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lineamientos programáticos para
Una
convergencia opositora hacia la superación de la desigualdad
Patricio Palma
Responsable
por el Partido Comunista del equipo programático de la oposición.
Los enclaves autoritarios, la baja
participación ciudadana en la política, la desigualdad social y la carencia de
derechos laborales básicos, son los principales obstáculos para el desarrollo
del país.
Buscamos conformar una amplia unidad de la
oposición, que permita desplazar a la derecha del gobierno y abrir el camino a
un gobierno diferente, que profundice la insuficiente democracia actual en la
perspectiva de transformaciones más profundas.
En esa dirección, construir un programa que
sintetice los asuntos centrales en debate y sobre los cuales una convergencia
opositora alcance una mirada común resulta esencial.
Planteamos que son 5 los ejes programáticos
que pueden marcar el compromiso de las fuerzas de una oposición unida ante el
país, que den cuenta de las grandes ideas fuerza que inspirarán su acción y de
las principales orientaciones que enmarcarán los desafíos a abordar en un
período tan breve como son 4 años de gobierno.
1.
Las indispensables reformas constitucionales
Se requiere generar una nueva organización
política de la sociedad chilena. Un nuevo marco constitucional deberá estar basado en:
a) la representación en las
instancias de gobierno de todos los sectores políticos, organizados como
partidos políticos o como fuerzas que se definan con posiciones independientes
de ellos;
b) la participación de las
organizaciones sociales;
c) un nuevo equilibrio entre el
gobierno, el parlamento, las regiones y las comunas; y
d) una efectiva igualdad de
derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos.
Sin embargo, no basta sólo con una nueva
constitución. Ella por sí sola ordena pero no resuelve todos los problemas. El
paso conjunto, o siguiente, es adecuar la legislación nacional a los principios
de la nueva institucionalidad. El Código Penal, el Código Civil, la legislación
laboral, la económica, la reguladora de la inversión extranjera, la ley
“antiterrorista”, la
Justicia Militar, las leyes orgánicas constitucionales, las
normas de protección medioambiental, etc., deberán corresponderse con el nuevo
marco institucional.
En la perspectiva de una nueva constitución,
propuesta por una asamblea constituyente, se requiere hoy al menos:
1.1- Poner fin al nefasto
sistema electoral binominal.
1.2- Aprobar el voto de los
chilenos en exterior, sin condiciones.
1.3- La elección directa del
jefe de gobierno regional y de los CORES.
1.4- Una reforma del estado en
dirección a una efectiva descentralización.
1.5- Poner límites a la
reelección de autoridades.
1.6- Abrir la iniciativa
ciudadana de ley.
1.7- Establecer el plebiscito
vinculante como herramienta ciudadana de solución de conflictos nacionales.
1.8- Alcanzar la plena
representación de los pueblos originarios, en el marco de un estado
multinacional.
1.9- Ampliar el recurso de
protección a los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.
Teniendo presente que: El desarrollo de la
democracia en Chile requiere no solamente de una institucionalidad eficiente,
descentralizada y representativa, sino también de una sociedad civil vigorosa,
activa y dinámica, apoyamos el accionar de las organizaciones sociales y
estimulamos el fortalecimiento de la sociedad civil para que la participación
ciudadana se convierta en un verdadero instrumento de influencia y decisión de
la comunidad organizada en la formulación, ejecución y evaluación de políticas
públicas.
2.
Las necesarias y urgentes reformas laborales.
Hoy es evidente que la capacidad de negociación
de los trabajadores asalariados -la mayoría del país- se ha visto seriamente
restringida por el actuar de las dirigencias patronales y del propio estado.
Como
resultado, los salarios son insuficientes y el empleo es precario.
El aumento de la sindicalización, el
fortalecimiento de una Central Unitaria de Trabajadores y la extensión de la
negociación colectiva son instrumentos fundamentales para corregir esta
situación. Solo así se podrá mejorar en el mediano y largo plazo el ingreso de
los trabajadores y superar la distribución existente en el país, con justa
razón calificada de “escandalosa” por la Iglesia Católica.
Planteamos la urgente necesidad de reformas
laborales, que en lo esencial significan:
2.1- Establecer la sindicalización obligatoria.
2.2- Establecer el derecho
efectivo a huelga, eliminando la figura del reemplazo que contempla el actual
Código Laboral.
2.3- Modificar el Código del Trabajo,
para establecer la negociación colectiva obligatoria en cada empresa, en la que
el único negociador por la parte laboral sea el sindicato.
2.4- Término del Multirut.
2.5- Establecer la negociación
por rama de la producción o por holding según corresponda.
2.6- Una revisión profunda de
los reiterados incumplimientos de las instituciones del estado en materia
laboral.
2.7- Una profunda revisión del
Sistema de Pensiones (AFP), en la perspectiva de sustituir la capitalización
individual de administración privada por una de carácter mixto (individual,
patronal y solidario) y avanzar hacia un sistema estatal de
administración.
3.
La redefinición del papel del estado en la economía y la sociedad, incluyendo
su financiamiento.
Un cambio de la actual estrategia de desarrollo
–la que genera la desigualdad- será posible sobre la base de activas
organizaciones sociales movilizadas y de un estado que:
3.1-
Juegue un rol emprendedor en la reindustrialización del país.
3.2- Proteja y estimule a los
pequeños y medianos productores privados, así como a las cooperativas.
3.3- Fortalezca las empresas del
estado y las empresas mixtas.
3.4- Defienda los intereses de
los consumidores para terminar con la impotencia del ciudadano frente al
mercado, fuente de abusos inaceptables y origen de la indignación de los
chilenos expresada en las grandes movilizaciones de 2011 y 2012. Creación de
una Fiscalía Nacional del Consumidor.
3.5- Potencie su capacidad
fiscalizadora en protección de los derechos de los trabajadores.
3.6- Asegure el ejercicio pleno
de la soberanía económica sobre los recursos mineros, pesqueros, hídricos,
forestales y energéticos.
3.7- Regule y controle
apropiación de renta por las inversiones extranjeras (revisión de los actuales
esquemas de royalties) y las concentraciones monopólicas que manipulan los
mercados.
3.8- Proteja el medioambiente y
asuma un rol central en la definición e implementación de una política
energética para el siglo XXI.
3.9- Promueva y realice una
estrategia de integración y cooperación con los países de América Latina.
Un estado que juegue este papel -solidario y
ya no más subsidiario- requiere disponer de los recursos provistos por una
Reforma Tributaria de verdad, tal como lo estableció la Comisión Técnica
de los partidos de la
Oposición en su documento de abril de 2012.
4.
El aseguramiento de sus derechos fundamentales a todos los chilenos.
Nos proponemos promover crecimiento económico
con calidad de vida para todos los chilenos. Asegurar calidad de vida es garantizar
los derechos básicos de las chilenas y los chilenos:
4.1- A vivir en la vigencia plena y permanente de los derechos humanos
frente a toda actuación irregular de agentes represivos del estado. Garantizar
el fin de la impunidad, con verdad y justicia.
4.2-
A optar a un empleo digno y adecuadamente remunerado.
4.3- A disponer de una educación
pública, completa, gratuita y de calidad que no discrimine según el origen
social de los estudiantes.
4.4- A contar con una salud
pública universal de calidad, con acceso oportuno garantizado (ampliación
efectiva de atención primaria, servicios de urgencia y AUGE) y con un sistema
de copago solidario.
4.5- A acceder a una vivienda adecuada para su familia.
4.6- A acceder a una pensión
digna mínima garantizada al término de la vida laboral activa
4.7- Al disfrute de todas las
manifestaciones de la cultura, el arte, la práctica deportiva y la realización
de la vida social según los intereses de cada uno.
4.8- A la libertad personal de
decidir libremente el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
5.
La revisión de nuestra política exterior, con una vocación latinoamericana.
Existe la posibilidad de avanzar a una
integración regional bajo parámetros distintos a los de la globalización transnacional.
Los ejemplos de colaboración entre países, como UNASUR o el ALBA, iniciativas
como el Banco del Sur y sistemas de cooperación económica y social como la CELAC ponen de manifiesto
las inmensas potencialidades que ello tiene. Los acuerdos de libre comercio
(TLC) suscritos por Chile deben aplicarse resguardando los intereses de los
productores nacionales.
El futuro de América Latina puede construirse
con lo mejor de cada pueblo partiendo de premisas esenciales, tales como:
5.1- La integración energética
sostenible en el tiempo y armónica con el medioambiente.
5.2- Acuerdos de integración,
poniendo también acentos en la micro, pequeña y mediana empresa de la región y
en políticas de desarrollo e innovación científica y tecnológica.
5.3- El respeto y reconocimiento
a las culturas y derechos de autonomía de las comunidades originarias,
incluyendo la protección y estímulo a su producción artesanal.
5.4- La resolución pacífica de los conflictos históricos entre los
países.
5.5- El fortalecimiento de los
procesos democratizadores en concordancia con los procesos histórico-culturales
de cada país.
5.6- El avance hacia una
política migratoria que reconozca una identidad latinoamericana.
