Iván
Ljubetic Vargas, historiador del
Centro
de Extensión e Investigación
Luis
Emilio Recabarren, CEILER
EL CASO CORPESCA
La investigación de este caso se inició en 2013.
Fue por los reiterados
aportes económicos de CORPESCA,
empresa pesquera controlada por el grupo Angelini, al senador Jorge
Orpis y la diputada Marta Isasi, ambos de
Asimismo, se pudo identificar contratos falsos entre Orpis y el Senado, para defraudar al Fisco por la vía de asignaciones parlamentarias.
Orpis –senador entre
2002 y 2016, según la acusación
de
El 24 de mayo de 2016 informaba “Cambio
“Durante la instancia de hoy, el Ministerio Público le
atribuyó a Orpis haber infringido los deberes propios de su cargo al recibir
pagos de Corpesca durante su desempeño como senador a cambio de representar los
intereses de la empresa en el Congreso al momento de legislar. Según agregó, el
imputado habría utilizado los dineros entregados por la firma entre los años
2009 y 2013, para pagar, incluso, gastos personales como las contribuciones de
sus inmuebles, lavandería y tarjetas de crédito. Asimismo,
habría destinado parte de los fondos para pagar su membresía en el Club de
Yates y algunas deudas políticas”.
El 16 de agosto de 2016, “El Mostrador” tituló: El artículo en
EL JUICIO ORAL DEL CASO CORPESCA
Con fecha 2 de diciembre de 2020, “El Mostrador” informa:
“El juicio oral del caso Corpesca se inició el 25 de marzo
de 2019, con cinco acusados, entre ellos la empresa de la familia Angelini,
imputada como persona jurídica, tal cual fue corroborado hoy por el tribunal,
por los delitos de soborno perpetrados por su entonces gerente general Fernando
Mujica. En contra de la compañía,
En el veredicto de hoy, el tribunal también decidió
declarar culpable a Raúl Lobos, exasesor de Orpis, por fraude al Fisco por el
caso de un contrato.
SIETE AÑOS DESPUÉS
Después de 7 años de investigación, 103 testigos y 1.117 documentos aportados solo por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio lectura al veredicto del caso Corpesca, el primer juicio oral de financiamiento ilegal de la política, declarando culpables al exsenador UDI Jaime Orpis por 6 delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho y a la exdiputada Marta Isasi por el delito de cohecho.
La lectura develó una trama de engaños como entrega de boletas falsas, asesorías truchas, servicios no prestados, lobby empresarial y pagos inflados en el primer caso de platas negras en la política que se cruza además con la tramitación de la polémica Ley Longueira.
En el caso de ambos exparlamentarios, además, el tribunal desestimó la acusación de delitos tributarios reiterados presentada por el Ministerio Público. Uno de los argumentos esgrimidos -en el caso particular de Isasi- fue la no presentación por parte del Servicio de Impuestos (SII) de la querella correspondiente.
También fue condenada por soborno Corpesca, la empresa del
Grupo Angelini como persona jurídica. El tribunal desestimó eso sí la acusación
de delitos tributarios reiterados presentada contra los dos exlegisladores por
el Ministerio Público.
El caso se relaciona con la corrupta Ley de Pesca, dado
que se incorporó a último minuto un artículo mediante el cual por tres años la
pesquera del Grupo Angelini se benefició de un “techo” al pago de impuestos que
le ahorró $4.670 millones. El artículo fue propuesto por los senadores Jaime
Orpis y Fulvio Rossi. Respecto a este último,
En procedimiento abreviado, fueron condenados Francisco Mujica Ortúzar, ex gerente de Corpesca por el delito reiterado de sobornos y por delitos tributarios reiterados, y Georgio Carrillo Vercelino, principal asesor de la diputada Marta Isasi hasta noviembre de 2011, quien fue condenado por delitos tributarios a 61 días y multa por las asesorías a la firma para el sector pesquero, entre otros.
Del caso Corpesca se desprendió la arista Asipes, una
investigación desformalizada sobre el financiamiento de parlamentarios de la
región del Biobío, mientras se tramitaba
La audiencia de comunicación del fallo se llevará a efecto
el 16 de abril de
EL CASO
CORPESCA ES SÓLO UNO QUE MUESTRA LA
CORRUPCION DE
EL CASO
PENTA
En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete personas ligadas a las Empresas Penta —entre ellos sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público. Según la acusación inicial, el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que está entre los $260 a $660 millones de pesos.
El llamado «caso Penta», o «Pentagate», tomó ribetes
políticos en octubre de 2014, cuando un ex ejecutivo del Grupo Penta, Hugo
Bravo, declaró que el grupo había hecho donaciones irregulares a políticos del
partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para financiar sus campañas
electorales.
Jovino Novoa fue el primero, pero no el último de los
militantes de
Todos ellos dentro de la investigación encabezada por el
fiscal Carlos Gajardo -que lidera
Sólo por delitos tributarios (¿y los otros?) Jovino Novoa fue condenado a una pena remitida de tres años de presidio en grado menor, más una multa de 5 unidades tributarias anuales, que podrá pagar en cómodas cuotas mensuales. Se le eximió, además, de las costas del proceso.
En el marco de la indagatoria por el caso Penta, el Jovino
se convirtió en el primer condenado y sentenciado de
Juan Carlos Valdés, juez del Octavo Juzgado de Garantía, dictaminó:
“1. Se condena
a Enrique Manuel Jovino Novoa Vásquez, ya individualizado y sancionado como
autor de delito tributario (...) a sufrir la pena única de tres años de
presidio menor en su grado medio, más la suspensión legal de cargo u oficio
público durante el tiempo de la condena, más la multa del 50% de los impuestos
defraudados, y que se determinaron en la suma de $15.318.298 y que le
corresponderá la cantidad total de $7.659.149. Asimismo, queda condenado al
pago de 5 UTA, correspondientes al valor determinado al periodo sancionado de
2013.
2. Se le concede la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, por el término de 3 años. Novoa deberá presentarse al Centro de reinserción social correspondiente a su domicilio, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que quede firme y ejecutoriada la presente sentencia…”
La condena al pinochetista fue la primera en dictarse dentro de las investigaciones por corrupción en la política. Y levantó una ola de descontento en el país. Todos los sectores democráticos pedían cárcel para este delincuente de cuello y corbata.
SUMA Y SIGUE: EL CASO SOQUIMICH
NUEVA QUERELLA DEL CDE CONTRA LONGUEIRA
“
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó la
querella por cohecho agravado y reiterado contra el exministro Pablo
Longueira, fundador de
Según el documento al que accedió
También asegura que “Longueira recibió dádivas encubriéndolas o disfrazándolas de servicios prestados por terceros a la empresa para ocultar su origen irregular(…) en virtud de las dádivas recibidas…
Longueira actúa como un verdadero gestor particular de SQM al realizar diversos actos orientados a favorecer los intereses particulares de esta empresa, con detrimento de los intereses públicos que debía representar”.
En la querella se afirma que el uso de las boletas ideológicamente falsas fue para ocultar el “pago de coimas a Pablo Longueira, al mismo tiempo que justificar contablemente al interior de la empresa la transferencia ilícita de dineros, obteniendo además una rebaja tributaria espuria”.
El CDE también le reprochó no haberse inhabilitado en
ninguno de sus roles públicos respecto a políticas que beneficiaran a SQM, sino
que por el contrario, abogó por ellas.
¡La corrupción es parte del
ADN de los de
