viernes, 18 de diciembre de 2015

Declaración Pública del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas.







Declaración Pública del Partido Comunista y de las Juventudes Comunistas.

Ante el fallo del Tribunal Constitucional que establece como discriminación arbitraria los requisitos de elegibilidad para las Instituciones de Educación Superior que no pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH) declaramos:
El paradigma que concibe a la educación como un bien de consumo, ha generado una profunda crisis a nuestro sistema educacional, promoviendo una educación altamente segregada, donde proliferan instituciones de dudosa calidad y que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos, a costa de los sueños y anhelos de miles de jóvenes y niños chilenos y de sus familias.

Es por esta situación -denunciada por el conjunto de la sociedad en masivas e históricas movilizaciones convocadas por los actores sociales- que el gobierno de la Nueva Mayoría ha impulsado, no sin dificultades, un conjunto de medidas que buscan establecer la educación como un derecho social, al que se acceda de manera inclusiva, sin depender de la capacidad de pago de las familias y sin condenar a los jóvenes a deudas largas y onerosas. En este escenario, se impulsó vía ley de presupuesto un primer paso para la gratuidad de la educación superior, no definitivo, pero fundamental para ir materializando esta nueva política y permitir que desde el próximo año miles de jóvenes empiecen a estudiar de manera gratuita.

El Tribunal Constitucional al rechazar la propuesta de gratuidad aprobada mayoritariamente por el Congreso, defiende los intereses de unos pocos, que han hecho de la educación su negocio y que han utilizado todo tipo de mecanismos para evitar que se conquiste la nueva educación que la sociedad chilena reclama. Este Tribunal, institución guardiana de una Constitución ilegítima generada en dictadura, es el último recurso utilizado por una derecha que busca torcer la mano a las aspiraciones de justicia social de una amplia mayoría. La ciudadanía debe sacar lecciones de esta grave maniobra. A través de esta decisión se nos está informando que toda reforma que busque terminar con el lucro y los valores impuestos por el mercado para garantizar derechos básicos como la educación, la salud o la previsión, será abortada en tanto no nos dotemos de una nueva Constitución, democrática y al servicio de las grandes mayorías. Llamamos a la ciudadanía a organizarse para dar inicio al gran debate nacional que nos permita elaborar esa nueva carta fundamental y acabar de una vez por toda con estos enclaves autoritarios.

Valoramos las declaraciones de la Presidenta de no claudicar sobre estos anhelos y de seguir impulsando una reforma que garantice una educación pública, gratuita y de calidad. Para ello creemos imprescindible que la gratuidad para el 2016 sí se lleve a cabo, pero sin ceder ante quienes buscan subterfugios para que el Estado siga financiando un modelo en crisis: la gratuidad debe ser vía aportes basales, y dirigido a instituciones que garanticen calidad, democracia y un buen uso de los recursos públicos.

Ante este pie forzado, consideramos necesario reafirmar la necesidad que la reforma a la educación fortalezca el sistema estatal, garante del derecho a la educación. Esto es un aspecto esencial que permitirá definir el carácter público de las diferentes instituciones que aspiren a recibir aportes del Estado. 

Hacemos un llamado al conjunto de la ciudadanía a no dejarse engañar por quienes bajo el discurso de defender a los más vulnerables, buscan resguardar sus privilegios y evitar a toda costa que Chile cambie.

¡Por una educación pública, gratuita y de calidad!