domingo, 8 de octubre de 2017

Unidad en defensa de las instituciones catalanas





Editorial de www.realitat.cat, órgano de expresión de Comunistes de Catalunya

5 de octubre de 2017

Cataluña ha vivido en los últimos días una movilización popular sin precedentes en defensa de la democracia y el derecho a la autodeterminación. Ha sido una movilización de dimensiones gigantescas, absolutamente unitaria y transversal, que ha unido a personas de sectores sociales muy variados, a organizaciones sociales y políticas muy diferentes, a personas partidarias de la independencia y a muchas otras que, sin serlo, se han sentido apeladas a movilizarse en defensa de valores fundamentales y como muestra de rechazo a la intransigencia y la represión del Estado.

La victoria de la organización popular

La jornada del 1 de octubre y el paro de país del día 3 marcan un importante hito de la sociedad catalana, después del cual ya nada volverá a ser lo mismo. Ciertamente, la pluralidad y diversidad de esta movilización han sido determinantes para su éxito. Todas las personas y organizaciones que han participado, lo han hecho desde la legítima subjetividad de sus convicciones, en el marco de estrategias políticas muy diferentes y, incluso, opuestas en ciertos aspectos centrales. Todas, sin embargo, compartían un conjunto mínimo de principios sobre los que ha sido posible forjar esta positiva unidad.

El éxito de la movilización supone una victoria del pueblo de Cataluña en su conjunto, una victoria moral, pero también organizativa y política. Supone el reconocimiento internacional de la existencia de una "cuestión catalana" y pone en evidencia la escasa calidad democrática del sistema institucional español. Ha supuesto colocar Cataluña como vanguardia y referente de las luchas populares y democráticas del mundo, una posición que hay que administrar con cuidadosa responsabilidad.

La reacción del Estado sólo ha sido la represión

En respuesta a este movimiento, España sólo ha reaccionado con represión. Primero con la instrumentalización de los tribunales y los medios de comunicación de masas, después con la utilización de las fuerzas policiales para la represión de la ciudadanía organizada. Ésta no ha sido sólo la respuesta de un gobierno reaccionario puntual, sino la de todo el aparato de un Estado absolutamente cohesionado en su posicionamiento contrario al diálogo.

Ha sido el gobierno del Partido Popular el que ha dado la orden de reprimir, pero lo ha hecho con el apoyo de una parte importante de la oposición parlamentaria y con la absoluta complicidad del resto de poderes. El PSOE, sólo ha sido capaz, hasta el momento, de cuestionar la conveniencia y la proporcionalidad de la represión y los únicos posicionamientos contrarios han llegado de Izquierda Unida y de Podemos, así como de las fuerzas políticas nacionalistas vascas y gallegas.

El conflicto ha sacado a la luz de manera abierta a la extrema derecha franquista latente. Por si todo esto fuera poco, el ciclo represivo ha culminado con un discurso de Felipe VI completamente cerrado a cualquier diálogo, que niega la existencia de Cataluña como sujeto político y legitima cualquier represión para garantizar el marco constitucional del régimen.

La fría reacción de una UE en descomposición

Aunque los medios internacionales han hecho un amplio eco de la represión policial durante la jornada del 1 de octubre y ésta ha sido rechazada de forma unánime, todo ello no ha hecho variar ni un poco la posición de la UE y de la mayoría de Estados de la comunidad internacional. Este sigue siendo un problema interno de España que debe resolverse en el marco constitucional, para el imperialismo otanista.

Las esperanzas de que la represión desencadenara una condena hacia España y forzara una intervención de la UE en defensa de al derecho a la autodeterminación de Cataluña, no se han visto satisfechas. La UE se ha revelado como lo que es, un instrumento del imperialismo financiero para la opresión de los pueblos. No es de esperar que esta actitud varíe, ni siquiera si la represión aumenta.

La UE cuenta actualmente entre sus miembros y entre sus aliados preferentes con numerosos Estados de escasa calidad democrática, caracterizados por su talante represivo, como Polonia, la República Checa, Turquía o Ucrania. Para el imperialismo, es sostenible y preferible una España represiva que garantice el desarrollo del sistema capitalista y la correcta aplicación de las políticas especulativas.

La posición de la UE se explica también por su crisis interna, arrojada a una fase descomposición difícilmente reversible. El Brexit, el ascenso de la extrema derecha y del euroescepticismo son sólo algunas manifestaciones visibles de este dinámica que ya está en marcha. La emancipación nacional de Cataluña, en un proceso de profundización democrática y social, sólo aceleraría esta descomposición y podría tener otras consecuencias indeseables para la UE. Al mismo tiempo, la crisis de la UE es un síntoma de una transformación más profunda: el hundimiento de la hegemonía occidental y el ascenso de una nueva multipolaridad que tiene su eje principal en el continente asiático.

Unidad en defensa de las instituciones catalanas

La situación actual tiene una salida compleja. Por un lado tenemos el Estado español, no al pueblo español, sino al Estado como estructura, un régimen tiránico y corrupto, surgido de las migajas de la dictadura franquista, que nunca ha llegado a ser una auténtica democracia, que camina con botas militares y que sostiene su legitimidad en la violencia y la opresión. Un Estado dirigido por un gobierno reaccionario y corrupto, que no cree en la democracia y instrumentaliza todas las instituciones políticamente con total impunidad. Un Estado que lanza a unos cuerpos policiales con brutalidad contra la población civil y pacífica.

Por otro lado, tenemos a Cataluña, un pueblo trabajador hecho de personas trabajadoras. Un pueblo explotado durante siglos por regímenes tiránicos y corruptos, un pueblo unido por una lengua, sino por dos, por una cultura y por una conciencia colectiva. Un pueblo que dispone de un proto-estado: con un parlamento soberano, con un gobierno propio, con un tribunal supremo y un código civil específico, con un cuerpo policial nacional, con un rico y activo tejido social. Un pueblo con voluntad de ser. Un pueblo indignado, un pueblo alzado, un pueblo sublevado que ha escogido de guía la persistencia. Un pueblo que, en el fondo, no está solo en su lucha porque cuenta con una gran solidaridad entre las clases populares de todo el Estado, víctimas de la misma opresión.

Todo parece indicar que la voluntad de los poderes del Estado es atacar al conjunto de instituciones catalanas, al amparo de una legislación que está específicamente diseñada para evitar cualquier intento de secesión y gracias al pretexto que le proporciona, a su entender, el movimiento soberanista catalán. No existen elementos para pensar que estén dispuestos a negociar una salida pactada o un referéndum, cuando son perfectamente conscientes de que la correlación de fuerzas interna y externa les deja mucho margen para la ofensiva y para la represión. Al contrario, han demostrado tener la convicción de que el único perdedor de esta batalla puede ser el pueblo de Cataluña.

En este sentido, la posibilidad de una Declaración Unilateral de Independencia que intentara legitimarse en la validez del referéndum del 1 de octubre, otorgaría al régimen un pretexto perfecto para ascender el nivel de su ofensiva represiva. La actuación judicial previa y la brutal represión policial durante la jornada de votación no han invalidado la legitimidad de la movilización, pero si que arrebataron cualquier posibilidad de que el resultado fuera reconocido como válido por la comunidad internacional.

Así, la estrategia unilateral ha topado con un muro que resulta insuperable con la actual correlación de fuerzas. No sólo eso, sino que el éxito de la movilización masiva de estos últimos días ha despertado una reacción muy amplia que podría llegar a amenazar las instituciones catalanas. Ciertamente, existe dentro del independentismo un sector importante que considera que el peor escenario de represión es la mejor oportunidad para la independencia efectiva, pero estos planteamientos ignoran de manera irresponsable la experiencia de lucha del pueblo de Euskadi.

En este contexto, se impone la unidad en la defensa de los valores democráticos y las instituciones catalanas, unas instituciones que unen y representan a una amplia mayoría popular y que conforman un consenso mayoritario en torno a principios republicanos y antifascistas, el reconocimiento de Cataluña como sujeto nacional y la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación. Se impone la profundización en las alianzas del movimiento popular catalán con el resto de movimientos populares que luchan por la ruptura democrática y la superación del régimen del 78. Se impone, en definitiva, la profundización en los procesos constituyentes que pueden hacer posible esta ruptura. La viabilidad de la República Catalana que defendemos está estrechamente vinculada al desarrollo de un proceso de ruptura en el conjunto del estado.

La emancipación nacional de Cataluña es inseparable de la emancipación social de la clase trabajadora y las clases populares que conforman la mayoría de la ciudadanía. Una ciudadanía mayoritariamente precarizada y abocada a la pobreza asalariada, como consecuencia de políticas activas de desindustrialización, deslocalización y privatización de recursos públicos. Esta emancipación es un objetivo que solicita de una estrategia de profundización democrática a largo plazo y, a pesar de que a alguien le cueste aceptarlo, también de una estrategia de confrontación de clase.