medidas
apropiadas? ¿Y cómo prueba que la supuesta discriminación en el otorgamiento de
los programas sociales? Por ejemplo, cómo explica que se está discriminando por
razones políticas la entrega de la Caja de alimentos CLAP y que solo se le
entrega a seguidores del gobierno ¿quiere decir entonces que las 6 millones de
familias que reciben la caja son chavistas?
¿O insinúa Bachelet que las 18 millones de personas
carnetizadas en la Plataforma Patria también son todas chavistas y por ende el
100% de adultos mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema
también comulgan con la revolución bolivariana, así como los 6 millones de
familias que reciben el bono “hogares de la Patria” y las 700.000 embarazadas
que reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna[4]? Recordamos que en Venezuela somos 30 millones
de personas.
Concluyó también en su informe que “Durante más de un
decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y
prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las
instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial.”
¿Dónde están las pruebas de tan delicada acusación? Es
importante que especifique a cuáles leyes y políticas se refiere y que
demuestre cómo se ha restringido el espacio democrático en un país en el que se
han realizado 7 elecciones desde el 2013 con la participación de todos los
factores políticos y el reconocimiento del triunfo de la oposición por parte
del gobierno.
Es importante que explique por qué afirma que se ha
restringido el espacio democrático en un país en el que según su propio informe
las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a
partir de 2014: “se produjeron 9787 manifestaciones en 2017, 12715 en 2018 y
9715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019” .
O es que la Alta Comisionada se refiere a las prácticas de
los factores de la oposición que se han caracterizado por ser cada vez menos
democráticos, por ejemplo el intento de golpe de Estado del 30 de abril de
2019, o el llamado a la abstención electoral en los comicios presidenciales del
20 de mayo de 2018, o el intento de magnicidio recientemente abortado por los
cuerpos de seguridad de Estado? Si es a esta actitud antidemocrática de la
oposición a la que usted se refiere, merece la pena que lo especifique en su
informe.
Continúa afirmando Bachelet: “Todo ello ha permitido al
Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles
de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos
enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos
razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las
FAES. Estas
violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente
responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.”
Muchas preguntas surgen al respecto, especialmente cuando
se acusa al Gobierno de cometer “numerosas” violaciones de los derechos
humanos. Las precisiones son indispensables en este apartado, así como los elementos
probatorios.
La Alta Comisionada afirma que las autoridades han atacado
a determinadas personas, que son miles las que han sido matadas en
enfrentamientos con fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones
extrajudiciales. Presente las pruebas Señora Bachelet. Consigne la lista con
los nombre de las miles de personas que han sido “matadas” por fuerzas
estatales. Se trata de acusaciones muy delicadas que no deberían plantearse en
términos imprecisos en un informe de este nivel.
Pero además, nos surge la duda de por qué emite un juicio
a priori y acusa al gobierno cuando simultáneamente reconoce que se requieren
investigaciones para determinar las responsabilidades. Luce contradictorio, y
por lo tanto irresponsable.
Afirma Bachelet que: “El desvío de recursos, la corrupción
y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la
subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel
adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el
transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.
Consigne las pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de
los recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento son las causas de la
violación del derecho a un nivel adecuado de vida. No estamos negando en lo
absoluto que haya corrupción en Venezuela, pero demuestre usted que es ésta y
no la guerra económica, el ataque en más de 9 mil millones por ciento de la
moneda desde 2013, el bloqueo financiero, y el sabotaje a los servicios públicos
lo que explica su “deterioro”.
Dijo Bachelet que: “ha aumentado la mortalidad materna
evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos
aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras”.
También dijo que: “La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que,
entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta
de insumos en hospitales” y que las: “Violaciones al derecho a la salud son
resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las
cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las
obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de
disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro
de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades.”
Es importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho
porque según la información que le fue suministrada por el gobierno, la
mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte es
necesario que presente las pruebas de las 1557 personas que murieron en los
hospitales por falta de insumos. Como médica debe saber que las muertes no se
estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente, aproveche y demuestre
que la causa de la falta y disponibilidad de fármacos es debida al
incumplimiento del gobierno y no al bloqueo financiero y embargo comercial que
han dificultado la importación de medicamentos y material médico quirúrgico,
así como insumos para su producción.
Insiste la Alta Comisionada en afirmar que: “El número de
personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado
dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de
2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la
Argentina, Ecuador y el Brasil.”
Señora Bachelet, demuestre que son más de 4 millones las
personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que
no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas las
cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de
migración es negativa, es decir, que en esos países son más las personas que
han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más
de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido
muchas más de 4 millones. ¿Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de
4 millones de venezolanos?
Por la paz de Venezuela y la de América, por respeto a la
humanidad entera conviene una actitud seria y responsable. Conviene decir la
verdad.
En espera de la consignación de las pruebas.
Atentamente.
[1]
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10760&LangID=E
[2] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/27/PDF/G1111527.pdf?OpenElement
[3]
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/27/PDF/G1111527.pdf?OpenElement
[4]
http://vtv.gob.ve/dos-anos-primera-jornada-carnet-patria/
