Editorial de El Siglo, edición 1714 del 9 de mayo 2014
“Las
reformas políticas, un requisito para los cambios sociales”.
La presidenta Michelle Bachelet ha enviado varios proyectos de ley en la
línea de sus compromisos con quienes la eligieron con una gran votación a la
presidencia de la república. Dos grandes transformaciones serán sometidas al
debate parlamentario: la Reforma Tributaria y la Reforma Electoral. A ello se
agregan diferentes proyectos de ley que se inscriben en otros ejes centrales de
la administración de la Nueva Mayoría. Y, muy particularmente, la reforma a la
educación.
Al reemplazo de la Constitución de la dictadura por otra de génesis y
contenido democrático, cuyo tratamiento se encuentra en plena discusión
ciudadana, se agrega lo que se dado en llamar el “cuarto eje”: los cambios a la
legislación laboral, igualmente herencia de la dictadura.
La elocuente demostración de la urgencia de los cambios en el campo laboral
que constituyó la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el
1º de mayo, es el más elocuente argumento en defensa de modificaciones que
devuelvan a los trabajadores su potencial representativo a través de sus
organizaciones sindicales. Se halla en curso la iniciativa para sepultar un
sistema electoral signado por un binominalismo que es considerado al menos como
superado, porque habría cumplido los objetivos para el que fue impuesto al país
junto con los distritos y circunscripciones electorales diseñados para permitir
a una minoría igualar su representación parlamentaria con una mayoría. En esto,
el gobierno ha sido categórico.
Algo que deberá ser tomado en consideración por los sectores sociales
directamente interesados en los cambios a la legislación y las prácticas en el
espacio laboral, es la estrecha correspondencia entre sus reivindicaciones y la
posibilidad abierta por el gobierno de modificar en un sentido democrático la
composición de las cámaras legislativas.
Y ello vale para todas las reformas necesarias para instalar una democracia
cada vez más avanzada, así como para hacer posibles los cambios que, al menos,
“emparejen la cancha”, como suele decirse, en la relación entre trabajadores y
patrones, entre capital y trabajo. No se trata, pues, de un simple cambio que
modifique el número de parlamentarios o el costo en dinero del poder
legislativo en el erario nacional.
Lo que está en juego, en lo esencial, es la posibilidad de un poder
legislativo que sea un reflejo lo más cercano posible a la realidad de una
nación plural, compuesta por clases sociales, sectores intermedios, pueblos
originarios que demandan respeto a su cultura, diversidades etarias y
regionales.
No menos importante como un requisito esencial de toda reforma política, es
la garantía de respeto a la expresión y representación en los órganos de poder
de las minorías de todo signo.
Debe quedar muy claro que ninguna reforma que ataque al fondo de las
discriminaciones y de las injusticias, será posible en nuestro país sin un
profundo cambio en la forma en que se elijan las representaciones ciudadanas.
De allí deriva la urgencia de los cambios propuestos y la necesidad de
involucrarse en su discusión desde todas las instancias en las que es posible
manifestarse: partidos políticos, organizaciones vecinales, federaciones
estudiantiles, sindicatos, sectores profesionales.
Para que “el soberano” –el pueblo- pueda exigir a sus representantes una
conducta fiel a sus mandatos, es imprescindible que ellos –los “representantes- hayan sido elegidos en los términos más
amplios y democráticos posibles. Y eso está, también, en el corazón de las
reformas que serán objeto de debate en los próximos tiempos.
