Editorial de El Siglo, edición 1696 del 10 de enero 2014
“Así
andamos por casa…”
Poca prensa lo informó, pero El Mostrador lo consigna con suficiente
amplitud en su edición del 3 de enero: Acciones “A las 12.30 terminó la marcha
en la que participó César Reyes el 8 de mayo pasado (estudiante que este año
terminó enseñanza media en el Liceo Barros Borgoño y rindió la PSU). Tres horas
después, en Cumming con Alameda, esperaba el bus del Transantiago que lo
llevaría a su casa. Pero, según cuenta, de un Chevrolet Optra plateado se
bajaron agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y lo obligaron a subir
con la excusa de que estaba robando un notebook.
En testimonio en la Oficina de Prensa para América Latina (OPAL), el
estudiante de 17 años cuenta: “Ellos dicen que fue una detención, para mí es un
secuestro. Me metieron a un auto entre varias personas... Fui llevado a la
calle Agustinas en las inmediaciones del Liceo Amunátegui. Me subieron a otro auto, negro, con los
vidrios polarizados… me esposaron con las manos en la espalda y la cabeza entre
las piernas… Me golpearon con codazos y puños en la espalda, la cabeza y por
ello perdí parte de una pieza dental. Después de más de una hora llegué a un
cuartel en Las Condes, donde en ningún momento dijeron que eran de la PDI… Se
me metió a una oficina. Cerca de diez oficiales, o más, me sentaron en una
silla, todavía esposado. Me golpearon, me hicieron preguntas, me obligaron a
entrar a mi Facebook a punta de amenazas y de maltrato. Me obligaron a dar mis
contraseñas, se metieron en mis contactos. Me dijeron que buscara entre ellos
quienes estaban en la marcha. Se metieron a ver las fotos de los contactos y me
preguntaron específicamente por cada uno de ellos, y si estaban en la marcha. Me
obligaron a desnudarme, me quitaron los cordones y me dejaron en el calabozo
para que me vistiera. Recién pude salir cuando llegaron mis familiares a verme.
El oficial Torres me amenazó personalmente que me iba a seguir toda la vida,
que si botaba un papel en la calle se iba a bajar a sacarme la cresta. Que en
un rato más me iba a sacar las esposas y, en sus propias palabras, nos íbamos a
ver frente a frente, mano a mano peleando”.
El oficial Flavio Torres fue formalizado por los delitos de apremios
ilegítimos y delito informático y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago
decidió mantenerlo privado de libertad durante los 90 días de las indagatorias.
En una actitud que a lo menos puede calificarse de complicidad, el ministerio
del Interior se niega a entregar los nombres de los otros oficiales de la PDI
involucrados.
¿Dónde ocurrió este “lamentable” episodio? No se equivoque nadie: no fue en
alguno de esos países que desde la prensa y personeros de la derecha son
estigmatizados por su “falta de democracia” y por “crueles atentados a los
DDHH”. No: esto ocurrió a plena luz del día en la capital de Chile, y sus
autores, o fechores –en otras palabras, “facinerosos”- son agentes del Estado
chileno.
Así andamos por casa…
Los encargados de la seguridad y el orden públicos, los “protectores” y
garantes del imperio de los derechos civiles, cuentan entre sus filas a
calificados violadores de esos derechos.
Se podrá argüir que se trata de
“casos aislados” y que, como siempre, las responsabilidades son “personales” y
no institucionales. Pero en este caso, como en otros, las evidencias son
indesmentibles: uso de horarios, vehículos y dependencias de un organismo del
Estado. Y ello implica una responsabilidad institucional que debieran haber
asumido ya sus autoridades superiores. El no hacerlo, constituye un atentado
flagrante a los DDHH y a la institucionalidad vigente.
Esta es –ella sí, lamentable- nuestra realidad.
Así andamos por casa.
