A 55 AÑOS DEL TRIUNFO POPULAR:
Iván Ljubetic Vargas, historiador del
Centro de Extensión e Investigación
Luis Emilio Recabarren, CEILER
ANEXO I: PROGRAMA BÁSICO DE
GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR
Fue aprobado por los
Partidos Comunistas, Socialistas, Radical y Social Demócrata, el Movimiento de
Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente, el 17 de
Diciembre de 1969, en Santiago de Chile.
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INTRODUCCION
Los partidos y movimientos
que integran el Comité de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada
cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente
en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las
proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que
entregamos a consideración del pueblo.
1. Chile vive una crisis
profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la
pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los
obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes
dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y
medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.
Los problemas en Chile se
pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros
minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un
largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que
suficiente, etc. Cuenta, además, con la voluntad de trabajo y progreso de los
chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo que
ha fallado?
Lo que ha fracasado en
Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo.
Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por
sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no
pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan
precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán
voluntariamente.
Más aún, como consecuencia,
misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía
monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada
vez más en su dependencia, su papel de socio menor del capital extranjero.
Para unos pocos, vender a
diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que
hacen todos los días.
Para la gran mayoría en
cambio vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo
negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran
medida, aún están privados.
2. En Chile las recetas
“reformistas” y “desarrollistas” que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo
suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo
fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del
capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social
naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y
la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado una vez más
que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.
3. El desarrollo del
capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la
violencia antipopular.
El aumento del nivel de
lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de
los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término,
no tienen otro recurso que la fuerza.
Las formas brutales de la
violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo
de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros son inseparables
de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.
Porque violencia es, que
junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población
habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio;
violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo
alimentarse.
4. La explotación
imperialista de las economías atrasadas se efectúa de muchas maneras: a través
de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad
industrial, bancaria y comercial; mediante el control tecnológico que nos
obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes; de los
préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que nos imponen gastar en
Estados Unidos y con la obligación adicional del transportar en barcos
norteamericanos los productos comprados, etc.
Para muestra un solo dato.
Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en América Latina 7 mil
473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.
De Chile el imperialismo ha
arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en
nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.
Los monopolios
norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado
apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio
exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario
Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de
servicios; gozan de estatutos de privilegios, mientras imponen la devaluación
monetaria, la reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad
agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.
Intervienen también en la
educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios
militares y políticos tratan de penetrar las FF.AA.
Las clases dominantes,
cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han
intensificado en los últimos diez años del entendimiento de Chile con el
extranjero.
Dijeron que los préstamos y
compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor
desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga el
récord de ser uno de los países más endeudados de la Tierra en proporción a sus
habitantes.
5. En Chile se gobierna y
se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces,
de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder
permanecer casi intacto.
A dueños del capital les
interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo
chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es un
buen negocio, se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía,
sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de chilenos está en
condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que
atender, desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción
colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.
El grupo de empresarios que
controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema
político, y que amenaza al Estado a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos
los chilenos.
Para que ellos se dignen
seguir “trabajando”, pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o
no, es preciso:
- darles toda clase de
ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá
inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;
- permitirles producir lo
que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo
que necesita la gran mayoría del país;
- dejarlos llevarse las
ganancias que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;
- dejarlos despedir obreros
si éstos piden mejores salarios;
- permitirles manipular la
distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera
subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.
Mientras tanto, buena parte
de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación:
- Medio millón de familias
carecen de viviendas y otras tantas o más viven en pésimas condiciones en
cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.
- La necesidad de la
población en materia de educación y salud con insuficientemente atendidas.
- Más de la mitad de los
pobladores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir sus
necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufre en
cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta
muy difícil e incierta.
El capital imperialista y
un grupo de privilegiados que no pasa del 10% de la población, acaparan la
mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que los
chilenos producen, 50 van a parar a los bolsillos de 10 oligarcas y los otros
50 deben repartirse entre 90 chilenos, del pueblo y de la clase media.
6. El alza del costo de la
vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de
casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha
subido casi en un mil por ciento.
Esto significa que todos
los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos que
viven de su trabajo. Igual como le ocurre a los jubilados y pensionados, al
trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas
rentas son recortadas a diario por la inflación. Los resultados están a la
vista.
Los hechos demuestran que
la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura
capitalista de nuestra sociedad y no con las alzas de remuneraciones como han
pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención
del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista,
en cambio, se define de la inflación y más aún se beneficia con ella. Sus
propiedades y capitales se valorizan, sus contratos de construcción con el
Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre la
delantera a las alzas de remuneraciones.
7. Un alto número de
chilenos están mal alimentados. Según estadísticas oficiales, el 50% de los
menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su
crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.
Esto demuestra que la
economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de
alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una
población de 30 millones de personas, el triple de la población actual.
Por el contrario, debemos
importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de origen
agropecuario.
El latifundio es el gran
culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y responsable de
la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices
de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de
insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a los de las
ciudades.
Estos problemas no los ha
resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno democratacristiano. Sólo
la lucha del campesinado con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El
actual desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio
abre nuevas perspectivas al movimiento popular chileno.
8. El crecimiento de
nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido, en promedio,
apenas a razón de un 2% anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más
bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN). Esto
quiere decir que en 1966 cada chileno tenía una mayor cantidad de bienes de la
que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una
alternativa para nuestro país.
9. La única alternativa
verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno
del Pueblo tiene ante sí es terminar con el dominio de los imperialistas, de
los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del
socialismo en Chile.
LA UNIDAD Y LA ACCION DEL PUEBLO ORGANIZADO
El crecimiento de las
fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha y la
conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos,
la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro
país son más de tres millones de trabajadores, cuyas fuerzas productivas y su
enorme capacidad constructiva, no podrán sin embargo liberarse dentro del
actual sistema que sólo puede explotarles y someterles.
Estas fuerzas, junto a todo
el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos con el poder
de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la
acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán
romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación.
La unidad popular se hace
para eso
Los imperialistas y las
clases dominantes del país combatirán la unidad popular y tratarán de engañar
una vez más al pueblo.
Dirán que la libertad está
en peligro, que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas
populares creen cada vez menos en estas mentiras. Diariamente crece su
movilización social que hoy se ve reforzada y alentada por la unificación de
las fuerzas de izquierda.
Para estimular y orientar
la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder,
constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados
en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los
movimientos y de los partidos de izquierda o integrados por esa multitud de
chilenos que se definen por cambios fundamentales.
Los Comités de Unidad
Popular no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes
de las reivindicaciones inmediatas de las masas y, sobre todo, se prepararán
para ejercer el Poder Popular,
Así, pues, este nuevo poder
que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya, donde quiera que el pueblo
se organice para luchar por sus problemas específicos y donde quiera que se
desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.
Este sistema de trabajo
común será un método permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una
escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido
político de la Unidad Popular en todos sus niveles.
En un momento dado de la
campaña los contenidos esenciales de este Programa, enriquecidos por la
discusión y el aporte del pueblo y una serie de medidas inmediatas de gobierno,
serán señaladas en un Acta del Pueblo que se constituirá para el nuevo Gobierno
Popular y el Frente que los sustenta en un mandato irrenunciable.
Apoyar al candidato de la
Unidad Popular no significa, por tanto, sólo votar por un hombre, sino también
pronunciarse a favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta
en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
EL PROGRAMA
Las transformaciones
revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo
chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.
El pueblo de Chile ha
conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y
garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de
alerta y combatir sin tregua.
Pero el poder mismo le es
ajeno.
Las fuerzas populares y
revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un
Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros
en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación
nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos
dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las
capas medias de la ciudad y del campo.
El triunfo popular abrirá
paso así al régimen político más democrático de la historia del país.
En materia de estructura
política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de: preservar, hacer más
efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los
trabajadores; y transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo
Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.
El Gobierno Popular
garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías
individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de
palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos
de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas
con que los limitan actualmente las clases dominantes.
Para que esto sea efectivo,
las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, campesinos,
pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales,
artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores
serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones
de los órganos de poder. Por ejemplo, en las instituciones de previsión y de
seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes,
asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus
consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos
directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de
sus obreros y empleados.
En los organismos
habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de
Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para
fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su
funcionamiento. Pero, no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una
nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en
los organismos del Estado.
Asimismo, el Gobierno
Popular garantizará el derecho de los trabajadores al empleo y a la huelga y de
todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las
ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.
Se extenderán todos los
derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los
medios reales para ejercerlos y creando los mecanismos que les permitan actuar
en los diferentes niveles del aparato del Estado.
El Gobierno Popular asentará
esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo
organizado. Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a
la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con
la coerción ejercida contra el pueblo.
El Gobierno Popular será
pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y
corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático,
representativo y cohesionado.
El Gobierno Popular
respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos
legales.
El Gobierno Popular
iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con
una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo
burocrático y los reemplace por la coordinación de todos los organismos
estatales.
Se modernizará la
estructura de las municipalidades reconociéndose la autoridad que les
corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se
tenderá a transformarlas en los órganos locales de la nueva organización
política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que
puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre
sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes.
Deben entrar en funciones
con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.
La policía debe ser
reorganizada a fin de que no pueda volver a emplearse como organismo de
represión contra el pueblo y cumpla, en cambio, con el objetivo de defender a
la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento
policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y
a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye
una de las peores lacras del actual sistema, debe ser transformado de raíz, con
vistas a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.
UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL:
EL ESTADO POPULAR
A través de un proceso de
democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las
masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.
Una nueva Constitución
Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder
estatal.
Se creará una organización
única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a
la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.
La Asamblea del Pueblo será
la Cámara única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella
confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.
Este sistema permitirá
suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el
presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido.
Normas específicas
determinarán y coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente
de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y
locales de poder y partidos políticos con el fin de asegurar la operatividad
legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad
mayoritaria.
A fin de establecer la
debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que
ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán
en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso de tiempo.
La generación de todo
organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal,
secreto y directo, de los hombres y mujeres mayores de 18 años, civiles y
militares, alfabetos y analfabetos.
Los integrantes de la
Asamblea del Pueblo y todo organismo de representación popular estarán sujetos
al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán revocar
sus mandatos.
Se establecerá un riguroso
sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o de la
privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas
responsabilidades se desempeñe como gestor de intereses privados.
Los instrumentos de la
política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de
planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y
racionalizar la acción del Estado.
Los planes con que opere
deberán ser aprobados por la Asamblea del Pueblo. Los organismos de los
trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de
planificación.
Los organismos regionales y
locales de poder del Estado Popular ejercerán autoridad en el radio geográfico
que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales.
Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos
superiores.
Sin embargo, el ejercicio
de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los
marcos fijados por las leyes nacionales y por planes generales de desarrollo
económico y social.
En cada uno de los niveles
del Estado Popular se integran las organizaciones sociales con atribuciones
específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y
desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen
y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán
limitación alguna a la plena independencia y autonomía de las organizaciones.
Desde el día mismo que
asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la
influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las
organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del
funcionamiento de la administración estatal.
Estos serán pasos decisivos
para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza al sistema de
administración actual.
La organización y
administración de la justicia debe estar basada en el principio de la
autonomía, consagrada constitucionalmente y en una real independencia
económica.
Concebimos la existencia de
un Tribunal Supremo, cuyos componentes sean designados por la Asamblea del
Pueblo sin otra limitación que la que emanen de la natural idoneidad de sus
miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales
o colegiados, del sistema judicial.
Entendemos que la nueva
organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases
mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa.
Para el Gobierno Popular
una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista
y burguesa.
El Estado Popular prestará
atención preferente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe
como un deber de todo el pueblo.
El Estado Popular mantendrá
una actitud alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y a la
independencia del país alentadas por el imperialismo y por sectores
oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus
pueblos alientan afanes expansionistas y revanchistas.
Definirá una concepción
moderna patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes
criterios:
Afianzamiento del carácter
nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido rechazo de
cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo a participar en acciones que
interesen a potencias extrañas.
Formación técnica y abierta
a todos los aportes de la ciencia militar moderna, y conforme a las
conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad
entre los pueblos.
Integración y aporte de la
Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social.
El Estado Popular se
preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo
económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la
soberanía.
Sobre estas bases, es
necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios materiales y técnicos y un
justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que
garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica
durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la
posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus condiciones
personales.
LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA ECONOMIA
Las fuerzas populares
unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual
estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional
y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.
En la nueva economía la
planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al
más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente,
tendrán carácter ejecutivo.
El proceso de
transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a
constituir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente
posee el Estado más las empresas que se expropien. Como primera medida se
nacionalizarán aquellas riquezas básicas que, como la gran minería del cobre,
hierro, salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los
monopolios internos. Así quedarán integrando este sector de actividades
nacionalizadas las siguientes:
1) La gran minería del
cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;
2) El sistema financiero
del país, en especial la banca privada y seguros;
3) El comercio exterior;
4) Las grandes empresas y
monopolios de distribución;
5) Los monopolios
industriales estratégicos;
6) En general, aquellas
actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales
como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario,
aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución
del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el
cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.
Todas estas expropiaciones
se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.
Esta área comprende
aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios
en que permanece vigente la propiedad de los medios de producción.
Estas empresas en número
serán la mayoría. Así por ejemplo en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo
la industria artesanal), sólo unas 150 controlaban monopólicamente todos los
mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al
resto de los empresarios industriales del país vendiéndose cara la materia
prima y comprándoles baratos sus productos.
Las empresas que integran
este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía
nacional. El Estado procurará la asistencia financiera y técnica necesarias a
las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función
que desempeñan en la economía nacional, atendiendo el número de las personas
que trabajan en ellas, como el volumen de la producción que generan.
Además, se simplificarán
los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y tributos para
estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus
productos.
En estas empresas se
deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones
de trabajo justos. El respeto de estos derechos será cautelado por el Estado y
los trabajadores de la empresa respectiva.
Este sector será mixto
porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares.
Los préstamos o créditos
concedidos por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán
serlo en calidad de aportes para que el Estado sea socio y no acreedor. Lo
mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con
el aval o garantía del Estado o de sus instituciones.
La Reforma Agraria es
concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones
generales que se desea promover en la estructura social, política y económica
del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política
general. La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o
inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de
distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las
siguientes directivas:
1. Aceleración del proceso
de Reforma Agraria expropiando en los predios que excedan a la cabida máxima
establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso las
frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho
preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o
parte de los activos de predios expropiados (maquinarias, herramientas,
animales, etc.).
2. Incorporación inmediata
al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad
estatal.
3. Las tierras expropiadas
se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los
campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa
y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el
predio indivisible de la cooperativa.
Cuando las condiciones lo
aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personales a los campesinos,
impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de
cooperación mutua.
También se destinarán
tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna.
4. En casos calificados se
asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y
empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.
5. Reorganización de la
propiedad mini fundaría a través de formas progresivamente cooperativas de
trabajo agrícola.
6. Incorporación de los
pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas
que operen en su área geográfica.
7. Defensa de la integridad
y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas,
amenazadas por la usurpación, y que el pueblo mapuche y demás indígenas se les
asegure tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.
La política económica del
Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación
económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción,
asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo
mediante la propia gestión del sector estatal de la economía.
Tendrá como objetivos:
1. Resolver los problemas
inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad
productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer
a los sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo
popular, baratos y de buena calidad.
2. Garantizar ocupación a
todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado.
Esto significará diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose
el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las
exigencias del desarrollo nacional.
3. Liberar a Chile de la
subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital
imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de
nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital
extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la
tecnología, el transporte externo, etc.
4. Asegurar un crecimiento
económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las
fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos
humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles a fin de incrementar la
productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo
independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones de la
población trabajadora, compatibles con una vida digna y humana.
5. Ejecutar una política de
comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar, lograr una creciente
independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones
de nuestra moneda.
6. Tomar todas las medidas
conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide
esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir
medidas que adecuen el flujo de circulante a las reales necesidades del
mercado, controle y redistribuya el crédito y evite la usura en el comercio del
dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios.
Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas a
incentive el alza de los precios.
La garantía del
cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado
del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y
en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que asegurará el
cumplimiento de las tareas señaladas.
TAREAS SOCIALES
Las aspiraciones sociales
del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer. Quiere, por ejemplo,
viviendas dignas sin reajustes que esquilmen sus ingresos; escuelas y
universidades para sus hijos; salarios suficientes; que terminen de una vez las
alzas de precio; trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público,
alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas; una previsión
social sin privilegios, justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías,
jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares.
La satisfacción de estos
juntos anhelos del pueblo – que en verdad constituyen derechos que la sociedad
debe reconocerle – será preocupación preferente del Gobierno Popular.
Puntos básicos de esta
acción de gobierno serán:
a) Definición de una
política de remuneraciones, procediendo a crear de inmediato los organismos que
con participación de los trabajadores, determinarán cifras que efectivamente
constituyan sueldos vitales y salarios mínimos en las diversas zonas del país.
Mientras subsista la
inflación se procederá a establecer por ley reajustes automáticos, de acuerdo
con el alza del costo de la vida. Estos operarán cada seis meses o cada vez que
el costo de la vida supere un nivel de 5% todos los organismos del Estado, y en
primer lugar en los cargos de confianza del Ejecutivo, se limitarán los sueldos
altos a una cifra compatible con la situación de nuestro país.
Se procederá en un plazo
que será definido técnicamente, a establecer un sistema de sueldos y salarios
mínimos de niveles iguales para trabajos iguales, cualquiera sea la empresa
donde estos trabajos se realicen. Esta política se iniciará en el área estatal
para irla extendiendo a toda la economía, sin perjuicio de las diferencias
derivadas de productividades dispares en distintas empresas.
Del mismo modo se eliminará
toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos
y salarios.
b) Unificar, mejorar y
extender el sistema de seguridad social, manteniendo todas las conquistas
legítimas alcanzadas, eliminado los privilegios abusivos, la ineficiencia y el
burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los interesados,
extendiendo el sistema previsional a los sectores que aún no la tienen, y
entregando a los imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las
que funcionarán dentro las normas de la planificación.
c) Asegurar la atención
médica y dental, preventiva y curativa a todos los chilenos, financiada por el
Estado, los patrones y las instituciones de previsión. Se incorporará la
población a la tarea de proteger la salud pública.
Los medicamentos, sobre la
base de un estricto control de costos en los laboratorios y la racionalización
de la producción, se entregarán en cantidad suficiente y a bajo precio.
d) Se destinarán fondos
suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de edificación de viviendas.
Se desarrollará la industrialización de la construcción de la construcción
controlando sus precios, limitando el monto de las utilidades de las empresas
privadas o mixtas que operan en este rubro.
En situaciones de
emergencia se asignarán terrenos a las familias que los necesiten,
facilitándoles ayuda técnica y material para edificar sus viviendas.
El Gobierno Popular tendrá
como objetivo de su política habitacional que cada familia llegue a ser
propietaria de una casa habitación. Se eliminará el sistema de dividendos
reajustables. Las cuotas o rentas mensuales que deban pagar los adquirientes y
viviendas y arrendatarios, respectivamente, no excederán, por regla general,
del 10% del ingreso familiar.
Llevar adelante la
remodelación de ciudades y barrios, con el criterio de impedir el lanzamiento
de los grupos modestos a la periferia, garantizando los intereses del habitante
del sector remodelado, como del pequeño empresario a allí labore, asegurando a
los ocupantes su ubicación futura.
e) Se establecerá la plena
capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos los
hijos habidos dentro o fuera del matrimonio así como una adecuada legislación
de divorcio con disolución del vínculo, con pleno resguardo de los derechos de
la mujer y los hijos.
f) La división legal entre
los obreros y empleados será suprimida, estableciendo para ambos la calidad
común de trabajadores y extendiendo el derecho a sindicalizarse a todos
aquellos que actualmente no lo tienen.
CULTURA Y EDUCACION
El proceso social que se
abre con el triunfo del pueblo irá conformando una nueva cultura a considerar
humano como el más valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia
nacional y a conformar una visión crítica de la realidad.
Las profundas
transformaciones que se emprenderán requieren de un pueblo socialmente
consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto
científica y técnicamente para desarrollar la economía de transición al
socialismo y abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas
manifestaciones del arte y del intelecto.
Si ya hoy la mayoría de las
intelectuales y artistas luchan contra las deformaciones culturales propias de
la sociedad capitalista y tratan de llevar los frutos de su creación a los
trabajadores y vincularse a su destino histórico, en la nueva sociedad tendrán
un lugar de vanguardia para continuar con su acción. Porque la cultura nueva no
se creará por decreto; ella surgirá de la lucha por fraternidad contra el
individualismo; por la valorización del trabajo humano contra su desprecio; por
los valores nacionales contra la colonización cultural; por el acceso de las
masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación contra su
comercialización.
El nuevo Estado procurará
la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a
través de un sistema educacional radicalmente transformado, como a través del
establecimiento de un sistema nacional de cultura popular. Una extensa red de
Centros Locales de Cultura Popular impulsará la organización de las masas para
ejercer su derecho a la cultura.
El sistema de cultura
popular estimulará la creación artística y literaria y multiplicará los canales
de relación entre artistas o escritores con un público infinitamente más vasto
que el actual.
La acción del nuevo
Gobierno se orientará a entregar las más amplias y mejores oportunidades educacionales.
En el cumplimiento de estos
propósitos influirá el mejoramiento general de las condiciones de vida de los
trabajadores y la consideración, en el nivel que corresponde, de las
responsabilidades de los educadores. Además se establecerá un Plan Nacional de
Becas lo suficientemente extenso como para asegurar la incorporación y la
continuidad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a los hijos de la
clase obrera y del campesinado.
Por otra parte, el nuevo
Estado desarrollará un plan extraordinario de construcción de establecimientos
escolares, apoyado en recursos nacionales y locales movilizados por los órganos
básicos de poder. Se expropiarán las edificaciones suntuarias que se requieren
para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados. Por estos medios
se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada (básica y media), en cada
comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile.
Con el fin de atender las
necesidades de desarrollo propias de la edad preescolar y para posibilitar la
incorporación de la mujer al trabajo productivo, se extenderá rápidamente el
sistema de salas-cuna y jardines infantiles, otorgando prioridad a los sectores
más necesitados de nuestra sociedad. Por efecto de esta misma política, la
niñez obrera y campesina estará más apta para ingresar y permanecer
provechosamente en el sistema escolar regular.
Para hacer una nueva
enseñanza se requiere la aplicación de métodos que pongan énfasis en una
participación activa y crítica de los estudiantes en su enseñanza, en vez de la
posición pasiva y receptiva que ahora deben mantener.
Para liquidar rápidamente
los déficit culturales y educacionales heredados del actual sistema, se llevará
a cabo una amplia movilización popular destinada a eliminar a breve plazo el
analfabetismo, a eliminar los niveles de escolaridad de la población adulta.
La educación de adultos se
organizará principalmente en función de los centros laborales, hasta hacer
posible el funcionamiento permanente de la educación general, tecnológicamente
y social para los trabajadores.
Las transformaciones del
sistema educacional no serán obra sólo de técnicos sino tarea estudiada,
discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones de maestros,
trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos generales
de la planificación nacional. Internamente, el sistema escolar de unidad,
continuidad, correlación y diversificación de la enseñanza.
En la dirección ejecutiva
del aparato educacional habrá efectiva representación de las organizaciones
sociales ya señalas, integradas en Consejos Locales, Regionales y Nacional de
Educación.
Con el objeto de hacer
realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y
democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los
establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su
alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa.
Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de
la educación privada.
La educación física y las
prácticas de todos los deportes, desde los niveles básicos del sistema
educacional y en todas las organizaciones sociales de jóvenes y adultos serán
la preocupación constante y metódica del Gobierno Popular.
El Gobierno de Unidad
Popular prestará un amplio respaldo al proceso de la Reforma Universitaria e
impulsará resueltamente su desarrollo. La culminación democrática de este
proceso se traducirá en importantes aportes de las universidades al desarrollo
revolucionario chileno. Por otra parte, la reorientación de las funciones
académicas de docencia, investigación y extensión en función de los problemas
nacionales será alentada por las realizaciones del Gobierno Popular.
El Estado asignará a las
universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus
funciones y su efectiva estatización y democratización. Consecuentemente, el
gobierno universitario corresponderá a sus respectivas comunidades.
A medida que en el conjunto
del sistema educacional se eliminen los privilegios de clases se hará posible
el ingreso de los hijos de los trabajadores a la Universidad y permitirá
también a los adultos, ya sea mediante becas especiales o a través de sistemas
de estudio y trabajo simultáneo, ingresar a cursos de nivel superior.
Estos medios de
comunicación (radio, editoriales, televisión, prensa, cine), son fundamentales
para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo. Por eso se
deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter
comercial, adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan
de estos medios eliminando en ellos la presencia nefasta de los monopolios.
El sistema nacional de
cultura popular se preocupará especialmente del desarrollo de la industria
cinematográfica y de la preparación de programas especiales para los medios de
comunicación masiva.
POLITICA INTERNACIONAL
DEL GOBIERNO POPULAR
La política internacional
del Gobierno Popular estará dirigida a:
Afirmar la plena autonomía
política y economía de Chile.
Existirán relaciones con
todos los países del mundo, independiente de su posición ideológica y política,
sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo
Chile.
Se establecerán vínculos de
amistad y solidaridad con los pueblos independientes o colonizados, en especial
aquellos que están desarrollando sus luchas de liberación e independencia.
Se promoverá un fuerte
sentido latinoamericano y antiimperialista por medio de una política
internacional de pueblos antes que de cancillerías.
La defensa decidida de la
autodeterminación de los pueblos será impulsada por el nuevo Gobierno como
condición básica de la convivencia internacional. En consecuencia su política
será vigilante y activa para defender el principio de no intervención y para
rechazar todo intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo intentado
por los países imperialistas.
Se reforzarán las
relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas.
La posición de defensa
activa de la independencia de Chile implica denunciar la actual OEA, como un
instrumento y agencia del imperialismo norteamericano y luchar contra toda
forma de panamericanismo implícito en esa organización. El Gobierno Popular
tenderá a la creación de un organismo realmente representativo de los países
latinoamericanos.
Se considera indispensable
revisar, denunciar y desahuciar, según los casos, los tratados o convenios que
signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los
tratados de asistencia recíproca, los pactos de ayuda mutua y otros pactos, que
Chile ha suscrito con los EE.UU.
La ayuda foránea y
empréstitos condicionados por razones políticas, o que impliquen la imposición
de realizar las inversiones que deriven de esos empréstitos en condiciones que
vulneren nuestra soberanía y que vayan contra los intereses del pueblo serán
rechazados y denunciados por el Gobierno. Asimismo se rechazará todo tipo de
imposiciones foráneas respecto a las materias primas latinoamericanas, como el
cobre, y a las trabas impuestas al libre comercio que se han traducido durante
largo tiempo en la imposibilidad de establecer relaciones comerciales
colectivas con todos los países del mundo.
Las luchas que libran los
pueblos por su liberación y por la construcción del socialismo recibirán la
solidaridad efectiva y militante del Gobierno Popular.
Toda forma de colonialismo
o neocolonialismo será condenada y se reconocerá el derecho a la rebelión de
los pueblos sometidos a esos sistemas. Asimismo toda forma de agresión
económica, política y/o militar provocada por las potencias imperialistas. La
política internacional chilena debe mantener una posición de condena a la
agresión norteamericana en Vietnam y de reconocimiento y solidaridad activa a
la lucha heroica del pueblo vietnamita.
Del mismo modo se
solidarizará en forma efectiva con la Revolución Cubana, avanzada de la
revolución y de la construcción del socialismo en el continente
latinoamericano.
La lucha antiimperialista
de los pueblos del Medio Oriente contará con la solidaridad del Gobierno
Popular, el que apoyará la búsqueda de una solución pacífica sobre la base
árabe y judío.
Se condenará a todos los
regímenes reaccionarios que promueven o practiquen la segregación racial y el
antisemitismo.
En el plano latinoamericano
el Gobierno Popular propugnará una política internacional de afirmación a la
personalidad latinoamericana con el concierto mundial.
La integración
latinoamericana deberá ser levantada sobre la base de economías que se hayan
liberado de las formas imperialistas de dependencia y explotación. No obstante
se mantendrá una activa política de acuerdos bilaterales en aquellas materias
que sean de interés para el desarrollo chileno.
El Gobierno Popular actuará
para resolver los problemas fronterizos pendientes en base a negociaciones que
prevengan las intrigas del imperialismo y los reaccionarios teniendo presente
el interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes.
La política internacional
chilena y su expresión diplomática deberá romper toda forma de burocratismo o
anquilosamiento. Deberá buscarse a los pueblos con el doble fin de tomar de sus
luchas lecciones para nuestras propias experiencias de manera que en la
práctica se construya la solidaridad internacional que propugnamos.
